ÚLTIMA LEGISLATURA.

Viernes, 12 de Julio de 2025

Realista y pragmático. Así debe ser el marco de acción en la cuarta y última legislatura de este cuatrienio gubernamental, que arranca el próximo 20 de julio. Al estar cruzada por la campaña para los comicios parlamentarios y presidenciales de 2026, la agenda de proyectos de ley y actos legislativos debe priorizarse lo más posible. Resulta por demás ilógico y desgastante apostar por un alud de iniciativas de alto calado cuando es claro que senadores −varios de ellos precandidatos a la Casa de Nariño− y representantes a la Cámara dedicarán gran parte de su tiempo a labores proselitistas.

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En esa priorización uno de los grandes retos, sino el principal, será el trámite del proyecto de ley de Competencias Fiscales, requisito obligatorio para la aplicación de la ya aprobada reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el esquema que define cuántos recursos de los ingresos corrientes de la Nación se traslada a los departamentos y municipios. Esta norma, como se sabe, establece que a partir de 2027 se pasará gradualmente de un porcentaje promedio del 25% de transferencias presupuestales a 39,5% al término de doce años.

El contenido y alcance de ese proyecto de Competencias Fiscales se trabajó a lo largo del primer semestre por instancias gubernamentales, parlamentarias, así como de gobernaciones y alcaldías, entre otras. Sin embargo, faltando una semana para arrancar la cuarta legislatura todavía no se conoce el articulado y persiste la incertidumbre sobre el cronograma en que los departamentos y municipios empezarán a recibir mayor presupuesto para hacerse cargo de los gastos en educación, salud, infraestructura, servicios públicos y otros rubros hoy en cabeza de la administración nacional central. Este es un tema clave para la descentralización en un “país de regiones”.

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Otro de los retos legislativos será el trámite del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026. Tras el alud de críticas al anteproyecto que presentó el Gobierno meses atrás, se espera que el Ministerio de Hacienda radique una carta de gastos de funcionamiento, inversión y servicio a la deuda realista y viable. No puede volver a incurrir el Ejecutivo en el error del año pasado, cuando presentó una iniciativa con un faltante de doce billones de pesos, llevando a que, por primera vez en la historia, el proyecto presupuesto no fuera aprobado por el Congreso, forzando a que la Casa de Nariño tuviera que decretarlo. En medio de la aguda crisis en las finanzas públicas (este año el déficit llegará a 7,1%) y por más que se haya tomado la peligrosa decisión de saltarse la regla fiscal por tres años, la administración de izquierda debe apretarse de forma drástica el cinturón, más aún cuando el mismo Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que para cumplir el no menos gravoso déficit del 6,2% el año entrante, se requiere un recorte de 33 billones de pesos.

Y hablando de pragmatismo político, no puede el Gobierno repetir el mismo yerro del año pasado, cuando ató el proyecto de presupuesto general a una propuesta de reforma tributaria que también se hundió en el Congreso por regresiva e inoportuna. Por lo mismo preocupa que el Ministerio de Hacienda insista en que radicará otra iniciativa impositiva, esta vez por 19 billones de pesos, pese a que la mayoría de las bancadas ya advirtió que no aprobarán una nueva alza de impuestos, pues golpearía aún más a un debilitado aparato productivo. Además, la realpolitik señala que en un año electoral no hay Parlamento que dé vía libre a una propuesta de estas características. La Casa de Nariño, entonces, solo tiene una salida: disminuir el gasto público inoficioso, especialmente el billonario festín burocrático y contractual, gran parte de este con tufillo electoral.

Tampoco es procedente que el Ejecutivo anuncie para esta cuarta legislatura proyectos que no generan consensos y sí profundizan la polarización política. Un nuevo marco regulatorio para el sector energético o la reformulación de la accidentada e improductiva legislación de “paz total” −que incluirá una inquietante propuesta de flexibilidad penal para criminales sometidos−, son claramente reformas tardías que difícilmente avanzarán en un Congreso en donde ambas políticas oficiales son muy cuestionadas.

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Por el contrario, el Gobierno debería concentrarse, por ejemplo, en concretar acuerdos multipartidistas para desentrabar el proyecto de reforma a la salud o el reglamentario de la Jurisdicción Agraria y Rural. Ambas iniciativas generan muchas reservas.

Aparte de todo lo anterior, en este cuarto y último periodo legislativo es imperativo que no se repitan los polémicos intentos gubernamentales dirigidos a lesionar la autonomía del Congreso. Ya se constató que, pese a insultos, bravuconadas y atropelladas propuestas de consultas populares de origen presidencial, tanto el Parlamento como las Altas Cortes hicieron prevalecer el orden constitucional y legal. La labor del Senado fue particularmente sólida en esta defensa férrea de la separación de poderes y los contrapesos institucionales.

Como se ve, la última legislatura del gobierno Petro tendrá retos de alto calado. En un escenario nacional polarizado y cruzado, además, por graves crisis políticas, económicas, sociales y de inseguridad, entre muchas otras, urge un Congreso concentrado y aplicado. Más aún con una campaña electoral de por medio que, incluso, ya sufrió un primer embate violento que tiene a un senador y precandidato presidencial entre la vida y la muerte. Hay que enfocarse en lo importante y viable. Eso es lo que reclama el país.