El Gobierno de los Estados Unidos pidió hoy públicamente al presidente Gustavo Petro que retracte sus declaraciones sobre un presunto bombardeo que habría afectado una lancha con ciudadanos colombianos en aguas del Caribe. La Casa Blanca calificó esas afirmaciones de “infundadas y reprochables” y advirtió que solo mediante una disculpa pública podría retomarse un diálogo productivo entre ambas naciones.
Petro había asegurado que existe indicio de que el último ataque aéreo estadounidense contra una embarcación operaba con ciudadanos colombianos a bordo, y denunció que estas acciones no se centran en el combate al contrabando sino en una “guerra por el petróleo”. En su réplica, instó a Washington a revelar la identidad de las víctimas para comprobar si su versión es correcta.
La tensión entre Bogotá y Washington se enmarca dentro de una serie de operaciones navales y aéreas que EE. UU. ha realizado en el Caribe contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. En estas acciones, hay al menos cuatro embarcaciones ya atacadas, pero ninguno de los gobiernos ha confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni presentado pruebas sólidas al respecto.
Sectores diplomáticos apuntan que esta exigencia de retractación busca contener el deterioro de las relaciones bilaterales, pues Colombia ha sido tradicional aliado estratégico de Estados Unidos. Sin embargo, el anuncio pone en evidencia un choque de narrativa: el respeto a la soberanía nacional frente al argumento oficial de lucha antidrogas.
English version
US demands Petro retract accusations over Caribbean bombing
The United States government today formally requested that President Gustavo Petro retract his remarks regarding a purported bombing of a boat carrying Colombian citizens in Caribbean waters. The White House labeled his statements “baseless and reprehensible,” stating that only through a public apology could a productive dialogue be resumed.
Petro had claimed there are indications the recent US aerial strike targeted a vessel transporting Colombians, alleging that these operations aim not at contraband control but at waging a “war over oil.” In response, he challenged Washington to disclose the identities of the victims to validate or refute his version of events.
This diplomatic tension arises amid a series of US naval and air operations in the Caribbean against vessels suspected of drug trafficking. To date, at least four boats have been struck, yet neither government has confirmed the nationalities of the deceased nor provided conclusive evidence.
Analysts note the retraction demand appears intended to stem further deterioration in bilateral ties, as Colombia has historically been a key US ally. Nonetheless, the confrontation underscores a deeper clash of narratives: national sovereignty versus the official counter-narcotics rationale.
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