Reforma a la salud enfrenta críticas por millonario giro a EPS.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una fuerte advertencia este jueves en Bogotá sobre el impacto económico que podría tener la ponencia alternativa de la reforma a la salud presentada en el Congreso. Según el funcionario, el nuevo texto permitiría que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) administren más de 60 billones de pesos en recursos públicos, a pesar de sus problemas financieros y de gestión. La preocupación del Gobierno se centra en el uso de impuestos para cubrir deudas privadas, lo que podría comprometer la sostenibilidad del sistema.

El Ministerio considera que esta propuesta transforma el modelo de financiación, desviando el propósito de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) hacia el fortalecimiento patrimonial de actores privados. En lugar de garantizar servicios médicos, los recursos podrían terminar respaldando balances contables de entidades con historial de insolvencia. Esta visión ha encendido el debate sobre el papel de las EPS en el sistema de salud colombiano.

Además del riesgo financiero, el Gobierno advierte que el Estado asumiría responsabilidades por gastos excesivos de las EPS, lo que podría generar un precedente peligroso. La reforma, tal como está planteada en esta ponencia, implicaría que el presupuesto público cubra compromisos adquiridos por empresas privadas, afectando directamente los fondos destinados a hospitales, clínicas y proveedores.

El contexto político también influye en la discusión. La división entre sectores del Congreso sobre el enfoque de la reforma refleja tensiones ideológicas y disputas sobre el modelo de atención. Mientras algunos defienden la continuidad de las EPS como intermediarias, otros promueven un sistema más centralizado y público. Esta polarización podría retrasar la aprobación definitiva del proyecto.

En medio del debate, expertos en salud pública han señalado que cualquier reforma debe priorizar la eficiencia, la transparencia y el acceso universal. La preocupación por el manejo de los recursos no es nueva, pero el volumen de dinero involucrado en esta propuesta ha elevado el nivel de alerta. El futuro del sistema de salud colombiano podría depender de cómo se resuelva este pulso legislativo.