El gobierno nacional. sancionó esta semana una ley a través de la cual más de 5.000 mujeres podrán sustituir la pena con servicios de utilidad pública no remunerados, en actividades educativas, restauración ambiental, recuperación del espacio público, apoyo al transporte masivo y ayuda a poblaciones vulnerables, entre otros.javascript:window[«$iceContent»]

La norma permite que las beneficiarias no solo tengan la oportunidad de compartir y trabajar para suplir las necesidades de sus hijos, sino que también puedan estudiar y desplazarse sin restricciones mientras están cobijadas por la medida.javascript:window[«$iceContent»]

Para conmutar la pena, las mujeres cobijadas por la ley deberán prestar los mencionados servicios de utilidad pública con una intensidad mínima de 5 horas semanales y máximo 20 horas semanales. En la norma quedó establecido que la pena sustitutiva será concedida por un juez de conocimiento al momento de imponer la pena o por un juez de ejecución de penas para aquellas mujeres que ya están cumpliendo la pena.

Vale la pena indicar que la ley beneficia a las mujeres condenadas por delitos de hurto y/o tráfico de estupefacientes con penas inferiores a 8 años de prisión.

Los propósitos de esta ley son nobles porque por un lado, busca la reducción de la reincidencia criminal, y por el otro, evita el rompimiento de los vínculos familiares y sociales.

Hay una cifra importante para tener en cuenta: de acuerdo con un estudio del Ministerio de Justicia, para el 2019 el 58% de las mujeres presas por delitos de drogas son madres cabezas de hogar.

Ojalá, las mujeres beneficiadas aprovechen esta oportunidad.

Lo que debe venir ahora es la reglamentación de la ley para que se pueda dar aplicación. También es clave que haya una gran jornada de socialización de los alcances de sus medidas con los jueces en las diferentes regiones del país.