UN DEBATE QUE RETOMÓ VUELO

¿Estado de salud física y mental de un presidente debe ser público?

A raíz de la polémica alocución presidencial y el Consejo de Ministros de esta semana, la discusión volvió a la primera plana. EL NUEVO SIGLO habló con expertos y analistas, quienes señalaron vacíos normativos en cuanto a los límites entre la intimidad de un alto funcionario y el interés general

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En las últimas semanas, las ausencias públicas del presidente Gustavo Petro, sumadas a versiones no confirmadas sobre su estado de salud y cartas divulgadas por el excanciller Álvaro Leyva, han vuelto a poner sobre la mesa un viejo debate: ¿Debe la ciudadanía tener acceso a la información médica del jefe de Estado? ¿Existe en Colombia una obligación legal para que el presidente revele su condición física o mental? ¿Debe el Congreso tener la facultad de solicitar exámenes médicos?

Tras segunda carta de Leyva proponen someter a Petro a exámenes médicos

Aunque en democracias consolidadas como la de Estados Unidos o la de Francia se han adoptado algunas prácticas o exigencias relacionadas con la salud de los mandatarios, en Colombia el panorama es mucho más difuso. Por un lado, está el derecho fundamental a la intimidad, amparado por la Constitución. Por el otro, el derecho colectivo a conocer si quien ostenta el máximo cargo de representación nacional está en plenas condiciones para ejercer sus funciones. Sin embargo, hoy el país carece de una normatividad específica que regule esa materia.

Ante este panorama, EL NUEVO SIGLO habló con analistas políticos de la Universidad del Rosario y la Universidad Externado de Colombia, así como con el director de Transparencia por Colombia y parlamentarios del Centro Democrático sobre la disyuntiva en cuestión. 

Cambio de cultura, no de legislación

Para Yann Basset, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, el problema no es exclusivamente legal. Si bien reconoce que en Colombia hay un vacío en materia de transparencia sobre la salud presidencial, señala que el debate ha sido instrumentalizado políticamente, lo que dificulta un avance normativo serio.

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“Ha habido tentativas de utilizar el tema con fines políticos, como en el caso del presidente Santos o recientemente con Petro. Esto entorpece un debate sano”, dice. En su opinión, más allá de crear nuevas leyes, lo fundamental es promover una práctica institucional de transparencia periódica.

“El cambio debe ser cultural. Es necesario fomentar la costumbre de hacer públicos chequeos médicos del presidente, en la medida de lo posible, más que imponerlo por obligación legal”, concluye Basset.

Equilibrio entre interés público e intimidad

Desde una perspectiva de acceso a la información pública, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, advierte que sí existe un vacío legal. “Tenemos la Ley 1712 de 2014, que define qué información es pública y cuáles son sus límites. Pero cuando se trata de datos íntimos como la salud, predomina el derecho a la intimidad”, explica.

No obstante, señala que el problema se agudiza cuando se trata de funcionarios de altísima relevancia, como el presidente de la República. “En esos casos, la situación cambia. Si la salud del presidente puede afectar el cumplimiento de sus funciones, es válido que exista un mínimo de información disponible para el interés general”, sostiene.

Para Hernández, Colombia debería avanzar hacia un modelo normativo que contemple exámenes periódicos o incluso instancias de control institucional, como sucede en algunos países donde el Congreso puede intervenir. “Sería ideal lograr un equilibrio entre el derecho a la intimidad y la necesidad de asegurar que el presidente esté en condiciones de gobernar”, subraya.

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Un debate más allá de Petro

Jorge Cuervo, profesor del Externado, investigador y analista político, coincide en que Colombia carece de un marco normativo claro sobre la divulgación del estado de salud de los presidentes y altos funcionarios. Recuerda que la Corte Constitucional ha protegido el derecho a la privacidad, salvo en casos que afecten gravemente el interés público.

“No hay una regulación específica, y si se llegara a plantear, tendría que hacerse a través de una ley estatutaria. Pero lo cierto es que aún no existe claridad sobre qué tipo de afecciones deberían ser informadas y cuáles no”, afirma Cuervo. Agrega que este debate no debería limitarse al actual periodo presidencial.

“El caso de Virgilio Barco es ilustrativo. Tuvo un deterioro cognitivo serio en el último año de su mandato, pero nunca se habló abiertamente del tema. En Colombia hay una tradición de respetar la vida privada del presidente”, recuerda.

Para Cuervo, una posible solución sería que el presidente electo se someta a un examen físico antes de su posesión. Pero advierte que otros exámenes, como los psiquiátricos o los relacionados con consumo de sustancias, siguen siendo parte de la privacidad. “No se trata de invadir, sino de proteger la institucionalidad. Este debate debe pensarse a futuro, no solo por Petro”, puntualiza.

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Herramientas jurídicas del Congreso

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Espinal ha liderado una iniciativa legislativa —ya archivada— conocida como el proyecto Narcotest. Su propuesta buscaba facultar al Congreso para solicitar al presidente exámenes médicos físicos, mentales y toxicológicos cuando existan dudas razonables sobre su estado de salud.

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“Presentamos el proyecto, pero se hundió en la Comisión Primera. Consideramos que debe haber una herramienta jurídica para que el Congreso, en representación de los colombianos, pueda solicitar esos exámenes al presidente en turno”, dice Espinal.

El congresista considera que esto no es solo una cuestión coyuntural por las versiones sobre Petro. “No se trata del presidente actual solamente. Es un asunto institucional. Si hay conocimiento técnico o científico de consumo de sustancias o alteraciones mentales, es legítimo que se solicite un examen”, argumenta.

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A pesar de que el marco jurídico actual no lo permite, Espinal ha reiterado esa solicitud mediante proposiciones desde la Cámara. “Es una exigencia válida ante los escándalos y las omisiones en la agenda presidencial”, concluye.

En la misma línea, el también representante del Centro Democrático Hernán Cadavid es más directo: “Las conductas del presidente han sido observadas por el país. No actúa en condiciones normales”.

Cadavid considera que el Congreso debe abrir un debate urgente para establecer mecanismos que garanticen la evaluación médica del presidente, sobre todo cuando hay hechos que podrían afectar la gobernabilidad. “No se trata solo de este gobierno. La dignidad presidencial no puede seguir degradándose. Este país necesita, para su tranquilidad, conocer la condición médica y toxicológica del jefe de Estado”, sostiene.

Para el legislador antioqueño, aunque con este gobierno ya no se logre avanzar en una reglamentación, el Congreso tiene la responsabilidad de dejar sentadas las bases para que en el futuro no haya lugar a especulaciones o vacíos que comprometan la estabilidad institucional.

Debate serio, despolitizado e institucional 

Aunque la Constitución protege el derecho a la intimidad, la falta de una regulación específica sobre la salud del presidente genera incertidumbre y abre la puerta a la especulación. Lo que está en juego no es solo la privacidad de una persona, sino la estabilidad de una nación que deposita en su jefe de Estado la responsabilidad del rumbo político, económico y social.

A medida que crece la presión por una mayor transparencia en las altas esferas del poder, expertos y congresistas coinciden en que se necesita un debate serio, despolitizado e institucional sobre el tema. Ya sea mediante leyes estatutarias, cambios en la cultura política o nuevas prácticas de transparencia, el país no puede seguir postergando una discusión que tarde o temprano volverá a tomar fuerza.