Una cosa es pedir que se investigue, como lo hizo el presidente Gustavo Petro en un extenso trino en su cuenta de la red social X, y otra cosa distinta es utilizar expresiones que riñen con la verdad.
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Estamos de acuerdo con el presidente Gustavo Petro en que es necesario que la Fiscalía siga investigando todo lo relacionado con el caso Odebrecht y, lo más importante, que dé resultados. En otros países de América Latina se han dado la pela de ir hasta las últimas consecuencias y en Colombia la justicia tiene que actuar a fondo para que se pueda cortar de raíz la corrupción.
En ese sentido también es más que bienvenido el anuncio del fiscal general, Francisco Barbosa, de que la entidad a su cargo hará 60 nuevas imputaciones sobre el caso. Habrá quienes digan que es tarde, pero el Fiscal no solo tiene explicación –dice que lo recibió muy desordenado– sino que dio muestras de no estar engavetando nada con la imputación de cargos que la Fiscalía hizo a Óscar Iván Zuluaga hace poco más de un mes, cuando aún nadie estaba hablando del caso.
Sin embargo, una cosa es pedir que se investigue, como lo hizo el presidente Gustavo Petro en un extenso trino en su cuenta de la red social X, y otra cosa distinta es utilizar expresiones que riñen con la verdad. Decir que la “impunidad” del caso Odebrecht “pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo Fiscal de la terna enviada por el presidente tal como ordena la Constitución Nacional” es una falacia. Eso no ha ocurrido. Lo único que ha pasado es que la Corte Suprema nunca elige Fiscal mientras el que esté en funciones no haya completado su período. El periodo de Barbosa se termina en febrero de 2024 y solo entonces la Corte no comenzará a estudiar la terna. Querer cambiar los tiempos que la Constitución ha definido para el equilibrio de poderes, anticipar el nombramiento de Fiscal, esa sí que sería una falta contra la democracia.
También dice Petro que “se ha intentado hasta impedir al presidente presentar la terna con este propósito sin pensar siquiera en la Constitución”. ¿Quién se lo ha impedido? Todos los colombianos vimos la carta que mandó la Presidencia con la terna de tres mujeres con gran trayectoria en la Fiscalía. ¿Por qué esa necesidad de hacerse siempre la víctima de una conspiración?
Y una última frase polémica de su trino: “Este gobierno desea blindar de hechos de corrupción judicial la Fiscalía General de la Nación en el futuro”. Si bien, en este caso no riñe con la verdad, porque reconocemos el genuino interés que puede tener al respecto, de todas maneras hay que decir que los escándalos de corrupción que se han dado en su gobierno en el primer año no son propiamente prenda de garantía para sustentar esta promesa.
De hecho, más allá de que Petro quiera hacer ver que en este caso todo ha sido impunidad, hay que recordar que hace apenas un mes la Fiscalía imputó cargos al excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga. Además, el entonces presidente de Corficolombiana José Elías Melo está pagando una condena por este caso de casi 12 años; Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, fue condenado a cinco años de prisión, y Gabriel García, el que fue viceministro del gobierno de Álvaro Uribe, también pagó cinco años de cárcel.
No solo eso. También se ha investigado y castigado el caso en otras instancias. La Superintendencia de Industria y Comercio imputó y falló en primera y segunda instancia en contra de los responsables de los sobornos, así que fueron multadas empresas de Odebrecht, empresas del Grupo Aval y a título personal también respondió José Elías Melo. En total, fueron sancionadas con multas que suman más de 290.000 millones de pesos.
Por supuesto que aún quedan asuntos por investigar: el más grave es que Corficolombiana reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó sobornos por 28 millones de dólares, y ante el regulador de la bolsa (SEC) dijo que eran más de 20 millones, pero en Colombia solo sabíamos del pago de coimas a Gabriel García Morales por 6,5 millones de dólares, que fueron repartidos entre congresistas como Otto Bula y Bernardo “el ñoño” Elías y entregados por José Elías Melo. ¿Cuáles son los otros 21,5 millones de dólares? ¿A quién más le pagaron por obtener el contrato de la Ruta del Sol?
Es claro que la sanción impuesta en Estados Unidos no es una declaración de inocencia del Grupo Aval o de Corficolombiana, por el contrario, ambas empresas reconocieron las prácticas corruptas, que junto a Odebrecht, les allanaron el camino para ese contrato, y con esto se evitaron sanciones mayores e incluso procesos penales.
Está bien pedir que se haga justicia. Y está bien también estar vigilante y no cejar hasta que ello ocurra. Pero no se escapa el hecho de que esta fiebre tuitera con el caso Corficolombiana llega en un momento en que el Presidente sufre de numerosos reveses ante la opinión pública: por las andanzas de su hijo, por el escándalo aún no resuelto de Benedetti y Sarabia, por sus propias tardanzas y desapariciones, por el narco de Casanare, por la desaceleración de la economía, por la baja ejecución del gobierno, y por los hechos de violencia que día a día protagonizan sus aliados de la “paz total”.
A Petro siempre le ha resultado denunciar para atraer la atención de la opinión pública y sin duda es importante no dejar pasar temas de corrupción tan gordos como este. Pero eso no puede ser óbice para que el mandatario se distraiga aún más de las múltiples tareas que tiene pendientes en el ejercicio de Gobierno.
El presidente concluye su trino con una buena idea: “A los partidos políticos les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos”. Y sería coherente que el Pacto Histórico revisara en los escándalos recientes si también debe devolver dineros donados por personajes cuestionados o de aquellos que financian a cambio de contratos




