ONU propone nueva medición de cocaína en Colombia tras presión de Petro.

La ONU aceptó revisar el método para estimar la producción de cocaína en Colombia, después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara las cifras oficiales tras la descertificación de EE. UU. La decisión se tomó en octubre de 2025, y marca un cambio importante en la supervisión internacional de los cultivos ilícitos.

El organismo internacional reconoció que los modelos actuales presentan limitaciones para capturar correctamente las variaciones regionales y las condiciones locales. Por eso, propuso introducir nuevos modelos estadísticos junto al gobierno colombiano, con el fin de lograr estimaciones más precisas y contextualizadas.

Colombia reportó para 2023 unas 253.000 hectáreas de coca plantadas, una cifra que Petro había considerado inflada por errores metodológicos. Ahora, con esta revisión, podría cuestionarse la base científica que justificó la medida de descertificación impuesta por Estados Unidos.

La reforma metodológica podría incorporar variables adicionales como la disponibilidad real del producto, los lotes no cosechados, los mercados internacionales y el consumo interno. Esto haría más robusta la contabilidad del narcotráfico y favorecería una lectura más equilibrada del problema global.

Este cambio alimenta una nueva etapa de debate internacional sobre la responsabilidad compartida en la lucha antidrogas y la soberanía científica. Colombia insiste en que no puede asumir sola el peso de una cruzada que involucra consumo, rutas y mercados de otros países.

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English version

UN proposes new cocaine measurement for Colombia after pressure from Petro

The UN agreed to review the method used to estimate cocaine production in Colombia, after President Gustavo Petro challenged the official figures following the U.S. decertification. The decision was made in October 2025, signaling a significant shift in how illicit crop monitoring is conducted internationally.

The international body acknowledged that current models have limitations in capturing regional variations and local conditions. Therefore, it proposed introducing new statistical models in collaboration with the Colombian government to achieve more accurate and contextualized estimates.

Colombia reported about 253,000 hectares of coca cultivated in 2023, a figure that Petro had deemed inflated by methodological errors. With this review, the scientific basis justifying the U.S. decertification could be called into question.

The methodological reform might include additional variables such as actual product availability, unharvested lots, international markets, and internal consumption. This would strengthen the accounting of drug trafficking and enable a more balanced understanding of the global problem.

This change fuels a new stage of international debate about shared responsibility in the drug fight and scientific sovereignty. Colombia insists it cannot bear alone the burden of a crusade that involves consumption, routes, and markets from other countries.