ES DEBER CIUDANO EL RECORDATORIO DE LA PIRATERÍA DE QUE FUE VÍCTIMA LA UNGRD UNIDAD DE RIESGO Y DESASTRES DONDE ESTAN INVOLUCRDOS VARIOS CONGRESISTAS ENTRE ELLOS UNO DE RISARALDA JUAN PABLO GALLO MAYA.-

Ahora que el país está en campaña presidencial es hora de que los candidatos propongan algo serio en torno a las vulnerabilidades del territorio colombiano. Comenzando, claro está, por el viraje total en las nociones que rigen la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, más conocida como Ungrd. Ciertamente, a raíz de la catástrofe invernal en el departamento de Córdoba, es un deber ciudadano el recordatorio de la piratería de que fue víctima este organismo en el transcurso del actual gobierno.

Como se sabe, dineros públicos presupuestados para atender las emergencias nacionales y hacer frente a siniestros naturales fueron, de manera inédita, perversamente desviados y escamoteados en una de las más escandalosas maniobras de corrupción conocidas en el país. De hecho, protagonizadas por servidores del más alto nivel, algunos hoy en prisión y otros en fuga después de haber intervenido desde la Secretaría General de la Presidencia o en la Función Pública. Todo con el propósito de que aquella unidad, instituida para morigerar los cataclismos de la naturaleza, hiciera de mampara y correa de transmisión del fraude al erario. Usurpando, por demás, los recursos de los más pobres, en cifras astronómicas, con el fin de aceitar el malhadado contubernio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Además, propiciado desde la máxima instancia de la Casa de Nariño, según uno de los entonces ministros, hoy con medida de aseguramiento.

En efecto, sorprende que la justicia no actuara con mayor celeridad, dada la ingente cantidad de pruebas y los principios de oportunidad otorgados. Y que los organismos de control no hubieran procedido con la previsión del caso, con base en los instrumentos legítimos y a la mano para impedir erogaciones dudosas. Porque, por ejemplo, desde que se comenzó a hablar de la polémica por los carrotanques para resolver las urgencias del agua en La Guajira ya había sospechas de que mucho de lo que ocurría en la Ungrd obedecía a la conducta del gato encerrado, que el mismo Gobierno había prometido proscribir. Es más, que había prometido sepultar. Pero no solo incumplió ese compromiso, sino que la referida práctica anómala se tornó en recurrente. Tal cual se extendió, a juzgar por las investigaciones en curso, en contratos del Invías y en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde los avales a préstamos de la Nación se convirtieron en feria.

Pero, desde luego y a los efectos, la Ungrd ha sido la “joya de la corona” de los corruptos. En particular porque, a causa de su naturaleza jurídica, la contratación directa es el mecanismo más utilizado, esto a razón de las necesidades apremiantes que la entidad debe resolver y que le permiten abstenerse de convocar licitaciones, dejando de lado ciertos trámites ordinarios. Es por ello, no obstante, que la corrupción puso el ojo avizor en ese organismo. Y de lo cual los involucrados sacaron multimillonarios réditos, a través de los ‘carruseles’ de contratos donde medran los parlamentarios de intermediarios, en torticera coyunda con las administraciones municipales de su bolsillo.

Bajo esa infausta realidad, a nadie habrá de sorprender por qué el país acaba de presentar uno de los peores registros en la percepción de corrupción en su historia, acorde con los Índices de Transparencia por Colombia, ocupando el puesto 99 a nivel mundial (2025). Porque no solo son los casos mencionados, sino también la judicialización de las corruptelas en la presidencia de Ecopetrol; la enorme violación de los topes electorales de la campaña Petro 2022; y, como si fuera poco, el robo de 21 billones de pesos, en 1.243 hechos clasificados por Transparencia. Ciertamente, es la corrupción, al lado de la violencia rampante y el empleo informal, uno de los principales factores de la desigualdad en el país.

En estas condiciones, no puede seguir Colombia la ruta del continuismo. Todas las encuestas señalan la exasperación de la ciudadanía con la corrupción y con el doble discurso en la materia. Ahora resulta que no hay recursos para atender la emergencia invernal, como la registrada en Córdoba. ¡Pero si se los robaron!

Incluso, sabiendo la vulnerabilidad del país al cambio climático y, en general, a las contingencias meteorológicas por su ubicación en la zona tórrida, así como por la exposición a los fenómenos rutinarios del Niño y la Niña, y por las condiciones de altibajos hídricos en determinados lugares como La Mojana, el Estado siempre debe estar preparado para proteger a sus habitantes de estas circunstancias naturales y actuar de antemano con la debida previsión y diligencia. Todavía más si buena parte de su población reside prácticamente encima de la cuenca Magdalena-Cauca y sus afluentes, pese a lo cual no existe una estrategia de relocalización paulatina para evitar el peligro que ello entraña en época de inundaciones.

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Debería lo anterior corresponder a la Ungrd. De allí su nombre: gestión del riesgo. Que precisamente obliga a anticiparse a los hechos y, en lo posible, prevenir las secuelas. Para lo que, ante todo, debe dejar de ser el nefando botín de los corruptos. Que es la triste y dramática historia de los últimos tiempos. Pecado mortal por el que nadie responde.