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Domingo, 6 de Abril de 2025

A un poco más de once meses para las elecciones parlamentarias de marzo de 2026 las miradas no solo están puestas en el inicio de la campaña proselitista, sino también en lo que pueda pasar en la Corte Suprema de Justicia en donde, según algunas radiografías judiciales, habría no menos de sesenta senadores y representantes a la Cámara incursos en un distintos procesos penales. Las causas bajo investigación van desde escándalos de corrupción que implican cuantiosas sumas de presupuesto público, anomalías en financiación de campañas, tráfico de influencias y otro sinnúmero de denuncias por actuaciones ilícitas.

Es imperativo que esos expedientes, obviamente bajo el estricto acatamiento del debido proceso, empiecen a ser resueltos en sus distintas fases. La ciudadanía debe tener claro si los candidatos a los que apoyen para llegar a una curul en el Congreso son personas idóneas y, además, que no terminarán capturados en plena recta final de la contienda proselitista o, peor aún, después de los comicios.

Esto último tendría un agravante adicional: muchos de los delitos por los que hoy están siendo investigados estas decenas de senadores y representantes están dentro de las causales para la sanción política de “silla vacía”. Es decir, que en caso de que se les dicte alguna medida privativa de la libertad esas curules quedarían vacantes, lo que significaría que el voto de quienes apoyaron a esos parlamentarios presos se perdería definitivamente. Dada la gran cantidad de procesados actuales en la Corte Suprema, este no es un riesgo menor ni aislado.

Por ejemplo, resulta significativo que el viernes pasado una juez penal especializada de Bogotá avalara la negociación entre la Fiscalía y el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Augusto Pinilla, a quien se le concedió un Principio de Oportunidad por su confesión alrededor de su participación en el escándalo de corrupción en esa entidad y el señalamiento de los cómplices en el entramado de desvío de dineros más graves durante el actual gobierno.

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Lo importante es que ahora tomen más ritmo este y otros procesos contra exministros, ex altos funcionarios y algunos cargos gubernamentales, así como contra los congresistas imputados. El electorado debe poder constatar que está votando por personas honradas y que lo representarán realmente en el Parlamento.