Crimen organizado en Colombia evoluciona hacia redes flexibles.

El crimen organizado en Colombia ha entrado en una nueva fase de transformación. Desde 2023, múltiples grupos con presencia territorial diversa han adoptado un modelo en red, operando en regiones como el Valle de Aburrá, Barranquilla y zonas rurales del país. Esta evolución responde a cambios en el conflicto armado, la desmovilización de actores históricos y la adaptación de estructuras criminales a nuevas dinámicas sociales y económicas.

A diferencia de los antiguos carteles centralizados, la cuarta generación del crimen colombiano se caracteriza por su estructura horizontal y su capacidad para colaborar o competir en actividades ilícitas. Estas organizaciones no solo controlan rutas de narcotráfico, sino que también ejercen funciones de gobernanza local, imponiendo reglas y cobrando impuestos en comunidades vulnerables. El Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y agrupaciones urbanas como La Oficina y Los Costeños son algunos de los actores más visibles en este nuevo escenario.

Este modelo en red permite una mayor resiliencia frente a la acción estatal. Al no depender de una jerarquía única, los grupos pueden fragmentarse y reconfigurarse sin perder operatividad. Además, su conexión con redes transnacionales les otorga acceso a mercados internacionales, aunque su rol principal sigue siendo el control de eslabones locales en la cadena del narcotráfico.

El contexto actual también revela una creciente hibridación entre crimen organizado e insurgencia. Las fronteras entre grupos armados con motivaciones políticas y estructuras criminales puramente económicas se han difuminado, generando un entorno de seguridad complejo. Esta mezcla dificulta la respuesta institucional, que debe diferenciar entre actores con lógicas distintas pero tácticas similares.

La mutación del crimen en Colombia plantea retos urgentes para las políticas públicas. Se requiere una estrategia integral que combine inteligencia territorial, fortalecimiento institucional y alternativas económicas para las comunidades afectadas. Sin ello, el modelo en red seguirá expandiéndose y consolidando su influencia en zonas estratégicas del país.

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English version

Organized crime in Colombia shifts to flexible network model

Organized crime in Colombia has entered a new phase of transformation. Since 2023, multiple groups with diverse territorial influence have adopted a network-based model, operating in regions such as Valle de Aburrá, Barranquilla, and rural areas. This shift stems from changes in the armed conflict, the demobilization of historic actors, and the adaptation of criminal structures to new social and economic dynamics.

Unlike the centralized cartels of the past, Colombia’s fourth generation of organized crime is defined by horizontal structures and the ability to collaborate or compete in illicit activities. These organizations not only control drug trafficking routes but also exercise local governance, imposing rules and collecting taxes in vulnerable communities. The Gulf Clan, FARC dissidents, and urban groups like La Oficina and Los Costeños are among the most visible players in this new landscape.

This network model allows greater resilience against state intervention. Without relying on a single hierarchy, groups can fragment and reorganize without losing operational capacity. Their connection to transnational networks also grants access to international markets, although their main role remains controlling local links in the drug trade.

The current context also reveals increasing hybridization between organized crime and insurgency. The boundaries between politically motivated armed groups and purely economic criminal structures have blurred, creating a complex security environment. This overlap complicates institutional responses, which must distinguish between actors with different logics but similar tactics.

Colombia’s evolving criminal landscape poses urgent challenges for public policy. A comprehensive strategy is needed—one that combines territorial intelligence, institutional strengthening, and economic alternatives for affected communities. Without it, the network model will continue to expand and consolidate its influence across strategic regions.