Así se remata un fraude

La reacción inmediata de la comunidad internacional ante la pantomima que pretende llevar a cabo Maduro ha gravitado entre el escepticismo y el rechazo absoluto.

30 de julio de 2024

Hay que ser claros y contundentes: lo de Venezuela tiene toda la pinta de ser un fraude sin precedentes. Como se había advertido en estas páginas, las intenciones de robarse las elecciones se venían fraguando desde hace días: estas no fueron, ni podían ser, elecciones libres ni transparentes. Las trabas a la oposición venezolana estuvieron latentes en todo momento.

Además de haber inhabilitado desvergonzadamente a María Corina Machado, la candidata que ganó de manera indiscutible unas primarias opositoras que, para sorpresa de nadie, el régimen también hizo todo por torpedear, el gobierno de Maduro implementó diversas tácticas para evitar que los venezolanos en el extranjero votaran. Se calcula que eran cerca de 4 millones de posibles votos que seguramente habrían inclinado la balanza en su contra.

Asimismo, el régimen bloqueó la mayoría de misiones de observación electoral, incluyendo la de la Unión Europea y la del Tribunal Electoral de Brasil, y retiró invitaciones a figuras políticas como el expresidente argentino Alberto Fernández y otros líderes latinoamericanos afines. También impidió la supervisión de varios expresidentes latinoamericanos y la entrada de políticas colombianas como Marta Lucía Ramírez, Claudia López y Angélica Lozano: al parecer, solo eran bienvenidas las personas predispuestas a avalar el fraude.

Aun así, sin importar la adversidad, con valentía y tesón, millones de venezolanos no se dejaron intimidar por las “jugaditas” del régimen y salieron a votar en masa para sacar del poder a Maduro y terminar con 25 años de intransigencia chavista. Al final de la tarde, las encuestas a pie de urna mostraban que Edmundo González había ganado por un amplio margen. Edison Research, una muy experimentada consultora que ha hecho investigaciones en más de 60 países, tenía a González con el 65%, más del doble que Maduro. Estas cifras concordaban con las encuestas creíbles publicadas días antes de las elecciones. Además, según la oposición, también con las actas de mesas electorales que lograron obtener: en todas ellas constaba que González tenía una ventaja del 49% sobre Maduro.

Sin embargo, el régimen ejecutó un robo de elecciones de manual. Pasadas las 12 de la noche, el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad completamente controlada por Maduro, anunció que había una tendencia irreversible que indicaba que este había ganado con el 51% de los votos. No hubo boletines intermedios. Horas antes, la transmisión de datos se había suspendido súbitamente y la página del CNE se encontraba caída, en medio de denuncias de la oposición que informaban sobre miembros de las Fuerzas Armadas intimidando jurados en varios centros de votación y tratando de llevarse los votos físicos. Paralelamente, a los testigos generales de la oposición se les impidió entrar al CNE para supervisar la transmisión de las actas electorales.

No obstante, doce horas después, sin que las actas electorales hubiesen sido publicadas, el mismo CNE posesionó a Maduro como presidente. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que hubo “un intento de alterar el resultado electoral” que afectó la transmisión de resultados, y acusó a María Corina Machado, Leopoldo López y Lester Toledo de ser los responsables de la afectación. Todo sacado del manual para dictadores.

Por todas estas irregularidades, no debería sorprender que la reacción inmediata de la comunidad internacional ante la pantomima que pretende llevar a cabo Maduro haya gravitado entre el escepticismo y el rechazo absoluto. El Centro Carter, una de las pocas misiones de observación electoral avaladas por el CNE, pidió que se publicaran inmediatamente resultados detallados de las elecciones antes de poder dar un veredicto respecto a la legitimidad de la elección. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, instó al gobierno venezolano a contar los votos con “total transparencia”. Los Gobiernos de Argentina, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron una revisión completa de los resultados. Gabriel Boric, presidente de Chile, expresó que los resultados eran “difíciles de creer” y que su país no reconocería ningún resultado que no fuera “verificable”. Una postura similar a la de las autoridades de Estados Unidos, que se mostraron preocupadas porque el resultado anunciado “no reflejara la voluntad del pueblo venezolano”.