A menos de siete meses de las elecciones parlamentarias, las condiciones de seguridad son cada vez más complicadas. Prueba de ello es lo que está ocurriendo en departamentos como Huila, en donde la semana pasada las disidencias de las Farc intentaron asesinar a un congresista de Cambio Radical.
Lo más complicado es que esa no fue una situación aislada. Este Diario consultó a otros senadores y representantes de esa región, así como a varios candidatos al Legislativo. Unos y otros coincidieron en que se está tornando muy difícil hacer proselitismo, ya que los niveles de riesgo son cada vez más altos. Incluso cada gira por municipios y veredas debe ser informada con antelación a las autoridades con el fin de que se les pueda prestar el apoyo en materia de seguridad en los desplazamientos y reuniones políticas. Sin esa protección, lo mejor es abstenerse de viajar, lo que implica una grave restricción al derecho de elegir y ser elegido.
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Incluso, un exrepresentante a la Cámara, cuyo padre fue asesinado años atrás por las Farc y su madre secuestrada por la misma guerrilla, denunció nuevas amenazas por parte de las disidencias.
Huila no es el único departamento con este clima creciente de intimidación a la actividad electoral. En otras regiones también se reporta que candidatos al Congreso e incluso a la Presidencia de la República no visitan determinados sitios porque el accionar de los grupos armados ilegales constituye un peligro de marca mayor. Incluso se tienen denuncias de algunos municipios, sobre todo del suroccidente y el suroriente del país en donde los grupos residuales de las Farc y el Eln, así como bandas criminales de alto espectro estarían prohibiéndole a la población asistir a reuniones políticas con determinados aspirantes o partidos.
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Como se ve, es una situación muy compleja, sobre todo cuando el país todavía continúa impactado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado en junio en Bogotá y falleció la semana pasada tras más de dos meses en estado crítico.
Aunque el martes los titulares de los entes de control y la Registraduría insistieron en que urge aumentar el blindaje a la contienda proselitista para evitar cualquier riesgo de aplazamiento de los comicios, ello solo es posible si el Gobierno redobla los operativos de seguridad electoral, una tarea prioritaria en la que hay muchos vacíos, excusas e incumplimientos.