Marco Rubio desata polémica al calificar a Gustavo Petro como obstáculo en alianza militar.

El 23 de octubre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, generó controversia al declarar que las fuerzas militares de Colombia mantienen una postura favorable hacia Washington, pero que el verdadero problema radica en el presidente Gustavo Petro. Las declaraciones se dieron en medio de una creciente crisis diplomática entre ambos países, marcada por tensiones políticas y acusaciones cruzadas que han encendido el debate sobre la estabilidad regional.

Rubio afirmó que los cuerpos armados colombianos son “pro-estadounidenses” y que Petro representa un obstáculo para la cooperación bilateral. En su intervención, calificó al mandatario colombiano como “lunático” e “impopular”, y lamentó que el pueblo colombiano deba soportar su gobierno hasta mayo del próximo año. Estas palabras se suman a una serie de ataques verbales que han intensificado el conflicto diplomático entre Bogotá y Washington.

El funcionario estadounidense también destacó la reciente decisión del Congreso colombiano de declarar al régimen de Nicolás Maduro como una organización narcoterrorista, lo que, según él, evidencia una clara diferencia entre las instituciones colombianas y la postura del presidente Petro. Esta votación, que obtuvo una amplia mayoría, fue interpretada como un gesto de alineación con los intereses de Estados Unidos en la región.

Rubio insinuó que se están evaluando operaciones terrestres contra redes de narcotráfico, en colaboración con aliados como Ecuador y El Salvador. Aunque no confirmó una estrategia específica, dejó entrever que Washington considera nuevas acciones para enfrentar el tráfico de drogas en América Latina, lo que podría implicar una mayor presencia militar en zonas sensibles.

Las declaraciones del secretario de Estado reflejan un endurecimiento del discurso estadounidense hacia Colombia y podrían tener repercusiones en la cooperación en seguridad, comercio y política exterior. Analistas advierten que esta confrontación podría derivar en un distanciamiento institucional entre ambos gobiernos, afectando acuerdos clave en la lucha contra el narcotráfico y la estabilidad regional.

English version

Marco Rubio sparks controversy by calling Gustavo Petro an obstacle in the military alliance.

On October 23, U.S. Secretary of State Marco Rubio stirred controversy by stating that Colombia’s military forces are aligned with Washington, but that the real issue lies with President Gustavo Petro. His remarks came amid a growing diplomatic crisis between the two nations, marked by political tensions and mutual accusations that have raised concerns about regional stability.

Rubio claimed that Colombia’s armed forces are “pro-American” and that Petro is a hindrance to bilateral cooperation. He described the Colombian president as “lunatic” and “unpopular,” lamenting that the Colombian people must endure his leadership until May of next year. These comments add to a series of verbal attacks that have escalated the diplomatic conflict between Bogotá and Washington.

The U.S. official also highlighted the recent decision by the Colombian Congress to designate Nicolás Maduro’s regime as a narco-terrorist organization, which he said demonstrates a clear divide between Colombia’s institutions and Petro’s stance. The vote, which passed with a strong majority, was seen as a gesture of alignment with U.S. interests in the region.

Rubio hinted at the possibility of ground operations against drug trafficking networks, in coordination with allies such as Ecuador and El Salvador. While he did not confirm a specific strategy, he suggested that Washington is considering new actions to combat drug trafficking in Latin America, potentially increasing military presence in sensitive areas.

The Secretary of State’s statements reflect a hardening of the U.S. position toward Colombia and could impact cooperation on security, trade, and foreign policy. Analysts warn that this confrontation may lead to institutional distancing between the two governments, affecting key agreements in the fight against drug trafficking and regional stability.