Seis de cada diez periodistas en Colombia han sido víctimas de violencia de género en sus espacios de trabajo.-

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

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La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este miércoles que seis de cada diez periodistas en el país han sufrido alguna forma de violencia de género en sus entornos laborales, una cifra que, según la entidad, «evidencia el carácter estructural del acoso» en el gremio. El pronunciamiento se produce en medio de una reciente ola de denuncias públicas que ha sacudido a instituciones, empresas y espacios cotidianos en todo el territorio nacional.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue contundente al señalar que el acoso sexual en los medios de comunicación no se sostiene únicamente por quienes lo ejercen, sino también «por el silencio, la impunidad y la normalización». A través de un video divulgado por su despacho, la funcionaria reveló además que ocho de cada diez periodistas conocen casos de violencia contra sus propias colegas, lo que refleja una problemática ampliamente conocida dentro del sector, pero históricamente silenciada.

La funcionaria subrayó que los agresores en entornos periodísticos suelen ser personas que ostentan posiciones de poder dentro de los mismos espacios laborales, lo que genera relaciones de dependencia que dificultan la denuncia oportuna. Este patrón de abuso de autoridad convierte al lugar de trabajo en un escenario de vulnerabilidad sistemática para las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia.

El contexto del pronunciamiento no es casual. Las declaraciones de la Defensoría coinciden con denuncias públicas que involucran a figuras reconocidas del periodismo colombiano, entre ellas las que señalan a los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego por presuntas conductas de acoso sexual hacia colegas. Estos casos han generado un amplio debate sobre los mecanismos de protección a las víctimas dentro de las organizaciones de medios y han movilizado al gremio en respaldo a las afectadas.

Uno de los aspectos más reveladores del análisis de la Defensoría es la explicación sobre por qué las víctimas no denuncian de manera inmediata. Según la entidad, las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren, sino cuando pueden hacerlo, impulsadas por el temor a represalias, la pérdida del empleo o la desconfianza en los mecanismos institucionales disponibles. Este fenómeno, lejos de ser una señal de falta de credibilidad, refleja las barreras reales que enfrentan quienes deciden alzar la voz.

El llamado de la Defensoría del Pueblo es claro: Colombia necesita transformaciones estructurales en sus entornos laborales, especialmente en sectores con alta exposición pública como el periodismo. La violencia de género en los medios de comunicación no es un problema aislado ni reciente; es una realidad que exige respuestas institucionales firmes, cultura organizacional de cero tolerancia y garantías reales para que las víctimas puedan denunciar sin miedo.

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English version

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Six Out of Ten Journalists in Colombia Have Experienced Gender-Based Violence in the Workplace

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional License 0222 issued by the Colombian Ministry of National Education

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Colombia’s Office of the People’s Defender (Defensoría del Pueblo) warned this Wednesday that six out of ten journalists in the country have experienced some form of gender-based violence in their workplaces, a figure the institution described as evidence of the «structural nature of harassment» within the profession. The statement comes amid a recent wave of public allegations that has shaken institutions, companies, and everyday spaces across the country.

People’s Defender Iris Marín was unequivocal in stating that sexual harassment in the media industry is not sustained solely by those who commit it, but also by «silence, impunity, and normalization.» In a video released by her office, she also revealed that eight out of ten journalists are aware of cases of violence against their colleagues, reflecting a problem that is widely known within the sector but has long been kept quiet.

Marín emphasized that aggressors in journalistic environments are typically individuals who hold positions of power within those same workplaces, creating relationships of dependency that make timely reporting extremely difficult. This pattern of abuse of authority turns the workplace into a space of systematic vulnerability for women working in Colombian journalism.

The timing of the statement was not coincidental. The Defensoría’s declarations came alongside public allegations involving well-known figures in Colombian journalism, including accusations against journalists Jorge Alfredo Vargas and Ricardo Orrego for alleged sexual harassment of colleagues. These cases have sparked a broad national debate about victim protection mechanisms within media organizations and have mobilized the journalism community in support of those affected.

One of the most revealing aspects of the Defensoría’s analysis concerns why victims do not report incidents immediately. According to the institution, women do not come forward when the events occur — they do so when they are able to, driven by fear of retaliation, job loss, or distrust in institutional reporting mechanisms. Far from undermining their credibility, this reality reflects the very real barriers faced by those who ultimately choose to speak out.

The Defensoría del Pueblo’s message is clear: Colombia needs structural change in its workplaces, particularly in high-profile sectors like journalism. Gender-based violence in the media is neither an isolated nor a recent problem — it is a reality that demands firm institutional responses, a zero-tolerance organizational culture, and genuine guarantees that victims can report abuse without fear.