Se les acabó el negocio: con el Centro integrado de Monitoreo , Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI), la nueva capacidad operacional del Ejército Nacional, se detectan y neutralizan con mayor eficacia esas economías ilícitas.

En desarrollo de operaciones militares, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N. °6 Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, lograron la ubicación y neutralización de cuatro válvulas ilícitas instaladas sobre el poliducto Galán – Sebastopol, en zona rural del municipio de Barrancabermeja, Santander.

Estas intervenciones se llevaron a cabo en las veredas Tenerife y Cuatro Bocas, donde fueron desmantelados estos puntos ilegales utilizados para la extracción ilícita de hidrocarburos. Se estima que cada una de estas válvulas generaba aproximadamente 400 millones de pesos mensuales, para alimentar las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en la región.

La intervención evitó afectaciones al medio ambiente y protegió la infraestructura estratégica del país, permitiendo que personal técnico de CENIT realizara las reparaciones correspondientes, mientras que los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En los últimos 10 días, con esta nueva capacidad del CIMVRI, los soldados de esta misma unidad han hallado 6 válvulas, evitando el hurto de hidrocarburos y afectando a las economías ilícitas de los grupos armados.

De esta manera, la Quinta Brigada invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra los recursos del Estado y la seguridad de la región.

Fuente: PrensaSegunda División 

ENGLISH VERSION

Four illegal valves were discovered by Army troops in a rural area of ​​Barrancabermeja, Santander.

Their business is over: with the Integrated Monitoring, Surveillance, and Immediate Response Center (CIMVRI), the National Army’s new operational capability, these illicit economies are being detected and neutralized more effectively.

During military operations, troops from the 6th Field Artillery Battalion, Lieutenant General Gustavo Rojas Pinilla, located and neutralized four illegal valves installed on the Galán-Sebastopol pipeline in a rural area of ​​the municipality of Barrancabermeja, Santander.

These operations took place in the villages of Tenerife and Cuatro Bocas, where these illegal points used for the illicit extraction of hydrocarbons were dismantled. It is estimated that each of these valves generated approximately 400 million pesos per month, fueling the illicit economies of organized armed groups operating in the region.

The operation prevented environmental damage and protected the country’s strategic infrastructure, allowing CENIT technical personnel to carry out the necessary repairs, while the seized items were turned over to the Attorney General’s Office.

In the last 10 days, with this new capability of the CIMVRI (Center for the Investigation of Hydrocarbon Theft and Reduction), soldiers from this same unit have located six valves, preventing the theft of hydrocarbons and disrupting the illicit economies of armed groups.

Therefore, the Fifth Brigade encourages the community to report any suspicious activity that threatens state resources and the security of the region.

Source: Press Office, Second Division

En una ofensiva sostenida contra las economías ilícitas en el sur del país, el Ejército Nacional continúa debilitando el brazo financiero de los grupos armados organizados residuales mediante operaciones militares que permitieron la ubicación y destrucción de laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca en el departamento del Putumayo.

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27, orgánico de la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional, lograron ubicar y desmantelar tres laboratorios empleados para el procesamiento de pasta base de coca en el departamento del Putumayo, pertenecientes al grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia Estructura Comandos de Frontera.

La primera operación se llevó a cabo junto a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la vereda La Cumbre, del municipio de Puerto Asís, donde fue desmontada la estructura del laboratorio utilizado para el procesamiento de narcóticos. En el lugar se hallaron 150 galones de gasolina, 140 kilogramos de hoja de coca, 10 kilogramos de cal y  recipientes plásticos de diferentes dimensiones.

De manera simultánea, en las veredas Arizona, del municipio de Puerto Caicedo, y El Triunfo, de Puerto Asís, las tropas ubicaron y  desarticularon dos laboratorios más para el procesamiento de pasta base de coca. En esta ocasión encontró  90 galones de gasolina, 165 kilogramos de hoja de coca, 30 kilogramos de sulfato de amonio, 37 kilogramos de Nutrimon y una bomba de fumigación utilizados para el procesamiento de estupefacientes.

Esta dinámica operacional, permite la afectación significativa en la cadena de producción del narcotráfico, limitando la capacidad de estas estructuras criminales para transformar y comercializar sustancias ilícitas. Así mismo, se reduce el flujo de recursos económicos ilegales que financian actividades delictivas que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la población civil del departamento.

Con estas operaciones, la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional continúa afectando de manera contundente las economías ilícitas de los grupos armados organizados residuales que delinquen en el sur del país, debilitando sus capacidades logísticas y financieras contribuyendo así a la seguridad de la región.

Fuente: PrensaSexta División 

ENGLISH VERSION

National Army neutralizes three cocaine base processing labs in Putumayo.

In a sustained offensive against illicit economies in southern Colombia, the National Army continues to weaken the financial arm of residual organized armed groups through military operations that led to the location and destruction of labs used for processing cocaine base in the department of Putumayo.

As part of Operation Ayacucho Plus, troops from the 27th Field Artillery Battalion, part of the 27th Brigade of the National Army, located and dismantled three labs used for processing cocaine base in the department of Putumayo. These labs belonged to the residual organized armed group Segunda Marquetalia Border Commandos Structure.

The first operation was carried out in conjunction with the National Police’s Anti-Narcotics Directorate in the village of La Cumbre, in the municipality of Puerto Asís, where the structure of a laboratory used for processing narcotics was dismantled. At the site, 150 gallons of gasoline, 140 kilograms of coca leaves, 10 kilograms of lime, and plastic containers of various sizes were found.

Simultaneously, in the villages of Arizona, in the municipality of Puerto Caicedo, and El Triunfo, in Puerto Asís, troops located and dismantled two more laboratories for processing coca base paste. On this occasion, they found 90 gallons of gasoline, 165 kilograms of coca leaves, 30 kilograms of ammonium sulfate, 37 kilograms of Nutrimon, and a fumigation pump used for processing narcotics.

This operational approach allows for a significant disruption to the drug trafficking production chain, limiting the capacity of these criminal organizations to process and sell illicit substances. Likewise, it reduces the flow of illegal economic resources that finance criminal activities threatening the safety and security of the civilian population in the department.

With these operations, the Twenty-Seventh Brigade of the National Army continues to decisively impact the illicit economies of the remaining organized armed groups operating in the south of the country, weakening their logistical and financial capabilities and thus contributing to the security of the region.

Source: Press Office, Sixth Division

En el marco de las operaciones militares orientadas a preservar la seguridad y estabilidad en el Eje Cafetero, tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 5 del Ejército Nacional mantienen un despliegue estratégico en las zonas limítrofes entre el departamento del Quindío y el Valle del Cauca, especialmente en el corredor que comunica al municipio de Génova con esta región del suroccidente colombiano.

Las unidades militares, altamente entrenadas para operar en terrenos de difícil acceso, desarrollan operaciones de control territorial mediante patrullajes permanentes, puestos de control y la acción de pelotones motorizados que recorren de manera constante estos sectores estratégicos, considerados corredores de movilidad que podrían ser utilizados por grupos armados organizados.

Hasta este punto del departamento se desplazó el secretario del Interior del Quindío, junto con el jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Octava Brigada y funcionarios de la Policía Nacional, con el propósito de verificar en terreno el desarrollo de las operaciones militares, así como conocer de primera mano la percepción de seguridad de los habitantes de esta zona alta del departamento.

Durante la jornada, las autoridades civiles y militares sostuvieron acercamientos con la comunidad, quienes manifestaron su respaldo a la presencia institucional y destacaron la labor permanente de las tropas en la protección de sus territorios, especialmente ante los recientes hechos de violencia registrados en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

El Ejército Nacional reafirma que, gracias a este despliegue operacional, se fortalece el blindaje del departamento del Quindío, evitando la presencia de estructuras criminales como el grupo armado organizado residual conocido como frente 57 Yair Bermúdez, el cual busca expandir sus actividades ilícitas hacia esta región.

De manera articulada, el Gaula Militar Eje Cafetero intensifica sus acciones preventivas y operativas contra el delito de la extorsión, protegiendo a campesinos, caficultores y demás gremios económicos, con el objetivo de brindar condiciones de tranquilidad y desarrollo en la región.

Actualmente, más de 600 soldados se encuentran desplegados en el departamento del Quindío, hombres y mujeres con capacidades diferenciales, preparados para enfrentar cualquier amenaza y salvaguardar la seguridad de la población civil.

ENGLISH VERSION

National Army Strengthens Security on the Border Between Quindío and Valle del Cauca.

As part of military operations aimed at preserving security and stability in the Coffee Region, troops from the National Army’s 5th High Mountain Battalion maintain a strategic deployment in the border areas between the departments of Quindío and Valle del Cauca, especially in the corridor connecting the municipality of Génova with this region of southwestern Colombia.

The military units, highly trained to operate in difficult terrain, conduct territorial control operations through permanent patrols, checkpoints, and the actions of motorized platoons that constantly patrol these strategic sectors, considered mobility corridors that could be used by organized armed groups.

The Secretary of the Interior of Quindío, along with the Chief of Staff and Second Commander of the Eighth Brigade and officials from the National Police, traveled to this part of the department to verify the progress of military operations on the ground and to learn firsthand about the security perceptions of the residents of this highland area of ​​the department.

During the visit, the civilian and military authorities met with the community, who expressed their support for the institutional presence and highlighted the troops’ ongoing work in protecting their territories, especially in light of the recent acts of violence in the departments of Valle del Cauca and Cauca.

The National Army reaffirms that, thanks to this operational deployment, the security of the department of Quindío is strengthened, preventing the presence of criminal structures such as the residual organized armed group known as the 57th Yair Bermúdez Front, which seeks to expand its illicit activities into this region.

In a coordinated effort, the Military Anti-Extortion and Kidnapping Group (GAULA) of the Coffee Region is intensifying its preventative and operational actions against extortion, protecting farmers, coffee growers, and other economic sectors, with the goal of fostering peace and development in the region.

Currently, more than 600 soldiers are deployed in the department of Quindío. These men and women, with diverse skills and capabilities, are prepared to confront any threat and safeguard the security of the civilian population.

El Colegio Nacional de Periodistas de Colombia expresó este 7 de mayo su profunda preocupación por la desaparición y el posible asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en el departamento de Antioquia, un caso que ha generado alarma en distintos sectores del periodismo nacional. La organización rechazó cualquier acto de violencia contra comunicadores y pidió acciones urgentes para esclarecer los hechos.

En un comunicado público emitido desde Bogotá, el gremio señaló que la situación representa un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información. Además, advirtió que este tipo de episodios vuelve a encender las alertas sobre las garantías de seguridad para quienes ejercen labores informativas en diferentes regiones del país.

El organismo también hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para acelerar las investigaciones y brindar protección efectiva a periodistas que trabajan en contextos de riesgo. Entre las entidades mencionadas se encuentran la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, a las que se les solicitó activar todos los mecanismos necesarios para determinar responsabilidades.

El comunicado enfatizó que ningún periodista debe ser víctima de amenazas, desapariciones o hechos violentos por cumplir con su labor informativa. Asimismo, recordó que la impunidad y la violencia continúan siendo algunos de los mayores desafíos para la libertad de expresión en Colombia.

La organización manifestó su solidaridad con los familiares, colegas y amigos del comunicador desaparecido, insistiendo en que el periodismo colombiano no puede continuar enfrentando escenarios de miedo y silencio. El mensaje concluyó con un llamado a defender una prensa libre como base fundamental de la democracia.

English version

CNP Colombia demands answers over journalist disappearance in Antioquia

The National College of Journalists of Colombia expressed deep concern on May 7 regarding the disappearance and possible murder of journalist Mateo Pérez Rueda in the Antioquia region, a case that has sparked alarm across the country’s journalism sector. The organization condemned all forms of violence against reporters and demanded urgent action to clarify the situation.

In a public statement released from Bogotá, the association described the incident as a serious attack on press freedom and the public’s right to information. It also warned that events like this once again raise concerns about safety guarantees for journalists working in different parts of the country.

The organization called on national and regional authorities to speed up investigations and provide effective protection for media workers operating in high-risk environments. Among the institutions mentioned were the Attorney General’s Office and the National Protection Unit, which were urged to activate all available mechanisms to determine responsibility.

The statement stressed that no journalist should become a victim of threats, disappearance, or violence for carrying out their professional duties. It also highlighted that impunity and violence remain among the biggest challenges facing freedom of expression in Colombia.

Finally, the organization expressed solidarity with the journalist’s relatives, colleagues, and friends, insisting that Colombian journalism cannot continue operating under fear and silence. The message concluded with a call to defend a free press as a cornerstone of democracy.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

A pocos días de avanzar hacia la fase decisiva de las elecciones, las campañas políticas en Colombia intensifican su actividad en medio de una creciente confrontación entre candidatos. En este contexto, se ha señalado que estrategias de descrédito al opositor están ganando terreno, mientras los aspirantes buscan consolidar apoyo ciudadano. La agenda incluye eventos públicos, recorridos nacionales y acciones jurídicas que elevan la tensión del proceso electoral.

Como parte de esta dinámica, Abelardo De la Espriella tiene prevista una visita a Pereira el sábado 9 de mayo a las 4:00 p.m. en la Plaza de Bolívar, en una apuesta por movilizar seguidores y fortalecer su presencia regional. Estos encuentros se han convertido en una herramienta clave dentro de las estrategias de campaña electoral, especialmente en ciudades intermedias donde el respaldo ciudadano puede resultar decisivo.

En contraste, también avanza una solicitud de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en el proceso de inscripción de candidaturas. Este tipo de acciones refleja el uso de mecanismos legales como parte de la contienda política, lo que añade un componente institucional a la disputa electoral.

Mientras tanto, figuras como Cepeda y Paloma continúan recorriendo distintas regiones del país en una carrera contrarreloj por posicionar sus propuestas. La recta final de las elecciones está marcada por una intensa agenda territorial, donde los candidatos buscan conectar directamente con los votantes y consolidar sus bases de apoyo.

El panorama evidencia una campaña cada vez más polarizada, en la que el debate de ideas convive con señalamientos y controversias. Analistas advierten que este ambiente podría influir en la percepción del electorado, en un momento clave donde la confianza y la credibilidad juegan un papel determinante en la decisión final en las urnas.

English version

Final stretch of elections marked by confrontation and campaign disputes

As the elections approach their decisive phase, political campaigns in Colombia are intensifying amid growing confrontation between candidates. In this context, strategies aimed at discrediting opponents are reportedly gaining ground, while contenders seek to consolidate voter support. The agenda includes public events, nationwide tours, and legal actions that heighten electoral tensions.

As part of this dynamic, Abelardo De la Espriella is scheduled to visit Pereira on Saturday, May 9 at 4:00 p.m. in Plaza de Bolívar, aiming to mobilize supporters and strengthen his regional presence. These gatherings have become a key tool within electoral campaign strategies, especially in mid-sized cities where public support can be decisive.

In contrast, a revocation request has been filed before the National Electoral Council over alleged irregularities in candidate registration. Such actions reflect the use of legal mechanisms as part of the political contest, adding an institutional dimension to the electoral dispute.

Meanwhile, figures such as Cepeda and Paloma continue traveling across the country in a race against time to position their proposals. The final stretch of the elections is marked by an intense territorial agenda, where candidates aim to connect directly with voters and consolidate their support bases.

The scenario reveals an increasingly polarized campaign, where policy debate coexists with accusations and controversies. Analysts warn that this environment could influence voter perception at a crucial moment when trust and credibility play a decisive role in the final decision at the polls.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

En Colombia, los caficultores se preparan para participar en las elecciones cafeteras 2026, un proceso que definirá a sus representantes en los comités municipales y departamentales, espacios donde se orienta la política del sector. La jornada electoral se realizará los días 6 y 7 de septiembre, coincidiendo con el centenario de la Federación Nacional de Cafeteros, mientras que el cierre del censo está previsto para el 25 de mayo, requisito clave para garantizar la participación.

Para ejercer el derecho al voto, los productores deberán contar con la cédula cafetera, documento indispensable que acredita su vinculación al sector. Este requisito busca asegurar que quienes participen en la elección sean verdaderos actores de la caficultura, fortaleciendo la representatividad y legitimidad de los resultados.

Los comités municipales y departamentales cumplen un papel fundamental en la definición de estrategias, programas y decisiones que impactan directamente a los productores. A través de estos espacios se canalizan necesidades, se priorizan inversiones y se construyen propuestas para el desarrollo del sector, lo que convierte estas elecciones en un momento clave para la participación de caficultores en Colombia.

El proceso electoral también adquiere un valor simbólico al coincidir con los 100 años de la institucionalidad cafetera, lo que refuerza la importancia de la organización gremial en la historia económica y social del país. En este contexto, se espera una alta participación que refleje el compromiso de los productores con el futuro de la caficultura.

Con estas elecciones, el sector busca renovar sus liderazgos y fortalecer la toma de decisiones en un momento de retos y oportunidades. La democracia cafetera se consolida así como un pilar esencial para garantizar la sostenibilidad, competitividad y representación de miles de familias que dependen del café en Colombia.

English version

Coffee growers to elect representatives in key 2026 sector elections

In Colombia, coffee growers are preparing to take part in the 2026 coffee elections, a process that will define their representatives in municipal and departmental committees, where sector policies are shaped. The voting will take place on September 6 and 7, coinciding with the centennial of the National Federation of Coffee Growers, while the census closes on May 25, a key requirement to ensure participation.

To vote, producers must hold a coffee grower ID card, an essential document that certifies their link to the sector. This requirement ensures that participants are genuine stakeholders in coffee production, strengthening the legitimacy and representativeness of the results.

Municipal and departmental committees play a crucial role in defining strategies, programs, and decisions that directly impact producers. Through these bodies, needs are addressed, investments are prioritized, and proposals are developed, making these elections a key moment for coffee growers’ participation in Colombia.

The electoral process also carries symbolic value as it coincides with 100 years of coffee sector institutional history, highlighting the importance of organized representation in the country’s economic and social development. In this context, high voter turnout is expected, reflecting growers’ commitment to the future of coffee production.

Through these elections, the sector aims to renew leadership and strengthen decision-making at a time of both challenges and opportunities. Coffee sector democracy thus stands as a fundamental pillar to ensure sustainability, competitiveness, and representation for thousands of families who depend on coffee in Colombia.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

En Risaralda, crece la preocupación por posibles incumplimientos en materia de normas ambientales en Colombia, luego de denuncias sobre intervenciones en suelos rurales y de protección que irían en contravía de los planes de ordenamiento territorial. La situación involucra decisiones relacionadas con agroecología y reubicación de comunidades vulnerables, sin el debido aval de autoridades ambientales, lo que ha generado debate sobre la legalidad y sostenibilidad de estas acciones.

Uno de los casos más representativos es el de Miralindo, una zona forestal del departamento donde actualmente habitan cientos de familias. Según se ha conocido, este territorio sería entregado a comunidades campesinas, pese a su condición de área protegida, lo que enciende alertas sobre el impacto ecológico y el posible deterioro de ecosistemas estratégicos.

Expertos advierten que este tipo de decisiones podría debilitar el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial, instrumentos clave para regular el uso del suelo y garantizar la conservación ambiental. Ignorar estos lineamientos no solo compromete la biodiversidad, sino que también abre la puerta a conflictos legales y sociales en el futuro.

Además, la reubicación de comunidades sin estudios técnicos adecuados ni permisos ambientales podría agravar problemáticas existentes, como la deforestación, la pérdida de hábitats y la presión sobre recursos naturales. En este contexto, se insiste en la necesidad de fortalecer la planificación y el respeto por la normatividad vigente.

El debate sobre la protección de suelos rurales en Risaralda pone en evidencia la tensión entre el desarrollo social y la conservación ambiental. Mientras se buscan soluciones para comunidades vulnerables, expertos recalcan que estas deben implementarse dentro del marco legal, garantizando un equilibrio entre bienestar humano y sostenibilidad ecológica.

English version

Concerns rise over alleged environmental violations and risks to protected lands in Risaralda

In Risaralda, concerns are growing over possible breaches of environmental regulations in Colombia, following reports of interventions in rural and protected lands that may contradict territorial planning policies. The situation involves decisions related to agroecology and the relocation of vulnerable communities without proper environmental authority approval, sparking debate about the legality and sustainability of such actions.

One of the most representative cases is Miralindo, a forested area in the department that currently hosts hundreds of families. It has been reported that this land could be handed over to rural communities despite its protected status, raising alarms about ecological impact and the potential deterioration of key ecosystems.

Experts warn that such decisions could weaken compliance with territorial planning frameworks, which are essential tools for regulating land use and ensuring environmental conservation. Ignoring these guidelines not only threatens biodiversity but also opens the door to future legal and social conflicts.

Furthermore, relocating communities without proper technical studies or environmental permits could worsen existing issues such as deforestation, habitat loss, and pressure on natural resources. In this context, there is a growing call for stronger planning and adherence to existing regulations.

The debate over protection of rural land in Risaralda highlights the tension between social development and environmental conservation. While solutions for vulnerable communities are needed, experts emphasize that they must be implemented within the legal framework, ensuring a balance between human well-being and ecological sustainability.