La semana pasada, el mandatario José Manuel Ríos Morales aceptó la renuncia de su directora de Bienes y Suministros, quien también está vinculada al proceso.

La Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, y 9 alcaldes más del país, entre ellos Luis Alberto Balsero Contreras, del municipio de Calarcá, por presuntas irregularidades en la contratación para atender la emergencia sanitaria de la COVID-19.

Durante la rueda de prensa conjunta, adelantada en la tarde de ayer por el bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, el ente investigador anunció que también se harán imputaciones y se solicitarán medidas de aseguramiento contra la exdirectora de Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia Vásquez, y contra el secretario Administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaria.

Según el fiscal general, Francisco Barbosa, las verificaciones de los investigadores dan cuenta de presuntas irregularidades en el contrato N° 002, suscrito entre la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por un valor de $350.000.000.

“El material probatorio demostraría que algunos socios de la citada empresa habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos Morales”.

Según el informe de la Fiscalía, 5 personas son investigadas y serán imputadas, entre ellas el alcalde, según su nivel de participación, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado en la modalidad de tentativa.

Por su parte, la Procuraduría anunció la apertura de investigación disciplinaria al alcalde y 4 funcionarios por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de 4 contratos de suministros por más de $1.590.000.000.

Se trata de la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencia Vásquez —para la época de los hechos—, y el subdirector, José Javier Acero Osorio; del secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano, y del asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquiza —para la época de los hechos—.

El órgano de control investiga supuestos sobrecostos y eventuales irregularidades en los  estudios de mercados de los contratos 01, por $500.000.000; 02, por $350.000.000; 03, por $300.000.000, y 04, por $442.340.500. Así mismo, una supuesta falta de capacidad jurídica y experiencia para la ejecución de los contratos.

En cuanto al municipio de Calarcá, se debe recordar que desde el 20 de abril la Procuraduría Provincial de Armenia ordenó la suspensión por 3 meses de Luis Alberto Balsero Contreras y del secretario administrativo

de ese municipio, José Winser Garzón Tobaría, debido a un contrato de urgencia manifiesta que, al parecer, se suscribió sin la autorización del representante legal de la empresa contratista.

De igual manera, la Procuraduría anunció otra investigación contra Balsero Contreras por presuntas irregularidades al contratar directamente el servicio de vigilancia durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

La decisión también vincula al subsecretario Administrativo, Juan José Correa Lopera; al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Gesner Arneth Rengifo Arias, y al contratista Jhon Jairo Botero Sabogal.

El ente de control investiga si el contrato de prestación de servicios de vigilancia 223 se suscribió bajo alguna circunstancia excepcional contemplada en la normativa vigente para declarar la urgencia manifiesta, mecanismo que solo procede para la adquisición de bienes y servicios para evitar o mitigar el impacto de una emergencia.

IMPUTACIÓN DE CARGOS NO ES SINÓNIMO DE SUSPENSIÓN

. En primer lugar hay que decir que la información que está dando la Fiscalía está bajo su fundamento constitucional, que es ser el ente encargado de adelantar las investigaciones pertinentes, en ese sentido tiene toda la potestad de realizar formulaciones de investigaciones para que las personas sean investigadas, y así mirar si su actuar fue de manera transparente o dolosa. 

La Fiscalía está informando la formulación de imputaciones contra alcaldes es porque, presuntamente, tiene elementos materiales de prueba. Sobre esos elementos, los investigados tendrán la oportunidad de defenderse.

Desde ese panorama, el hecho de que a una persona le formulen una imputación o que el fiscal diga que va a solicitar una medida de aseguramiento no implica que la persona sea culpable o inocente.

Además, el anuncio del fiscal, a través de una rueda de prensa, no se determina como una notificación judicial, ya que la forma idónea, desde el punto de vista procesal, es que la Fiscalía, con base en los medios de prueba, solicite ante un juez de control de garantías para que este cite a una audiencia formal, de formulación de imputación, donde se solicita la medida de aseguramiento.

Es decir, la notificación formal tiene que ser de parte de un juzgado. Así mismo, la Fiscalía puede solicitar la imputación a cualquier alcalde o servidor público, pero ello no implica que la formulación genere de manera inmediata una inhabilidad para él actuar como mandatario.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, sí tiene la potestad para solicitar de manera cautelar la suspensión del cargo, porque esa serie de suspensiones son administrativas.

  En el entendido de una solicitud de medida se aseguramiento, se debe tener en cuenta que este es un elemento estructural de carácter preventivo. 

Las medidas de aseguramiento se dividen en las que son privativas de la libertad y las que no, dependen de cómo la Fiscalía argumente la solicitud ante el juez. 

La medida de aseguramiento es la última determinación que se debe tomar, sobre todo cuando se cumple con unos requisitos objetivos como: la no comparecencia a los procesos, el peligro para la sociedad o las víctimas y la preservación de la prueba.