Un pleito inoficioso

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Viernes, 27 de Enero de 2026.-

* Diálogo, la vía de Colombia y Ecuador

* Responsabilidad antidroga compartida

El pico de tensión entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, que desembocó en una especie de ‘guerra comercial’, tiene que desactivarse en el término de la distancia. Para ello no solo hay que privilegiar los canales diplomáticos y la comisión binacional que funciona desde hace muchos años, sino que debe partirse de la disposición de lado y lado para aceptar la responsabilidad compartida en seguridad y orden público fronterizos, ya que la inconformidad de Quito en este campo fue la que dio origen a la crisis de esta semana.

Por lo mismo, la obligación de ambas administraciones es llegar a la reunión binacional en próximos días planteando más soluciones que exigencias. Resulta clave que, tanto la Casa de Nariño como el Palacio de Carondelet, todavía tienen un amplio menú de medidas retaliatorias para imponer o replicar, más allá de las típicamente arancelarias, energéticas y petroleras.

Pero no se trata de profundizar el pulso, sino de normalizar las relaciones entre dos países hermanos, que comparten una frontera de más de 600 kilómetros y tienen un alto intercambio social y económico. Además, son dos aparatos productivos complementarios que movilizan 2.800 millones de dólares al año.

Son muy positivas, a decir verdad, las cifras operacionales contra el narcotráfico, minería criminal, contrabando y otros delitos de alto impacto en el territorio fronterizo que expusieron esta semana las autoridades de lado y lado. La falla recurrente termina siendo, entonces, la deficiente coordinación para el combate de fenómenos delincuenciales que actúan indistintamente en territorio colombiano o ecuatoriano. Es ahí en donde debe enfocarse la capacidad de los gobernantes para encontrar una solución efectiva y concreta.

Es innegable que las medidas unilaterales e inamistosas, como la decisión inicial de Ecuador de imponer una “tasa de seguridad” correspondiente a un arancel del 30 % a los productos colombianos, pudieron haberse evitado, incluso enviando antes una alerta respectiva a la administración Petro en pos de conseguir una respuesta inmediata.

Aplicar, sin previo aviso, esa sanción resulta tan improcedente como si la Casa de Nariño, en este o anteriores gobiernos, hubiera procedido a un castigo comercial similar porque las autoridades del vecino país no custodiaban de forma eficaz su zona limítrofe por la cual pasaban decenas de miles de migrantes ilegales con destino al Tapón del Darién y de allí hacia Centroamérica y la frontera sur de Estados Unidos…

Si bien nadie desconoce las diferencias políticas e ideológicas entre Petro y Noboa, estas deben quedar de lado cuando afectan la relación bilateral y perjudican a gran parte de la población. Por más que ambos gobiernos tengan enfoques distintos en torno a cómo combatir los narcocultivos, los grupos armados ilegales y mafias que se lucran de los mismos, así como los modus operandi que utilizan para proteger sus enclaves delictivos, hay un amplio margen de medidas a coordinar en cuanto a la seguridad fronteriza.

Se está aquí ante facciones criminales compuestas por colombianos y ecuatorianos. No se trata únicamente de guerrilleros de nuestro país que van y vuelven. También se ha comprobado que los carteles mexicanos y albaneses están manejando parte del negocio de la droga en toda esta área binacional. Incluso, muchos actos de sevicia y violencia extrema en Nariño y Putumayo, así como en las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas fueron ordenados por esas organizaciones extranjeras.

Visto todo lo anterior, se impone que, en la reunión de la próxima semana, se hable de manera abierta y sincera sobre este tema. La cruzada sin cuartel y con cero margen de negociación del gobierno Noboa contra el narcotráfico es una decisión soberana de ese país. No en vano acabar con las mafias y recuperar la seguridad y orden público fue la bandera que le permitió la reelección el año pasado, derrotando a la izquierda.

Y, por lo mismo, en este lado de la frontera, por más que la administración Petro tenga una política antidroga distinta, en la que incluso se busca desactivar por la vía del diálogo estructuras guerrilleras en Nariño y Putumayo -claramente financiadas por el narcotráfico-, debe existir el compromiso de reforzar la seguridad y vigilancia en el área limítrofe. De hecho, el Ministerio de Defensa de nuestro país dio esta semana un parte destacable de todas las operaciones, combates y decomisos de alcaloides realizados allí en el último año.

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Más allá de la tensión bilateral con que cierra la semana, Colombia y Ecuador son dos países hermanos. Distanciarse y plantear un pulso político y económico a los únicos que termina beneficiando es a los criminales, en tanto se afecta a millones de personas en ambas naciones. Esa es la premisa para desactivar esta crisis en la reunión de la próxima semana. No hay excusas.