Rodrigo Londoño Echeverri, líder del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, cuestionó la voluntad del presidente Iván Duque para cumplir la implementación de los acuerdos de paz.

A través de una carta abierta dirigida al Jefe del Estado señala a la ministra del Interior saliente, Nancy Patricia Gutiérrez, ahora nombrada consejera presidencial para los Derechos Humanos. ¿El argumento? Se lo dio ella misma, según relata en su misiva porque la funcionaria recientemente reconoció que para “el Gobierno” el “Acuerdo de Paz es una carga”.

Rodrigo Londoño relata que “en los acuerdos de La Habana, el Estado colombiano se comprometió a rodear de numerosas garantías a los reincorporados, a los líderes sociales y a los dirigentes de la oposición, a todo el que ejerza la política”, pedido que para él no están en la realidad.

“Es absolutamente claro que nada de eso se estácumpliendo», sentencia de manera categórica.

Y vuelve a poner la lupa en la responsable de la política en el gabinete. «Y las razones para ello nos la suministró la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Para su Gobierno, según ella, el acuerdo de paz es una carga”, reitera.

El dirigente del partido que surgió de los Acuerdos de Paz, firmados con la administración de Juan Manuel Santos, subraya que la funcionaria dijo que el proceso de paz era “semifallido”.

“Un asunto que dividió al país, que lo polarizó al extremo. Una cuestión semifallida como consecuencia de que los exguerrilleros no cumplimos. (…) Cualquiera comprende su intención. Librémonos del fardo y volvamos a la guerra total, que esa sí tenía unidos a los colombianos, esa sí que no polarizaba.”, reflexiona en su texto.

Por eso concluye que su nombramiento en su nuevo cargo es “como para salir corriendo”.

Londoño muestra su inquietud por la seguridad de los exmilitantes de la guerrilla de las Farc no sólo en los campos y ciudades sino en los propios espacios territoriales.

Así, por ejemplo, explica el reciente caso ocurrido en el ETCR Santa Lucía, en Ituango con César Darío Herrera, un hombre que había dejado las armas para hacer política legal. Para Londoño este es un botón de muestra que “dice mucho del rumbo del país y el futuro que se le avecina”.

“Un muchacho muy joven, sano, preocupado por su futuro económico, dedicado a sacar adelante su propio proyecto productivo, terminó baleado por las mismas manos criminales que asesinaron a una docena de exguerrilleros en esa localidad”, indica.

“Diversos hechos relacionados con su asesinato obligan a meditar profundamente lo que ocurre, no solo en Ituango o Antioquia, donde suman ya 25 reincorporados víctimas de homicidios a mansalva, sino en gran parte del territorio nacional”, añadió.

Advierte que estos hechos también generaron preocupación en los demás excombatientes que se encuentran allí, quienes estudian la posibilidad de desplazarse para buscar “tierras productivas” donde no se sientan en peligro.

Timochenko, además, expresa que cuando atacaron a Herrera, las autoridades no les permitieron a los ex-Farc que habitan el ETCR salir a socorrerlo, pues “no se garantizaban las medidas seguridad”.

Según él, lo mismo sucedió con Pastor Alape, quien quería viajar hacia Santa Lucía para estar al frente de la situación, pero “las informaciones de prensa indican que las autoridades le pusieron de presente que correría peligro”.

Londoño señala en la cara que todo esto le deja “un sabor amargo. Al parecer las autoridades tienen claridad en el sentido de que existe en esa zona un poder capaz de golpear por encima de todas las medidas de seguridad. Y lo que es peor, de hacerlo en la impunidad absoluta. Muy grave para su gobierno”, le dice al presidente Duque.

Londoño deja en la mesa los juicios a Colombia en referencia al asesinato a líderes sociales, la corrupción, entre otras, criticando los pronunciamientos de la Fiscalía, donde las cifras de defensores asesinados son menores a múltiples denuncias.

Asimismo, deja en entredicho la verdadera garantía de la protesta social, uno de los puntos mencionados en el acuerdo de paz y que desde el Gobierno se estaría deslegitimando.

EL TIEMPO.