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Nuevo campanazo sobre la crisis en el sistema de salud.
Foto: NUEVO SIGL

Lunes, 3 de Diciembre de 2025.-

No hay semana en la que se dejen de lanzar alertas sobre el agravamiento de la crisis en el sistema de salud. Cuando no son las asociaciones de pacientes, el turno es para el gremio de las aseguradoras, los voceros de las clínicas y hospitales, el sector farmacéutico y otros actores de un modelo de atención médica que años atrás figuraba, sin desconocer las fallas que evidenciaba, entre los más eficientes y de mayor cobertura y funcionalidad a nivel mundial.

El último campanazo lo dio ayer la Vicepresidencia de Salud y la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud de la ANDI, instancias gremiales que hicieron un llamado urgente al gobierno Petro ante lo que calificaron como un deterioro acelerado de la cartera del sector y el creciente riesgo de desfinanciamiento que afecta, de manera directa, la atención y la oportunidad de los servicios que deben recibir los pacientes en todo el territorio.

El panorama financiero es cada día más crítico, según una encuesta realizada por la ANDI a 23 instituciones prestadoras del servicio (clínicas y hospitales). El sondeo confirmó un crecimiento “desbordado” de la cartera, situación que está comprometiendo “la continuidad de tratamientos, la estabilidad operativa de las instituciones y la capacidad para garantizar productos y servicios esenciales para la salud de los colombianos”.

Aunque las cifras sobre aumento de las deudas, su morosidad y los tiempos para obtener el pago por parte de las EPS están limitadas a los registros de las entidades sanitarias encuestadas, los porcentajes sobre el incremento en general del hueco financiero y las obligaciones vencidas entre distintos actores del sistema son alarmantes.

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Lamentablemente, como lo reiteramos días atrás, el Ministerio y la Superintendencia del ramo, así como el propio Gobierno se muestran indolentes ante las constantes alertas. Por el contrario, utilizan la carga dramática de estos llamados para tratar de empujar la aprobación del polémico proyecto de reforma a la salud que sigue trabado en el Congreso debido a que el modelo que propone es inviable, anacrónico, estatizado y, como si fuera poco, no cuenta con un aval fiscal sólido y creíble sobre cómo se financiará su implementación.

En el entretanto, el Ejecutivo sigue incumpliendo con los mandatos de la Corte Constitucional frente al reajuste de la Unidad de Pago por Capitación, que es el corazón financiero del actual sistema.