CON CARTA, 38 JURISTAS EMITIERON UN CONCEPTO EN EL QUE DICEN QUE NO HAY PRUEBAS PARA CONDENAR AL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE; ¿QUIÉNES LA FIRMARON?

A una semana de que se conozca si el expresidente Álvaro Uribe es culpable o inocente de tres delitos que le acusó la Fiscalía, 38 juristas firmaron una carta con la que emitieron un concepto sobre este proceso penal, el más importante en las últimas décadas del país debido a que es un exjefe de Estado el judicializado.

En la carta, con fecha del pasado 20 de julio, los expertos en distintas ramas del derecho indicaron que a su parecer no hay pruebas para emitir un fallo condenatorio contra Uribe. La decisión está en manos de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien programó la diligencia para el próximo 28 de julio.

«De las declaraciones de los numerosos testigos, y del análisis de los documentos, y pericias técnicas y científicas que se presentaron en las múltiples audiencias, se concluye que el llamado ‘Caso del Siglo’, fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del expresidente, y cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política, y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública», dice la carta de los juristas.

Los que la firman son Amir Nayi Abushihab, José Vicente Ángel, Jorge Luis Baroni, Enrique Berrío, Hilda Caballero, Germán Calderón España, Javier Cortázar, María Cristina Cuellar, Luis Gabriel Chávez, Orieta Daza, Ángela Echeverri, José Alfredo Escobar, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio Fajardo, Juan José Gaitán, Bernardo Henao, Germán Alberto Herrera, Ernesto de Francisco Lloreda, Francisco José Lloreda, Carlos Márquez, Ricardo Moreno, Juan Navarrete, María Clara Posada, Juan Carlos Prías, Alejandro Ramírez, Consuelo Ramírez, María del Pilar Rocha, María Claudia Rojas, Juan Manuel Rogelis, Patricia Salgado, Camila Santamaría, Constanza Silva, Freddy Succar, Amadeo Tamayo, Blanca Eugenia Uribe, Jaime Andrés Úsuga, Juan Álvaro Vallejo y José Luis Villafañe.

El juicio contra Uribe duró 67 días, en los que las partes sustentaron sus tesis. La fiscal Marlenne Orjuela pidió que sea condenado porque supuestamente, en 2018 envió al abogado Diego Cadena a conseguir testimonios en cárceles que lo favorecieran a punta de sobornos, ante versiones de que habría participado en la organización del ‘bloque Metro’ de las Autodefensas en Antioquia.

Muy distinta es la tesis de la defensa del expresidente, que se basa en que su cliente nunca le solicitó a Cadena que manipulara a presos como Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez para que lo desligaran de nexos ilegales. Eso lo han insistido tanto Uribe como Cadena.

La jueza Heredia dictará un fallo de primera instancia, que será apelable para cada una de las partes ante el Tribunal Superior de Bogotá.

En la carta, los 38 juristas se refirieron a un concepto que ha venido ganando espacio en los últimos años, el de lawfare. En resumidas cuentas, se traduce en ‘guerra jurídica’ y se basa en lograr, mediante el uso de herramientas legales, acciones jurídicas contra una persona con fines políticos.

El término ha sido mencionado por el presidente Gustavo Petro en algunos de sus discursos, dando a entender que ha sido víctima de ello. Esta vez, los juristas indicaron que lo mismo pasa con Álvaro Uribe. «De la observación y seguimiento del juicio público al expresidente Uribe, transmitido en vivo por los medios de comunicación social, se puede afirmar que es el caso paradigmático de lawfare o persecución judicial en Colombia».

Uno de los puntos que más resaltaron los expertos es la polémica interceptación que por un mes hizo la Corte Suprema al teléfono de Uribe en 2018. El alto tribunal explicó que se trató de un error, pues la orden estaba dirigida a escuchar al congresista Nilton Córdoba, por otro proceso. No obstante, lo que el expresidente dijo allí fue utilizado en su caso.

«Se trató de un montaje judicial en que se desconocieron las garantías básicas del derecho a un juicio justo y al debido proceso, establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, con irregularidades (…) Uribe fue víctima de una interceptación telefónica ilícita ordenada por ‘error’ de la autoridad judicial en marzo de 2018, y pese a la advertencia del ‘error’ por parte de los operadores judiciales, las escuchas se prolongaron ilegalmente durante más de un mes; se avalaron y se aportaron al proceso grabaciones de las conversaciones entre el ex presidente y sus abogados que gozan de absoluta confidencialidad; y en fin, se filtró información procesal con reserva legal a los medios de comunicación, con el propósito de promover ante la opinión pública una percepción de culpabilidad del ex presidente Uribe, afectándose su presunción de inocencia y sus derechos humanos».

En su conclusión, los 38 juristas resaltaron que el caso Uribe representa un desafío para el aparato judicial del país, resaltando que confían en que los jueces que vayan a resolver este proceso actúen de forma transparente.

IN A LETTER, 38 JURISTS ISSUED A RULING DECLARATING THERE IS NO EVIDENCE TO CONVICT FORMER PRESIDENT ÁLVARO URIBE; WHO SIGNED IT?

One week before it is known whether former President Álvaro Uribe is guilty or innocent of three crimes the Prosecutor’s Office has charged him with, 38 jurists signed a letter issuing a ruling on this criminal proceeding, the most important in recent decades in the country due to the fact that a former head of state is being prosecuted.

In the letter, dated July 20, the experts in various branches of law indicated that, in their opinion, there is no evidence to convict Uribe. The decision is in the hands of Judge Sandra Liliana Heredia, who scheduled the hearing for July 28.

«From the statements of numerous witnesses, the analysis of documents, and the technical and scientific expertise presented at the multiple hearings, it is concluded that the so-called ‘Case of the Century’ was a crude setup and a smear campaign hatched by the former president’s political adversaries and detractors, and condoned by a militant Prosecutor’s Office, to tarnish his good name, besmirch his historical legacy, delegitimize his political struggle, and diminish his influence in the eyes of the broadest sectors of public opinion,» the jurists’ letter states. The signatories are: Amir Nayi Abushihab, Jose Vicente Angel, Jorge Luis Baroni, Enrique Berrio, Hilda Caballero, German Calderon Spain, Javier Cortazar, Maria Cristina Cuellar, Luis Gabriel Chavez, Orieta Daza, Angela Echeverri, Jose Alfredo Escobar, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio Fajardo, Juan Jose Gaitan, Bernardo Henao, German Alberto Herrera, Ernesto de Francisco Lloreda, Francisco Jose Lloreda, Carlos Marquez, Ricardo Moreno, Juan Navarrete, Maria Clara Posada, Juan Carlos Prias, Alejandro Ramirez, Consuelo Ramirez, Maria del Pilar Rocha, Maria Claudia Rojas, Juan Manuel Rogelis, Patricia Salgado, Camila Santamaria, Constanza Silva, Freddy Succar, Amadeo Tamayo, Blanca Eugenia Uribe, Jaime Andres Usuga, Juan Alvaro Vallejo and Jose Luis Villafañe. Uribe’s trial lasted 67 days, during which the parties presented their arguments. Prosecutor Marlenne Orjuela requested that he be convicted because, in 2018, he allegedly sent lawyer Diego Cadena to obtain testimony in prisons that would benefit him through bribery, amid reports that he had participated in organizing the «Metro Bloc» of the Self-Defense Forces in Antioquia.

The former president’s defense argument is very different, based on the fact that their client never asked Cadena to manipulate prisoners like Juan Guillermo Monsalve or Carlos Enrique Vélez to free him from illegal ties. Both Uribe and Cadena have insisted on this.

Judge Heredia will issue a first-instance ruling, which will be appealable by each party before the Superior Court of Bogotá.

In the letter, the 38 jurists referred to a concept that has been gaining ground in recent years: lawfare. In short, it translates to «legal warfare» and is based on achieving, through the use of legal tools, legal action against a person for political purposes.

The term has been mentioned by President Gustavo Petro in some of his speeches, implying that he has been a victim of it. This time, legal experts indicated that the same is true of Álvaro Uribe. «From observing and following the public trial of former President Uribe, broadcast live on the media, it can be said that it is the paradigmatic case of lawfare or judicial persecution in Colombia.»

One of the points most highlighted by the experts is the controversial month-long interception of Uribe’s phone by the Supreme Court in 2018. The high court explained that it was a mistake, as the order was intended to listen to Congressman Nilton Córdoba, in a separate case. However, what the former president said there was used in his case. «This was a judicial setup in which the basic guarantees of the right to a fair trial and due process, established in the Constitution and international human rights treaties, were ignored, with irregularities (…) Uribe was the victim of an unlawful wiretap ordered by ‘mistake’ by the judicial authority in March 2018, and despite the warning of the ‘error’ by judicial officials, the wiretaps continued illegally for more than a month; recordings of conversations between the former president and his lawyers, which enjoy absolute confidentiality, were endorsed and provided to the proceedings; and finally, legally confidential procedural information was leaked to the media, with the purpose of promoting a perception of former President Uribe’s guilt in the public eye, violating his presumption of innocence and his human rights.»

In their conclusion, the 38 jurists emphasized that the Uribe case represents a challenge for the country’s judicial system, stressing that they trust that the judges who will rule on this case will act transparently.