/Foto CNE

ShareFacebookTwitterWhatsApp

about:blank

Viernes, 28 de Noviembre de 2025

Los organismos electorales fueron incluidos dentro de la estructura del Estado, en la Constitución de 1991, con la intención de darles preponderancia y enviar una señal categórica a la ciudadanía sobre su importancia. No en vano son los encargados de velar por el sano desenvolvimiento de la democracia y, por tanto, obedecen esencialmente al desarrollo del Estado social y democrático de derecho que se estableció desde entonces.

No puede, por consiguiente, tratarse al Consejo Nacional Electoral (CNE) como una entidad de poca monta por el hecho de que su integración constitucional responda, tal cual lo quiso el constituyente primario, a las fuerzas agrupadas en el Congreso. Inclusive, una vez integrado a partir de las cláusulas legales correspondientes, es un despropósito descalificarlo como una entidad de oposición. Pero, claro, no podía esperarse una declaración diferente del Gobierno y sus controvertidos voceros políticos, cuando lo que hizo la entidad esta semana fue finalmente oficializar las graves sospechas que se tenían sobre las violaciones al régimen electoral de la campaña petrista de 2022, poniendo en tela de juicio el ejercicio financiero de la primera y segunda vueltas por un monto de 5.300 millones de pesos no declarados y, de paso, colocando en entredicho la credencial presidencial.

No se trata de una pequeña cifra, sino de un voluminoso rubro que pudo afectar el resultado de las elecciones. Y que se pretendió esconder bajo extrañas justificaciones sobre las cuales el CNE no encontró asidero alguno. A nadie, por ejemplo, puede caber en la cabeza que los pagos a los testigos electorales no eran motivo de inclusión en los registros financieros por el supuesto hecho de que la campaña terminaba con el cierre de las urnas, a las 4 de la tarde, y en consecuencia los procedimientos posteriores, en el conteo de los votos, no tenían que ser registrados contablemente. Desde luego, no iban a caer en semejante exabrupto los miembros del Consejo Electoral.

En esa dirección, además de no reportar los millonarios aportes de los más poderosos sindicatos (Fecode y USO), de la voluminosa pauta en la más grande cadena de televisión y de partidos políticos como la Unión Patriótica, el CNE no solo dictaminó sanciones administrativas por 5.992 millones de pesos, además ordenó compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para, con base en estas indagaciones y resultados, investigar al presidente de la República, Gustavo Petro, en su carácter de candidato corresponsable de la campaña. También remitió el expediente a la Fiscalía General de la Nación para lo propio frente al gerente de la misma, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, por los presuntos delitos electorales cometidos, entre ellos el fraude procesal con el propósito de desviar o burlar la acción de las autoridades pertinentes.