Título: Cada dos días un menor es reclutado en Colombia, revela informe de la Defensoría del Pueblo

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

En el marco del Día Internacional de las Manos Rojas, celebrado el pasado jueves, la Defensoría del Pueblo presentó un informe alarmante que revela que cada dos días un menor de edad es reclutado en Colombia. El informe, elaborado con motivo de la conmemoración de la firma del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, destaca que en el año 2024 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. La mayoría de estos casos fueron atribuidos a organizaciones criminales al margen del Estado, que aprovechan la vulnerabilidad de comunidades específicas, como las indígenas, para incorporar a menores en actividades relacionadas con el conflicto armado. El reporte subraya que este fenómeno no solo viola derechos fundamentales, sino que también refleja una creciente escalada en la utilización de menores como instrumentos de delito.

Según el documento, los grupos ilegales utilizan diversas tácticas para reclutar a los menores, incluyendo la promesa de protección, dinero o estatus dentro de la organización. Muchos de estos jóvenes son atraídos por la percepción de poder o seguridad que ofrecen las estructuras criminales, especialmente en zonas donde el Estado ha dejado brechas en la protección social y educativa. La vulnerabilidad estructural de comunidades indígenas, campesinas y urbanas marginadas se convierte en un terreno fértil para la manipulación y el reclutamiento. Además, el informe señala que muchos menores son utilizados como mensajeros, combatientes, o incluso como testigos de crímenes, lo que los expone a situaciones de alto riesgo y trauma psicológico.

El reclutamiento forzado de menores en Colombia no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y crecimiento en los últimos años han generado preocupación entre las instituciones de derechos humanos. Aunque el país ha avanzado en la desmovilización de grupos armados, la presencia de estructuras criminales que operan en zonas de conflicto ha mantenido viva la práctica. La Defensoría del Pueblo ha llamado a las autoridades a reforzar las políticas de prevención y protección, así como a fortalecer la cooperación entre entidades estatales y organizaciones comunitarias. También exige una mayor vigilancia en zonas de alto riesgo y la implementación de programas de reintegración para los menores que han sido liberados de estas organizaciones.

En este contexto, la protección de los derechos de los niños y niñas se convierte en una prioridad urgente. El informe destaca que, a pesar de los avances en legislación y políticas públicas, la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y protección social sigue siendo un factor clave en la vulnerabilidad de estos jóvenes. Además, la desinformación y la desconfianza hacia las instituciones estatales en zonas rurales o conflictivas dificultan la intervención efectiva. La Defensoría del Pueblo insta a los gobiernos nacional y territorial a adoptar medidas concretas, como la creación de centros de atención especializada para menores en riesgo y la implementación de campañas de concienciación en comunidades afectadas.

La situación en Colombia refleja un desafío complejo que requiere una respuesta integral y sostenida. La violación sistemática de los derechos de los menores no solo afecta a las víctimas individuales, sino que también impacta en el tejido social y en la estabilidad del país. La Defensoría del Pueblo ha reiterado que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección de todos los niños, especialmente en contextos de conflicto. Sin embargo, la colaboración entre el gobierno, las comunidades y la sociedad civil es fundamental para revertir esta tendencia. Solo con una acción conjunta se podrá garantizar que los menores de edad no sigan siendo utilizados como herramientas del crimen.

English versión

Title: Every Two Days a Minor is Recruited in Colombia, Reveals Ombudsman’s Report

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional Card 0222 issued by the Ministry of National Education

On the occasion of the International Day of Red Hands, celebrated last Thursday, the Ombudsman’s Office released a alarming report revealing that every two days a minor is recruited in Colombia. The report, prepared to mark the signing of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, which prohibits the use of children in armed conflicts, disclosed that 257 cases of forced recruitment of children, girls, and adolescents were recorded in 2024. The majority of these cases were attributed to criminal organizations outside the law, which exploit the vulnerability of specific populations, particularly indigenous communities, to involve minors in armed conflict. The report emphasizes that this phenomenon not only violates fundamental rights but also reflects a growing escalation in the use of minors as instruments of crime.

According to the document, illegal groups employ various tactics to recruit minors, including promises of protection, money, or status within the organization. Many of these young people are drawn by the perception of power or security offered by criminal structures, especially in areas where the state has left gaps in social and educational protection. The structural vulnerability of indigenous, rural, and urban marginalized communities becomes fertile ground for manipulation and recruitment. Furthermore, the report notes that many minors are used as messengers, combatants, or even as witnesses to crimes, exposing them to high-risk situations and psychological trauma.

The forced recruitment of minors in Colombia is not a new phenomenon, but its persistence and growth in recent years have raised concerns among human rights institutions. Although the country has made progress in the demobilization of armed groups, the presence of criminal structures operating in conflict zones has kept the practice alive. The Ombudsman’s Office has called on authorities to strengthen prevention and protection policies, as well as to enhance cooperation between state agencies and community organizations. It also demands greater surveillance in high-risk areas and the implementation of programs for the reintegration of minors who have been released from these organizations.

In this context, the protection of children’s rights has become an urgent priority. The report highlights that, despite advances in legislation and public policies, lack of access to basic services such as education, health, and social protection remains a key factor in the vulnerability of these youth. Additionally, misinformation and distrust toward state institutions in rural or conflict-affected areas hinder effective intervention. The Ombudsman’s Office urges national and local governments to adopt concrete measures, such as creating specialized care centers for at-risk minors and implementing awareness campaigns in affected communities.

The situation in Colombia reflects a complex challenge that requires a comprehensive and sustained response. The systematic violation of children’s rights not only affects individual victims but also impacts social fabric and national stability. The Ombudsman’s Office has reiterated that the State bears responsibility for ensuring the protection of all children, especially in conflict zones. However, collaboration between the government, communities, and civil society is essential to reverse this trend. Only through joint action can it be guaranteed that minors will no longer be used as tools of crime.