DESDE MI ENCIERRO

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Por: Gabriel Alberto Toro Peláez – Exmagistrado, exprocurador militar.

RECUPERAR VALORES, debiera ser el propósito fundamental del gobierno colombiano; de lo contrario seguiremos en viaje acelerado al fondo del precipicio, hábilmente empujados por el materialismo dialéctico y sus precursores comunistas.

Estamos expuestos, gracias a la expansión de los medios de comunicación, a las consignas populistas que suenan bien a oídos de los ingenuos que, estimulados por la pereza o la vagancia, prefieren conformarse en condición de mendicantes, que aprovechar su libertad para el emprendimiento y el trabajo, que seguramente les daría mayores satisfacciones.

Urgente que El Estado emprenda la tarea de garantizar el orden público, como valor fundante, sin el cual no habrá libertad, seguridad y paz suficientes para ejercitar tareas de supervivencia, educación y trabajo.

Siendo la garantía del orden público, labor principalísima del Estado, debe darle prioridad a la organización de la Fuerza Pública (Ejército y Policía) y de la Justicia, como garantes de la armonía social, pero no para arrinconarlas en sus cuarteles y oficinas, sino para que cumplan con eficiencia sus funciones constitucionales, de manera oportuna; tanto de prevención como de represión, en la medida de lo necesario.

Importante entonces, lograr seguridad jurídica, que señale a públicos y privados sus derechos, obligaciones, trámites justos, ágiles y oportunos, para que cada cual sepa a qué atenerse y pueda desarrollar sus actividades sin sorpresas inconvenientes.

Paralelamente la educación juvenil debe garantizar una formación respetuosa de la Ley, los derechos de los demás, con acendrado respeto de valores, como:  libertad, familia, autoridad y convivencia.

En orden práctico entonces, se debe perseguir eficazmente el narcotráfico, como origen de la destrucción del individuo, la familia y el orden público, restaurando la fumigación aérea.

Apoyar la Fuerza Pública en su tarea de preservación del orden, la autoridad y soberanía del Estado, restableciendo la justicia especializada.

El Estado colombiano y sus leyes, deben abandonar su tarea de contemplación al delito, cuando le da todas las gabelas a los antisociales, mientras se ensaña contra el ciudadano común, imponiéndole tributos, obligaciones, tareas y requisitos que entraban y castigan sus actividades.

Así que el Estado y sus instituciones deben acercarse al ciudadano de bien, proteger la buena fe, y perseguir a los agresores del orden, para lograr una armonía placentera de sus gentes.