La Secretaría de Salud dio a conocer las razones de la
solicitud a la Superintendencia para que vigile de forma
directa los compromisos de las EPS con las IPS.
conciliación y saneamiento cartera que tienen las EPS con los prestadores,
públicos y privados; la secretaria de Salud de Risaralda, Olga Lucía Hoyos,
informó que se le ha expresado en varias ocasiones al Superintendente
Nacional de Salud la preocupación que hay por la alta cartera en la red
pública del departamento.
“Varias veces se lo he comentado al señor Superintendente que esto (las
Mesas) se convierten en un ‘saludo a la bandera’ porque definitivamente
las EPS llegan con el representante que tienen poder de decisión, pero no
hay soluciones concretas para los prestadores; la certera sigue, hacemos
unos compromisos que no se cumplen y ya hay unas excusas de unas
firmas auditoras y ahí nos enfrentamos a las dificultades de esa
conciliación”, dijo la secretaria de Salud.
Adicional a los reportes que se produce y que están descritos en la
Circular 030, la Secretaría de Salud departamental enviará un reporte con
las dificultades que se presentan en la Mesa, “que nos pueda dar una cita
el Superintendente con los gerentes de los hospitales de la red, porque
esto lo tiene él que conocer de primera mano, aunque en noviembre
pasado lo verificó y quedó comprometido en venir o enviar un delegado
de apoyo a estas Mesas”.
Por su parte el gerente del Hospital Mental Universitario de Risaralda,
Homeris, Zacarías Mosquera Lara, aseguró que los gerentes asisten a la
Mesa de conciliación con el fin de no ser sancionados disciplinariamente
que por obtener resultados efectivos.
“La Superintendencia y el Ministerio (de Salud) deberían cumplir con el
papel de hacer la vigilancia para que aquí se conciliara y se llevara a
efecto los pagos que deben las EPS, no funcionan. Adicionalmente, se nos
carga a los gerentes un indicador de recaudo que no es justo porque se
nos carga algo que no depende de nosotros y simplemente las EPS se
niegan a pagar”, concluyó el gerente del Homeris.
Frente a diferentes cuestionamientos que hicieron los delegados y
gerentes de los hospitales públicos por la demora en el pago de la EPS
SOS, el líder de proceso de Conciliación al Prestador de esta entidad,
Johan Andrés Londoño, dijo que hace un año la EPS sufrió un cambio en
su estructura debido al retiro del socio mayoritario, pero que ya están
resolviendo las peticiones de pago.
“Después de este retiro ingresó un nuevo socio que ha venido haciendo
un análisis estructural de toda la EPS y revisando su funcionamiento, en
los dos últimos meses este nuevo inversionista ha venido saldando la
cartera vencida que tenemos y, como todas las EPS, es un saldo bastante
alto; para esto viene adelantando un proceso de auditoria con la firma
KMP Auditores”, dijo el delegado del Servicio Occidental de Salud.
Dato de interés
Aunque la red hospitalaria del departamento, compuesta por 16 Empresas
Sociales del Estado, no está en cuidado crítico; los hospitales de Marsella
y Balboa sí presentan riesgo financiero.
Foto: Grupo Puebla El jefe de Estado ha recibido el respaldo de políticos, líderes, intelectuales y organizaciones de diferentes latitudes. “Desde la posesión del presidente Petro, varios funcionarios y entes de control están perpetrando una estrategia de desestabilización del Gobierno”, indica grupo de más de 100 organizaciones sociales en los territorios. El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado al respeto a la independencia de poderes, a la serenidad, a la sensatez y a la calma. Bogotá D.C., 3 de febrero de 2024 El presidente Gustavo Petro ha recibido el respaldo de políticos, líderes, intelectuales y organizaciones de diferentes latitudes frente a la advertencia de un posible plan de golpe de Estado orquestado desde la derecha, a través del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana y europea, expresó que la persecución judicial contra el jefe de Estado colombiano “está deteriorando la democracia del país”. “El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación por la campaña de judicialización de la política (lawfare) que vienen adelantando contra el presidente Gustavo Petro, su familia y su gobierno, el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, integrantes reconocidos de la derecha colombiana que hoy se encuentra en abierta oposición al gobierno progresista de Petro”, dice un aparte del comunicado. Vea el comunicado completo aquí El Grupo señala que “la insistencia de estos funcionarios en convertir la persecución judicial del gobierno y su familia en una causa política, además de causar un daño reputacional al Presidente, está deteriorando la democracia del país”. Agrega que están “distrayendo la justicia que debería estar ocupada en la persecución de la criminalidad relacionada con el conflicto armado y perjudicando la imagen internacional de Colombia como un Estado de leyes e instituciones respetadas y respetables”. El documento aparece firmado por diferentes líderes latinoamericanos y europeos, encabezados por los expresidentes de Colombia y Ecuador, Ernesto Samper y Rafael Correa. También aparecen Marco Enríquez Ominami, excandidato presidencial de Chile; Irene Montero, exministra de Igualdad de España; Andrés Arauz, excandidato presidencial de Ecuador; Daniel Martínez, excandidato presidencial de Uruguay; Verónika Mendoza, excandidata presidencial de Perú; Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador; Carlos Ominami, exministro de Gobierno y Economía de Chile. Igualmente, Gabriela Rivadeneira, exasambleísta de Ecuador; Ana Isabel Prera, exministra de Cultura de Guatemala; Esperanza Martínez, senadora de Paraguay; Hugo Martínez, excandidato presidencial de El Salvador; Carlos Sotelo, exsenador de México; Camilo Lagos, exdiputado de Chile. En la representación colombiana estuvieron los senadores María José Pizarro, Clara López e Iván Cepeda, y el representante a la Cámara David Racero. El llamado de más de 100 organizaciones Por su parte, un grupo de más de 100 entidades y organizaciones de la sociedad civil en los territorios expresó su “profunda preocupación política desatada en contra de nuestro gobierno y del presidente, nominado al Premio Nobel de Paz, Gustavo Petro”. “Desde la posesión del presidente Petro, varios funcionarios y entes de control están perpetrando una estrategia de desestabilización del Gobierno, extralimitándose en sus funciones, desconociendo la Constitución, las leyes y los tratados internacionales”, señala el comunicado. El documento, publicado en la cuenta personal de X de Juan David Correa, ministro de Cultura, Artes y Saberes, está firmado por Agenda Internacional de Paz Londres, Alianza Social Independencia, Asociación Animalista Libera, Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnicas del Bajo Atrato, entre otros. A su turno, el Consejo Gremial Nacional, en su cuenta de la red social X?, hizo un llamado al respeto a la independencia de poderes, a la serenidad, a la sensatez y a la calma. “La independencia y el equilibrio de poderes deberán siempre ser respetadas como base fundamental de la estabilidad institucional. Es obligación de todos fortalecer y profundizar estos principios”, se indica en el comunicado.