Hay una sucesión de acusaciones contra el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez: que está devolviendo favores de su vida pasada como abogado y asesor ahora que es Fiscal; que tiene bienes ocultos en el exterior; que publique su declaración de renta, etc.

Y, como si fuera poco, exlíderes de las Farc lo responsabilizan de unirse a autoridades de los Estados Unidos para comprometer a uno de sus miembros, Jesús Santrich, en operaciones de narcotráfico. En medio de esta tempestad, el fiscal Martínez ha sido objeto de seguimientos y de interceptaciones a sus teléfonos y los de su familia. La más grave acusación en este momento es la de tener bienes ocultos en el exterior.

“Soy un servidor público y debo responder por mi vida pasada y presente. No tengo nada que esconder. Lo que ocurre ahora es una conspiración urdida por investigados por la justicia. Como se ha dicho en estos días, se puso de moda el linchamiento de operadores judiciales, como estrategia de defensa. Se va al extremo de afirmar que la Fiscalía persigue a investigados y les hace montajes, olvidando que quienes toman finalmente las decisiones son jueces independientes de la Fiscalía”.

¿Pero por qué habla de conspiración contra usted?

Un fiscal que toca callos se vuelve incómodo. Nunca como hoy hay tantos investigados y presos por corrupción. De allí que no falta quien, con chequera larga, haya puesto en marcha una estrategia para desprestigiarme a partir de calumnias e infamias. Así pretenden constreñir al Fiscal, como último recurso de su defensa. ¿Puede una sociedad permitir esto? Y eso ocurre con todos los fiscales del mundo: perdemos un amigo todas las semanas y ganamos dos enemigos día de por medio. Eso es propio en la investigación criminal. Lo otro sería convertirse en una oficina de relaciones públicas.

De todos modos, ¿hay algo extraño en sus propiedades en el exterior?

He dicho sin vacilaciones que mi familia tiene activos en el exterior. Pero ni más faltaba que fueran activos ocultos. Le voy a mostrar a usted los documentos del apartamento de España: esta es la escritura pública de compraventa del apartamento, que lo adquirió la sociedad Amanda Advisors. Cualquier persona desentendida dirá: “ah, eso está oculto detrás de una sociedad panameña”. ¡No! Para poder hacer una compraventa de estas en España, las autoridades exigen que se declare quién es el beneficiario real de la sociedad extranjera.

Y aquí está, usted lo ve, un documento público que poseen las autoridades españolas, en donde se lee que el beneficiario real es don Néstor Humberto Martínez Neira, de nacionalidad colombiana, con pasaporte número PD048859. Por ello no se puede decir que se oculta la propiedad a través de una sociedad extranjera.

Quienes lo acusan dicen que la sociedad panameña tiene acciones al portador…

¡Falso! Se sabe en el mundo entero que después de la Ley 47 de 2013, en Panamá no puede haber acciones al portador y aquí está la certificación panameña en donde se dice que esa sociedad, Amanda Advisors, tiene 100 acciones de su capital nominativas, no son al portador. No hay bienes ocultos. Y mire usted, Yamid: esas 100 acciones están registradas ante las autoridades colombianas con el nombre de mi familia. ¿Más claro?

¿Ante qué autoridades?

Ante la autoridad cambiaria y ante la Dian. Dos autoridades a falta de una. Es decir, frente a la tormenta que crearon con el apartamento de España, con los papeles que le acabo de mostrar, queda claro que en las tres jurisdicciones este asunto es totalmente transparente: en España, con escritura; en Panamá, con el libro de accionistas; y en Colombia, ante el gobierno mismo.

Le han pedido que publique su declaración de renta, ¿por qué no lo ha hecho? 

Por una razón: mis contradictores políticos que así lo piden lo hacen de mala fe o nunca han declarado renta. He traído mi declaración para que usted la vea; es la primera persona que la conoce.

Podrá advertir que en el formulario oficial de la Dian no aparece ningún rubro dónde poner una relación de activos; entonces me dicen “presente su declaración de renta para ver si ahí aparecen activos en el exterior”. ¡Por Dios! En estos formularios solo hay un rubro de “patrimonio líquido” donde solo caben números; no hay dónde relacionar activos, ni casas, ni fincas. Entonces, si la entrego, van a decir: “¡ve! Ahí no están los apartamentos”.

¿Este que muestra y que veo es su patrimonio?

Claro, aquí dice el monto de mi patrimonio. Y ese es. Pero es que están pidiendo la relación uno a uno de mis bienes y eso no aparece en la declaración de renta de ningún colombiano. En mi declaración, que usted tiene a la vista, aparece mi patrimonio líquido, mis deudas, mis rentas y lo que yo pago de impuestos.

Usted me muestra su declaración. ¿Por qué no la hace pública?

Yo no tengo problema, por eso se la estoy mostrando. Pero en este momento creo que es improcedente. Mis activos, mis bienes, los activos en el exterior míos y de mi familia están todos declarados en Colombia, como le acabo de mostrar.

Perdóneme le insisto: ¿por qué no hace pública su declaración?

Y yo le insisto: el objetivo actual es desviar la atención. Las declaraciones no tienen relación de activos y quieren confundir a la opinión. Lo que importa en este momento es probar, como lo estoy haciendo, que todos nuestros bienes en el exterior están registrados en Colombia. Cuando se supere esta discusión no tendré problema en hacerla pública.

Sobre el tema de las chuzadas, ¿qué es lo que está pasando?

Eso es parte del deterioro moral del país. Aquí hay gente que se cree con derecho a violentar la confidencialidad de las conversaciones privadas y hay empresas que se prestan para esto. Encontramos una estructura criminal dedicada a chuzar, a hacer seguimientos, a buscar mensajes de texto privados, de sindicatos, de parejas, de funcionarios judiciales. Se pretende chuzar al Fiscal e inclusive a su esposa, y los implicados se indignan porque se abren investigaciones. ¿De verdad se puede patrocinar la impunidad en un caso de estos?

¿A usted lo chuzaron?

Esas son las pruebas que el fiscal del caso ha llevado ante los jueces y todos los jueces, sin excepción, han reconocido que hay evidencias razonables.

¿Y cómo es la historia de que hubo seguimientos cuando estuvo en España?

Hay textos públicos de mis desplazamientos; había personas siguiendo mi presencia en ese país.

¿Su visita tuvo que ver con el caso de la triple A? 

Sí, así es Yamid. Varios españoles y varios colombianos defraudaron el patrimonio de la empresa barranquillera y se llevaron, a través de un contrato inexistente de prestación de servicios, más de 236.000 millones de pesos. Estamos trabajando con la Fiscal de España para que paguen los responsables. Y nos corresponde asegurar que dineros mal habidos no se queden en bolsillos privados.

En medio de la tempestad, el señor Iván Márquez lo acusa de ‘sembrar en la Jurisdicción Especial para la Paz minas contra el proceso de paz…’.

Nada más inexacto. En el acuerdo que él firmó dijo expresamente que si los exguerrilleros volvían a cometer delitos después del 1.° de diciembre del año 2016, su investigación sería de la justicia ordinaria. Entonces aquí lo que está fallando es la memoria. Entre otras razones, porque si los reinsertados hicieron tránsito a la vida civil tienen la condición de ciudadanos ordinarios y hoy, en Colombia, si un ciudadano comete un delito es investigado por la justicia ordinaria, por la Fiscalía, como todos los colombianos, sin perjuicio de que los delitos que cometieron en el conflicto vayan a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Y la acusación de que la Fiscalía fabricó un montaje contra Santrich…

Ahí están las pruebas. Esta semana entregué a la JEP 12 audios en donde hay prueba fonográfica de la estructuración de un negocio de narcotráfico en el que se escuchan claramente las voces de los implicados.

Yo tengo la obligación moral, judicial y política de mostrarle a la nación que esto no es un montaje del que algunos hablan y por eso he tomado la decisión de hacer públicos esos audios.

¿Cómo y cuándo lo va a hacer, Fiscal?

Me parece que sería indebido hacerlo en este momento en el que la JEP está evaluando el caso. No faltaría quien considerara que sería una forma de interferir en su decisión. Pero después de que la JEP se pronuncie, por razones de interés general, haré públicos estos audios. Asumo ese compromiso para que la historia de Colombia jamás valide la tesis, esa sí prefabricada, de que esto es un montaje entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Fiscal.

La gran duda está en la fecha en que se habría realizado el supuesto negocio…

Las fechas de los audios están entre el 2 de agosto del año 2017 y el 8 de febrero del año 2018, todas posteriores a la firma del acuerdo de paz.

¿Y cómo se confirma la fecha, señor fiscal?

Porque todas son pruebas recaudadas por la Fiscalía que cumplen con protocolos técnicos que evidencian la fecha de las mismas. Además, son interceptaciones legalizadas ante jueces. Doce audios que he entregado son interceptaciones de Fiscalía

Entonces, ¿ustedes estaban detrás de Santrich?

No. Estábamos protegiendo los recursos de la salud y del posconflicto y encontramos un personaje sinuoso que aparecía en actividades ilícitas que se llamaba Marlon Marín y al seguir sus actividades apareció el narcotráfico. Debo reconocer que me causó un profundo desconcierto, como amigo de la paz.

Supongamos que la JEP decide que no hay manera de confirmar la fecha en que hubo la supuesta negociación de la droga con un agente encubierto de la DEA… 

Esa hipótesis realmente no cabe porque el Gobierno americano y la Fiscalía hemos facilitado evidencias para que la JEP no tenga dudas. Tengo profunda confianza en la JEP; esa decisión la van a tomar magistrados de la República y ellos tienen que producir su decisión con base en la ley y las pruebas que les han sido aportadas.

Usted dice que no va a revelar los audios porque no quiere que lo acusen de interferir en decisiones que va a tomar la JEP. ¿Pero decir que va a revelar los audios no es una especie de amenaza a la JEP?

No, de ningún modo. De hecho, es un tema del que he informado a la presidenta de la JEP. La difusión de los audios no depende del sentido de la decisión, sino de la necesidad de que el país pueda contar con elementos objetivos para la historia acerca de este delicado episodio, que está tan estrechamente ligado a la paz.

Que no se diga que se está desportillando la paz por una acción de la justicia y que, más bien, se miren responsabilidades en cabeza de aquellos gestores que desde la orilla de la desmovilización no honran su palabra del acuerdo y tomaron las de Villadiego.

¿Usted no tiene ninguna duda sobre la autoridad de la JEP?

Ninguna, nunca la he discutido. Merece todo mi respeto. Por ello mismo, cuando supe de la exigencia de copias de su primera investigación, me anticipé a exigir que se revocara esa decisión, que me pareció invasiva.

Si Santrich es hallado responsable por la JEP, ¿no peligra la paz?

Yo no creo, porque eso fue lo que firmaron Márquez y Santrich en La Habana. Firmaron que aquel que delinquiera con posterioridad al 1.° de diciembre del 2016 estaría sujeto a la jurisdicción ordinaria y podría ser objeto de extradición. Ese acuerdo lo honramos todos los colombianos, al punto de que adquirió categoría de norma constitucional en el artículo 19 del acto legislativo n.° 1 del 2017. Resultaría irónico que por aplicar el acuerdo de paz se acabe el proceso.

¿Marín está hablando de Márquez en Estados Unidos?

El señor Marín ha dicho a la Fiscalía que se reserva el derecho de no incriminar a sus parientes, y ese es un derecho constitucional, por eso hemos dicho con claridad que la Fiscalía no tiene ningún testimonio de Marín contra el señor Iván Márquez.

¿Contento en la Fiscalía después de estos dos años?

Es todo un desafío y se ven los resultados. Pero… ¡dejen trabajar!

POR YAMID AMAT