DENUNCIA MUY GRAVE HACE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

Sin duda resulta preocupante la advertencia que hiciera esta semana la Defensoría del Pueblo en torno a que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se aplica en Colombia incumple estándares internacionales.

No es un campanazo de menor grado. Por el contrario, correspondería al Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar, el Congreso y otras entidades del orden nacional dar una respuesta a lo señalado por la institución del Ministerio Público.

El panorama, según el informe defensoral, es muy crítico en los centros de internamiento de los menores infractores, según se constató a través de visitas y encuestas a los jóvenes que tienen medidas privativas de la libertad.

No solo se concluyó que es necesario generar transformaciones legales, institucionales y operativas para que se cumpla el proceso de resocialización de los menores infractores, sino que, además, se requiere ajustar el mecanismo pedagógico, específico y diferenciado para que estos adolescentes puedan reingresar a la sociedad.

Entre las principales anomalías detectadas están las falencias en la infraestructura de los centros de internamiento así como la deficiente asistencia legal a los menores infractores sobre su proceso penal, lo cual afecta sus derechos al debido proceso y la defensa.

Alarma, por ejemplo, que existan todavía los llamados “cuartos de aislamiento” en estos sitios de reclusión especial, lo que podría estar significando una violación a estándares de derechos humanos.

Un asunto que llamó la atención de la Defensoría es que en muy pocos casos se aplica a los procesos de los menores el principio de oportunidad, ello debido a que esa figura no está regulada en el Código de Infancia y Adolescencia. De allí que se considere urgente que el Congreso reforme la Ley 1098 de 2006.

Paradójicamente este campanazo de la Defensoría del Pueblo se da en momentos en que hay dos polémicas asociadas a la crisis penitenciaria. De un lado, que el año termina sin que se haya podido solucionar la problemática de más de 17 mil personas que permanecen privadas de la libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

Y, por otra parte, días atrás se generó una controversia entre la alcaldía de Bogotá y Bienestar Familiar porque este último no quiso recibir las instalaciones de un moderno centro de detención especial para menores infractores, señalando que la política judicial del actual Gobierno no está de acuerdo con imponer medidas privativas de la libertad a los jóvenes, sino buscar alternativas restaurativas y de resocialización distintas.

El panorama que hoy tenemos es el de unas infraestructuras deterioradas, con humedades, fallas eléctricas, intermitencia en servicios públicos, zonas de deporte y recreación abandonadas

Según el defensor Carlos Camargo, visitas que realizó la entidad a centros de detención, así como entrevistas y análisis del funcionamiento del SRPA, dejaron ver que “persiste la necesidad de generar transformaciones legales, institucionales y operativas para que se cumpla cabalmente con el propósito del proceso, de forma que sea pedagógico, específico y diferenciado de los adolescentes y jóvenes”.

Ahora bioen, la falta de regulación de esta figura en el Código de Infancia y Adolescencia constituye uno de los vacíos más importantes de la legislación especial, es por eso que, como parte de las recomendaciones del informe defensorial, le solicitarán al Congreso de la República adelantar una modificación legislativa a la Ley 1098 de 2006.

La entidad también encontró dificultades en las rutas de atención en salud para la garantía de la prestación de servicios a nivel municipal y departamental. Así, las visitas dejaron ver que en el 37,5 por ciento de los centros no hay variedad de programas de formación, y en el 25 por ciento no hay acceso a programas técnicos, tecnológicos o de educación superior. Ojalá y el Estado conocido este deplorable informe actúe y deje a un lado las lamentaciones.