Es innegable que el país asiste a una de las campañas electorales más golpeadas por la violencia en las últimas dos décadas. El asesinato de un senador y precandidato presidencial en Bogotá el año pasado, los atentados a otros parlamentarios y aspirantes en distintas regiones en meses recientes, así como las acciones de injerencia de los grupos armados ilegales en varios departamentos en donde han amenazado, hostigado o vetado a partidos y dirigentes, ponen de presente que la democracia está enfrentando uno de sus mayores desafíos.

Los informes de la Misión de Observación Electoral, así como de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de centenares de municipios con distintos niveles de riesgo, sobre todo por la presión de facciones guerrilleras y de bandas criminales que buscan incidir directa o indirectamente en el voto de la ciudadanía.

Lo que más impacta de este complicado escenario es que el clima adverso para candidatos al Senado y la Cámara, e incluso a la propia Casa de Nariño, no se presenta solo en poblaciones aisladas o en zonas veredales o corregimientos con escasa presencia institucional o de la Fuerza Pública. También hay denuncias crecientes en torno a que en las capitales departamentales y ciudades intermedias hay cada día más factores delincuenciales que buscan vulnerar la libertad y transparencia de la campaña proselitista.

Una prueba de ello es que la propia Defensoría del Pueblo advertía días atrás que en las localidades de Los Mártires y Santa Fe, en la capital del país, las bandas criminales Clan del Golfo y Tren de Aragua (esta última de origen venezolano) eran factores de riesgo electoral.

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A su turno, un reporte de Asocapitales identificó “riesgos diferenciados en varias ciudades capitales, debido a su concentración de poder político, institucionalidad y censo electoral”. Especificó factores de amenaza en Bogotá, Cali, Santa Marta, Medellín, Florencia, Arauca, Cartagena y Barranquilla. “El análisis concluye que las capitales se convierten en escenarios estratégicos donde convergen riesgos de coacción armada y manipulación electoral”, se precisó.

A lo anterior se suma que varios candidatos y líderes de la oposición han advertido que en algunas capitales y ciudades intermedias sus vallas políticas han sido vandalizadas, así como otras piezas de propaganda electoral.

Todo este escenario evidencia una situación muy grave, sobre todo porque está claramente establecido que el fortalecimiento de la capacidad criminal de las estructuras del Eln, los grupos residuales de las Farc, así como de las bandas criminales de alto espectro, tipo Clan del Golfo, Tren de Aragua o Los Pachenca, tiene una relación directa no solo con la deficiente política de seguridad y orden público de la administración Petro, sino, principalmente, con la forma en que esas organizaciones delincuenciales se aprovecharon de las gabelas que se les otorgaron, directa o indirectamente, en el marco de la implementación de la política de ‘paz total’. En otras palabras, por acción u omisión la Casa de Nariño tiene una alta cuota de responsabilidad en lo que está ocurriendo en los principales conglomerados urbanos en cuanto a riesgo electoral.

Más grave aún resulta lo denunciado por distintos candidatos antipetristas en torno a que para esta campaña también se estaría configurando una especie de “Pacto de la Picota II”, en referencia a que actores delincuenciales podrían coaccionar a la población de zonas rurales e incluso urbanas para que no voten por aspirantes o partidos opositores. Incluso se denuncia que con ese mismo objetivo en algunas regiones estarían circulando inmensas cantidades de dinero para la compra de votos. Recursos provenientes de la corrupción o del auge de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, minería criminal, extorsión y secuestro.

De otra parte, si bien es cierto que grupos armados como el Eln anunciaron días atrás una especie de ‘tregua’ en sus operaciones ilegales para no interferir con los comicios parlamentarios de este 8 de marzo, ayer el Ejército anunció que “a menos de dos semanas de los comicios legislativos” desmanteló en la localidad de Usme un taller para la fabricación de artefactos explosivos que pertenece a esa guerrilla.

Como lo indicamos días atrás en estas páginas, mientras el gobierno Petro busca imponer la falsa narrativa de un presunto riesgo de fraude electoral a gran escala, el verdadero peligro está en la coacción de los grupos armados ilegales sobre el ejercicio libre de la democracia y el derecho al voto. Un peligro que, si bien se siente más en zonas rurales y de periferia, ahora asoma de manera muy peligrosa en las capitales y ciudades intermedias, poniendo en evidencia cómo en los últimos tres años la delincuencia le está ganando terreno al Estado y limitando su capacidad de aplicar el principio de legítima autoridad.