AGRICULTURA COLOMBIANA EN VILO: PLAGUICIDAS, IMPORTACIONES DE MIEL Y UN DECRETO POLÉMICO.

POR: LUIS ALBERTO FIGUEROA – LUALFI – TARJETA PROFESIONAL 0222 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

En varias regiones de Colombia, los agricultores advierten sobre una combinación de factores que ponen en riesgo tanto los cultivos como la apicultura. Las fuertes lluvias, el uso indiscriminado de plaguicidas y la ausencia de control riguroso sobre la miel importada están presionando al sector agrícola. En el departamento de Risaralda, los apicultores denuncian que el Decreto 0874 de 2025, que reglamenta la Ley 2193 de 2022 de fomento a la apicultura, fue expedido sin la participación del gremio y presenta vacíos normativos que agravan la crisis ambiental y económica.

Según estadísticas de Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ya se han registrado decenas de muertes de abejas en diferentes departamentos del país, incluyendo Risaralda — lo cual alerta sobre el impacto de los agroquímicos en los polinizadores clave para la producción agrícola. Los apicultores del Eje Cafetero señalan que la inundación de miel importada, sin los controles adecuados de calidad y procedencia, debilita su competitividad y deja al descubierto fallas en la reglamentación.

El Decreto 0874 de 2025 establece formalmente las reglas para implementar la Ley 2193, con el objetivo de “fomentar y desarrollar la apicultura en el territorio nacional”. Sin embargo, los productores denuncian que la regulación no contempla mecanismos efectivos de vigilancia de la miel importada ni fija sanciones claras al uso incorrecto de plaguicidas que afectan los apiarios. Estas omisiones, dicen, dejan la puerta abierta a competencia desleal y al deterioro del ecosistema apícola.

Por su parte, los agricultores de cultivos tradicionales enfrentan también la presión por el cambio climático y los eventos extremos como lluvias intensas, que aumentan la vulnerabilidad frente al uso de agroquímicos. En este marco, los productores locales solicitan una revisión participativa del decreto, inclusión del gremio apícola y la creación de incentivos para prácticas agrícolas menos agresivas con los polinizadores. El ICA, de hecho, señala que se requiere un manejo integrado de plagas (MIP) que reduzca el impacto de los plaguicidas en las abejas y otros insectos benéficos.

Para los apicultores de Risaralda y demás zonas afectadas, el momento es crítico. No sólo se ven amenazados sus ingresos por la entrada de miel de dudosa legalidad, sino también su sustento por la reducción de colonias. La agricultura del país, que depende en gran medida de la polinización para la producción de frutas, café y otros cultivos, podría enfrentar un círculo de efectos negativos si no se atiende de forma integral la reglamentación, el manejo de insumos y la protección de los ecosistemas. En suma, reclaman que la norma no basta sin controles, monitoreo y concertación real con los implicados.