

Según reporte entregado por el propio mandatario departamental, el censo de afectaciones incluye daños en 110 puntos de la malla vial, al menos 2.400 viviendas afectadas, 800 familias campesinas con pérdidas en su producción, además de daños en sedes educativas, acueductos rurales y con repercusiones ambientales que requieren de seguimiento.
La declaratoria de calamidad pública es un mecanismo jurídico que facilita, en casos excepcionales, una pronta atención de las emergencias ocurridas en el territorio nacional, y su declaratoria se hace con el acompañamiento de los integrantes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.




