Escándalo Ungrd ‘cerca’ a cúpula gubernamental

Image

/Foto Presidencia

CompartirFacebookTwitterWhatsApp

Miércoles, 14 de Mayo de 2025

En un tsunami judicial y político se están convirtiendo los procesos penales en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia alrededor del escándalo de corrupción con los dineros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres utilizados para la compraventa de apoyos al Gobierno en el Congreso.

Tras la autorización de los primeros principios de oportunidad y las condenas a los exdirectivos de la citada entidad, así como las confesiones de la detenida exconsejera presidencial de Regiones, comenzaron a tomarse medidas de fondo contra otros de los principales implicados.

PUBLICIDAD

Es así como en menos de dos semanas ya fueron capturados los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Daniel Calle, en tanto se formuló imputación al exdirector del Departamento de Función Pública, César Manrique. Ayer se anunció similar medida contra el extitular de la Dirección Nacional de Inteligencia y exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. También se ha procedido a formular cargos penales a otros exfuncionarios y contratistas.

Visto el mapa de este complejo proceso judicial es claro que en pocas semanas se estarán definiendo las situaciones jurídicas de varios otros senadores y representantes a la Cámara, así como de algunos ministros y exministros. Todos son indagados por su presunta participación en este entramado de corrupción, sin duda el más grave en lo corrido de este Gobierno y que, como se ve, comienza a ‘cercar’ a las más altas esferas de la Casa de Nariño y el sanedrín presidencial.

Se espera, por otro lado, que la Procuraduría y la Contraloría generales también aceleren sus respectivas pesquisas con miras a establecer las responsabilidades desde el punto de vista disciplinario y fiscal. En estos flancos es urgente acelerar el paso.

Es imperativo también que el Gobierno asuma su cuota de culpabilidad en este escándalo judicial y político, en donde no solo están siendo imputados varios de los más altos exfuncionarios y funcionarios, sino que en el caso de González, por ejemplo, se desconoce su paradero e incluso se rumora que estaría buscando asilo político. La Fiscalía y la propia Cancillería deben estar atentas a esta situación, ya que en modo alguno hay aquí una persecución política, sino un proceso judicial con todas las garantías para los procesados y un acervo probatorio sólido.