Los herederos del Carlos Felipe Córdoba que quieren tener su puesto

• Contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba FOTO COLPRENSA

CONGRESO DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAPUBLICADO HACE 8 HORAS

Hay 15 funcionarios de la Contraloría compitiendo. Polémica porque convocatoria se abrió muy temprano.

Las fichas para elegir al nuevo contralor general ya empezaron a moverse. De los 2.010 aspirantes que se inscribieron en el Congreso, 195 fueron admitidos y 15 de ellos cuentan con una particularidad: que son funcionarios o contratistas de la Contraloría –o alguna vez lo fueron– y que podrían prestarse para que el actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, deje un heredero ocupando el cargo.

Una de las personas inscritas y cercanas a Córdoba es Cristian Camilo Castro, cercano a César Gaviria y ponente de la decisión que confirmó el fallo por responsabilidad fiscal de 4,3 billones de pesos en Hidroituango. Además, aparecen Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana; María Fernanda Rangel, directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), y Lina María Aldana, contralora delegada para el Sector Salud.

Así mismo, están Liliana Rocío Burbano, contralora delegada ante la Registraduría; Omar Reina, contralor Delegado Intersectorial y exdiputado de la Asamblea de Caldas por el partido Conservador, y Sebastián Montoya, contralor delegado para el sector Defensa, Seguridad y Justicia.

También están los nombres de Aníbal José Quiroz, contralor delegado para el seguimiento del Sistema General de Regalías y exasesor de Planeación Municipal de Valledupar; Carlos David Castillo, delegado para Economía y Finanzas Públicas; Juan Carlos Gualdrón Alba, contralor delegado para el Posconflicto; Javier Reyes, delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.

Andrés Castro, contralor de Bogotá; José Miguel Char, contralor delegado intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; Carlos Saavedra, de la dirección de vigilancia fiscal del Sector Agropecuario y líder sindical, y Eduardo José Pineda, del grupo de Responsabilidad Fiscal, también son algunos de los cercanos a Córdoba.

Por otra parte, se cuenta María Anayme Barón, excontralora encargada de Bogotá; Daniel Felipe Taboada, exasesor del despacho de Córdoba y Julio César Cárdenas, exvicecontralor.

Mientras tanto, el contralor se ocupó en los últimos meses de hacer un pregrado y doctorado en Derecho, cumpliendo con los requisitos (modificados en la reforma a la justicia) para ocupar altos cargos en la rama judicial, como el de fiscal.El rifirrafe político

Faltando cuatro meses para la elección de la nueva cabeza del ente de control, el Congreso saliente habilitó las inscripciones de aspirantes y publicó la lista de admitidos a medianoche el pasado 8 de febrero, causando polémica entre opositores.

Para la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde, la convocatoria fue, cuando menos, sospechosa. Aseguró que el presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, pretende dejar amarrados a los diez preseleccionados entre quienes saldrá el contralor.

Es decir, el próximo Congreso de la República votará al funcionario con base en los que se escojan antes de que termine este período legislativo, en lo que sería una “jugadita” del presidente del Senado. Incluso, Lozano señaló a Gómez de haber seleccionado a dedo a la Universidad Industrial de Santander (UIS) para realizar el examen clasificatorio.

No obstante, según le explicó Gómez a este periódico, esto no fue así. Una vez el Ministerio de Educación certificó que había 72 universidades acreditadas de alta calidad, con la posibilidad de adelantar el examen, él y la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, enviaron una carta de invitación a cada una de las instituciones. Seis universidades quisieron participar en el proceso de selección y finalmente quedó la UIS.

“El proceso se tenía que dejar cerrado y adjudicado antes del 28 de enero, cuando empezaba la ley de garantías, para que pudieran participar universidades públicas”, explicó Gómez, quien también criticó a Lozano por sus acusaciones.

Pero ha dado mucho de qué hablar el que se haya abierto la lista de interesados en enero –proceso aparte al de la adjudicación del contrato de las pruebas–, incluso antes de las elecciones legislativas y las consultas entre coaliciones, cuando podía hacerse dos meses previos a la primera legislatura del próximo Congreso, el 20 de julio.

“Esas carreras para ciertos nombramientos son sospechosas. Pasó con la elección de procuradora. Ahora se prepara la de contralor”, trinó Humberto de la Calle sobre la controversia.

No hay irregularidad según la ley, pero sí un aparente afán por hacer el proceso más rápido.La ley del proceso

En su defensa, Gómez aseguró –en diálogo con EL COLOMBIANO–, que todo el proceso se ha realizado con base en la ley 1904 del 28 de junio de 2018, la cual reglamenta la convocatoria pública para la elección del contralor.

La elección de Carlos Felipe Córdoba, por el contrario, se hizo en menos de dos meses. El 23 de julio de 2018 se abrieron las inscripciones y el 20 de agosto ya lo habían votado para ocupar el cargo.

Pasó de manera exprés porque, argumenta Gómez, un artículo transitorio de la norma estableció que solo en esa elección del contralor general (2018-2022) la Mesa Directiva podría ajustar los tiempos para hacer los trámites de ajustes relacionados con esta ley, expedida poco antes de la elección.

El espíritu de la ley es que este Congreso deje a los preseleccionados y la elección final la hagan los nuevos congresistas, el 3 de agosto, según definió la actual Mesa Directiva.

El autor de la norma fue el exministro del Interior, Guillermo Rivera, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero la iniciativa recibió apoyos de los congresistas de todas las orillas políticas, pues tenía la bandera de la meritocracia y transparencia.

De hecho, Angélica Lozano y Claudia López –cercanas a Rivera y quienes en ese momento impulsaban la consulta anticorrupción– conformaron una subcomisión en su momento, junto con congresistas de todas las alas políticas, para “solucionar diferencias existentes en torno a si el texto que se tramitaría en las plenarias, incluía una convocatoria pública o un concurso de méritos y el consenso necesario respecto a la vigencia de la propuesta”, según informó en 2018 la Cámara.

Entre los otros legisladores que integraron el grupo se cuentan Edward Rodríguez, Carlos Edward Osorio, Pedrito Pereira, Alejandro Carlos Chacón, Rodrigo Lara, Clara Rojas, Jaime Amín, Carlos Baena, Eduardo Enríquez, Armando Benedetti, Juan Manuel Galán, Doris Vega y Alexander López, buscando dar una imagen de apoyo a un proceso transparente.

Aunque en el proyecto original no eran los congresistas quienes elegían a los preseleccionados, sino las universidades, el objetivo de la iniciativa era hacer más transparente la selección y muchos quisieron aparecer como partícipes.

Así las cosas, habiendo casi 195 personas participando, es temprano para saber hacia dónde se inclinarán las fuerzas políticas. Lo cierto es que el proceso genera suspicacias de lado y lado, y la lupa estará puesta en cada paso hasta que, en agosto, se elija al próximo contralor