El Consejo de Estado suspende temporalmente el decreto del salario mínimo, reabriendo el debate institucional

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

El Consejo de Estado de Colombia suspendió de forma provisional los efectos del decreto que fijó el salario mínimo para el año 2024, una medida que pone fin a la imposición unilateral del Gobierno y devuelve el asunto al ámbito institucional. La decisión, tomada el 17 de febrero de 2026, se basó en argumentos de inconstitucionalidad y afectación al derecho de negociación colectiva. Este fallo obliga a reanudar el diálogo entre trabajadores, empleadores y el Estado, con el fin de establecer un salario mínimo que sea equilibrado, sostenible y acorde con las condiciones económicas del país. La suspensión también busca preservar la estabilidad del mercado laboral y garantizar que la política salarial no se convierta en un instrumento de confrontación política.

El proceso de fijación del salario mínimo en Colombia se ha vuelto cada vez más polarizado en los últimos años, con el Gobierno adoptando decisiones unilaterales que han generado rechazo por parte de los sectores empresariales y sindicales. La Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada específicamente para este fin, ha sido incapaz de alcanzar consensos en años recientes. Este nuevo fallo judicial impone una pausa obligada en el proceso, obligando al Ejecutivo a revisar su estrategia y a abrir un canal de negociación real. El salario mínimo no puede ser solo una variable política, sino un pilar fundamental de la estabilidad económica y del derecho a la dignidad laboral.

Antecedentes recientes muestran que el salario mínimo ha sido objeto de fuertes tensiones entre los actores sociales. En 2023, el aumento del 12% fue aprobado sin consenso, lo que generó una ola de protestas y movilizaciones. Desde entonces, el debate ha girado en torno a la inflación, el crecimiento económico y la capacidad de las empresas para absorber los incrementos salariales. La comisión de concertación, aunque institucionalmente diseñada para resolver estos conflictos, ha mostrado una falta de eficacia en la toma de acuerdos. El fallo del Consejo de Estado ahora obliga a todos los actores a volver a la mesa, con responsabilidad y con visión de país. El diálogo social no puede ser reemplazado por decisiones administrativas.

La suspensión del decreto no es un retroceso, sino una oportunidad para construir un consenso que beneficie a todos los colombianos. El Gobierno debe aprovechar esta ventana para dialogar con seriedad, dejando de lado intereses electorales y enfocándose en una política salarial que promueva el crecimiento sostenible. Los empresarios deben reconocer que un salario digno es también un motor de consumo y productividad. Mientras tanto, los trabajadores esperan un trato justo y una certeza laboral que les permita planificar su futuro. Solo mediante el acuerdo social, la negociación colectiva y el compromiso institucional se podrá establecer un salario mínimo que refleje la realidad del país y no solo los intereses del momento.

English versión

State Council Suspends Minimum Wage Decree, Reopening Institutional Debate

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communication Journalist. Professional Card 0222 issued by the Ministry of National Education

The Council of State of Colombia suspended provisionally the effects of the decree that set the minimum wage for 2024, ending the government’s unilateral imposition and returning the issue to the institutional arena. The decision, made on February 17, 2026, was based on arguments of unconstitutionality and violation of the right to collective bargaining. This ruling forces a reactivation of dialogue among workers, employers, and the State to establish a minimum wage that is balanced, sustainable, and aligned with the country’s economic conditions. The suspension also aims to preserve labor market stability and ensure that wage policy does not become a political tool.

The process of setting the minimum wage in Colombia has become increasingly polarized in recent years, with the government adopting unilateral decisions that have drawn rejection from business and labor sectors. The Commission for the Concertation of Wage and Labor Policies, created specifically for this purpose, has failed to reach consensus in recent years. This new judicial ruling imposes a necessary pause, compelling the Executive to reassess its strategy and open a channel for genuine negotiation. The minimum wage cannot be solely a political variable, but rather a fundamental pillar of economic stability and dignified labor rights.

Recent precedents show that the minimum wage has been a source of strong tensions among social actors. In 2023, a 12% increase was approved without consensus, triggering protests and mobilizations. Since then, the debate has revolved around inflation, economic growth, and the capacity of businesses to absorb wage increases. The concertation commission, although institutionally designed to resolve such conflicts, has demonstrated a lack of effectiveness in reaching agreements. The Council of State’s ruling now obliges all stakeholders to return to the table with responsibility and a national vision. Social dialogue cannot be replaced by administrative decisions.

The suspension of the decree is not a setback, but an opportunity to build consensus that benefits all Colombians. The Government must seize this window to negotiate seriously, setting aside electoral interests and focusing on a wage policy that promotes sustainable growth. Employers must recognize that a decent wage is also a driver of consumption and productivity. Meanwhile, workers await fair treatment and labor certainty that allows them to plan their future. Only through social agreement, collective bargaining, and institutional commitment can a minimum wage be established that reflects the country’s reality and not just the moment’s interests.