

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
Un consejo de seguridad extraordinario fue convocado en la ciudad de Pereira tras una amenaza directa contra el personal del INPEC y varios internos del patio quinto de la cárcel La 40, luego de que un grupo autodenominado «Nueva Generación» atacara a tiros la puerta del penal y dejara un panfleto intimidatorio en el que declara un «plan pistola» contra quienes tengan vínculos con una estructura criminal conocida como «la Oficina», señalada de ejercer control violento dentro de ese patio.
El panfleto hallado en las instalaciones del centro penitenciario advierte con tono amenazante: «Informamos a todos los internos y guardias de este establecimiento que estamos en un plan pistola para todo aquel que participe y se mezcle con los de la Oficina, quienes son los que mandan en ese patio». El texto también hace una mención directa al capitán Mauricio Andrés Erazo, lo que eleva el nivel de alerta sobre la integridad del personal uniformado del establecimiento.
Según el contenido del panfleto, el grupo justifica su accionar señalando que «la Oficina» lleva años controlando, golpeando y maltratando a los internos, y responsabiliza a esta estructura de muertes periódicas al interior del patio. La amenaza se enmarca en lo que el grupo describe como un acto de «rebeldía» frente a años de sometimiento, lo que sugiere una disputa interna por el control del orden carcelario en ese patio específico.
Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades adoptaron medidas inmediatas durante el consejo de seguridad extraordinario. Entre las decisiones tomadas se destacan el refuerzo de la seguridad externa con presencia activa de la Policía Nacional y el traslado de varios internos considerados en riesgo o vinculados a la situación de conflicto. Estas acciones buscan reducir la tensión al interior del penal y garantizar la integridad tanto de los reclusos como del personal de guardia.
La situación en La 40 de Pereira pone nuevamente en evidencia la compleja realidad que enfrentan los centros de reclusión del país, donde las disputas entre estructuras criminales al interior de los patios representan un riesgo permanente para la seguridad penitenciaria. El ataque armado a la puerta del penal y la circulación de panfletos amenazantes son señales de alerta que demandan una respuesta institucional sostenida, coordinada y efectiva por parte del INPEC, la Policía y las autoridades locales.
English version
Armed Threat Shakes La 40 Prison in Pereira: «Nueva Generación» Group Declares «Hit Plan» Against Guards and Inmates
By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Colombian Ministry of National Education
An extraordinary security council was convened in the city of Pereira following a direct threat against INPEC staff and several inmates housed in Ward Five of La 40 prison. A group calling itself «Nueva Generación» (New Generation) opened fire on the prison’s entrance and left behind an intimidating pamphlet declaring a «hit plan» targeting anyone associated with a criminal structure known as «la Oficina,» which is accused of exercising violent control within the ward.
The pamphlet found at the facility warned: «We inform all inmates and guards of this establishment that we have a hit plan for anyone who participates or mingles with those from la Oficina, who run this ward.» The document also includes a direct reference to Captain Mauricio Andrés Erazo, significantly raising the threat level against uniformed prison personnel.
According to the pamphlet’s content, the group justifies its actions by claiming that «la Oficina» has spent years controlling, beating, and mistreating inmates, holding it responsible for recurring deaths inside the ward. The threat is framed as an act of «rebellion» against years of subjugation, pointing to an internal power struggle over control of the prison ward.
In response to the severity of the situation, authorities took immediate action during the extraordinary security council. Key decisions included reinforcing external security with active deployment of the National Police and the transfer of several inmates considered to be at risk or linked to the conflict. These measures aim to reduce tensions inside the facility and ensure the safety of both inmates and prison staff.
The situation at La 40 in Pereira once again highlights the complex reality facing detention centers across the country, where disputes between criminal structures inside prison wards pose a constant threat to penitentiary security. The armed attack on the prison entrance and the circulation of threatening pamphlets are clear warning signs demanding a sustained, coordinated, and effective institutional response from INPEC, the National Police, and local authorities.



