Desde el 1 de enero de 2026, los ciudadanos de China enfrentan un 13% de impuesto en la compra de anticonceptivos, mientras que los servicios de cuidado infantil quedan exentos de gravámenes. La medida, anunciada por Pekín, busca revertir la tendencia de una población en descenso y estimular a las parejas jóvenes a tener más hijos en un país que atraviesa una marcada desaceleración demográfica y económica.

La reforma fiscal, presentada en 2024, elimina beneficios vigentes desde la década de 1990, cuando aún regía la política del hijo único. Además de encarecer los métodos de control de natalidad, el plan incluye incentivos como la exención de impuestos para servicios de matrimonio y cuidado de ancianos, junto con licencias de maternidad y paternidad más extensas y apoyos financieros directos.

El desafío es enorme: la población china se redujo por tercer año consecutivo, con apenas 9,54 millones de nacimientos en 2024, casi la mitad de los registrados diez años atrás. Este declive preocupa a las autoridades, que ven cómo el envejecimiento poblacional amenaza la sostenibilidad del sistema laboral y de bienestar social, mientras la segunda economía mundial pierde dinamismo.

Sin embargo, la estrategia ha generado controversia. Expertos advierten que gravar los anticonceptivos podría incrementar los embarazos no deseados y afectar la lucha contra el VIH, mientras que en redes sociales abundan las críticas y bromas sobre el costo de los condones frente al elevado gasto de criar un hijo. Para muchos jóvenes, el problema no es el precio de la protección, sino la falta de estabilidad económica y social que desalienta la idea de formar familias numerosas.

English version

Pricier condoms and free childcare: China’s new bet to curb demographic decline

Since January 1, 2026, citizens in China face a 13% sales tax on contraceptives, while childcare services are exempt. The measure, announced by Beijing, aims to reverse the trend of a shrinking population and encourage young couples to have more children in a nation struggling with demographic and economic slowdown.

The tax reform, introduced in 2024, removes benefits established in the 1990s under the one-child policy. Beyond raising the cost of birth control methods, the plan offers incentives such as tax exemptions for marriage and elderly care services, extended maternity and paternity leave, and direct financial support.

The challenge is significant: China’s population declined for the third consecutive year, with only 9.54 million births in 2024, nearly half the number recorded a decade earlier. Authorities fear that rapid aging will undermine the labor force and social welfare system, while the world’s second-largest economy continues to lose momentum.

Yet, the strategy has sparked controversy. Experts warn that taxing contraceptives could lead to more unintended pregnancies and hinder efforts against HIV, while social media users mock the policy, noting the stark difference between the price of a condom and the cost of raising a child. For many young people, the real obstacle is not contraception costs but economic and social uncertainty discouraging larger families.