Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
En Risaralda, la salud pública se ha convertido en sinónimo de crisis y descontento ciudadano. Los habitantes de Pereira y varios municipios del departamento enfrentan una realidad preocupante: esperas interminables para acceder a procedimientos quirúrgicos, cirugías aplazadas por meses e incluso años, medicamentos que no llegan a las farmacias y pacientes que aprenden a convivir con el dolor mientras el sistema sanitario permanece inerte. Esta situación, que trasciende los límites de un simple problema administrativo, ha escalado a la categoría de vulneración de derechos fundamentales, generando una ola de inconformidad que ha obligado a la ciudadanía a buscar alternativas legales para garantizar su acceso a la atención médica.
En el epicentro de este malestar ciudadano se encuentra la Nueva EPS, una de las entidades prestadoras de salud más grandes del país, pero paradójicamente, una de las más cuestionadas por su inoperancia en la atención efectiva a los usuarios. A pesar de su cobertura nacional y recursos disponibles, la entidad ha acumulado un historial de incumplimientos que ha erosionado la confianza de sus afiliados. Las denuncias sobre negación de servicios, demoras injustificadas y falta de respuesta a solicitudes de atención se han multiplicado en los últimos meses, posicionando a la aseguradora como el centro de la polémica sanitaria regional.
La tutela, que en teoría debería ser un recurso excepcional para proteger derechos constitucionales, se ha convertido en el camino ordinario para acceder a procedimientos y tratamientos en Risaralda. Cientos de ciudadanos han tenido que recurrir a las acciones legales como única alternativa viable frente a la negativa de la Nueva EPS de autorizar intervenciones médicas necesarias. Este fenómeno refleja el colapso de los mecanismos administrativos internos de la entidad y la incapacidad de resolver conflictos a través de los canales convencionales de atención al usuario.
Lo más preocupante es que ni siquiera las órdenes judiciales garantizan resultados efectivos. Los incidentes de desacato se acumulan como constancias documentadas de un sistema que promete en el papel pero no cumple en la práctica. Pacientes que han ganado tutelas continúan esperando que sus derechos se materialicen en atención real, mientras que la Nueva EPS enfrenta sanciones administrativas que aparentemente no generan cambios sustanciales en su operación. Esta brecha entre lo ordenado judicialmente y lo ejecutado operativamente evidencia una desconexión profunda entre la responsabilidad legal y la capacidad de gestión de la entidad.
Ante esta crisis, la administración departamental y municipal ha iniciado diálogos con la aseguradora para exigir planes de mejora inmediatos. Sin embargo, los ciudadanos permanecen escépticos, pues promesas anteriores no se han materializado en cambios tangibles. La salud pública en Risaralda requiere intervenciones urgentes que vayan más allá de comunicados y acuerdos sobre papel; necesita acciones concretas que restauren la confianza y garanticen que el derecho a la salud sea una realidad y no una promesa incumplida.
English version
Health Crisis in Risaralda: Nueva EPS Under Pressure for Non-Compliance
By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional Card 0222 issued by the Ministry of National Education
In Risaralda, public health has become synonymous with crisis and citizen discontent. Residents of Pereira and several municipalities in the department face a troubling reality: endless waiting times to access surgical procedures, surgeries postponed for months or even years, medications that fail to reach pharmacies, and patients learning to live with pain while the healthcare system remains unresponsive. This situation, which transcends the limits of a simple administrative problem, has escalated to the level of violation of fundamental rights, generating a wave of dissatisfaction that has forced citizens to seek legal alternatives to guarantee their access to medical care.
At the epicenter of this citizen discontent stands Nueva EPS, one of the largest health insurance entities in the country, yet paradoxically, one of the most questioned for its failure to provide effective care to users. Despite its national coverage and available resources, the entity has accumulated a history of non-compliance that has eroded the trust of its affiliates. Complaints about denial of services, unjustified delays, and failure to respon
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