Salario Mínimo: Decreto Presidencial Rompe Concertación Laboral

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Presidente Petro le pidió a Sarabia que quite los requisitos de idiomas  para ser embajador: “el español es idioma oficial de la Unión Europea”

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional


El Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego decretó un aumento del salario mínimo del 23% sin consenso con los gremios empresariales ni las centrales de trabajadores, rompiendo unilateralmente el proceso de concertación que venía desarrollándose. La decisión, tomada mediante decreto en emergencia económica, sorprendió a los propios representantes de los trabajadores, quienes solicitaban incrementos entre el 14 y 16%, y generó críticas sobre la viabilidad fiscal de la medida en un contexto de restricciones presupuestales para 2026.

Esta medida representa un giro inesperado en la política salarial del gobierno nacional. Los gremios empresariales y las centrales de trabajadores ya se habían retirado de la mesa de negociación ante la falta de garantías y la ausencia de un marco técnico claro. El incremento unilateral del 23% evidencia, según analistas, una decisión populista y antitécnica que carece de fundamentos económicos sólidos para su sostenibilidad.

La contradicción fiscal es evidente: meses atrás, el gobierno nacional argumentaba que para garantizar la sostenibilidad e inversión estatal en 2026 era imperativo que el Congreso aprobara la reforma tributaria con el objetivo de recaudar 16 billones de pesos adicionales. Sin embargo, el decreto presidencial incrementó la masa salarial en más de 4 billones de pesos, elevando el déficit de 16 a más de 20 billones, sin las fuentes de financiamiento previamente anunciadas como necesarias.

Los expertos advierten que este aumento desproporcionado del salario mínimo puede afectar negativamente el crecimiento económico y la viabilidad de empresas pequeñas y medianas. La medida, adoptada sin concertación, genera incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio fiscal y financiar sus compromisos de inversión pública en el corto plazo.

La decisión del Ejecutivo marca un precedente en la ruptura de los mecanismos de diálogo tripartito que históricamente han regulado las relaciones laborales en Colombia. Aunque los trabajadores celebran el incremento nominal, la falta de sostenibilidad técnica y la incoherencia con los anuncios previos del gobierno cuestionan la viabilidad de esta política a mediano plazo.


English Version

Minimum Wage: Presidential Decree Breaks Labor Concertation

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator and Journalist. Professional Card 0222 issued by the Ministry of National Education


President Gustavo Francisco Petro Urrego decreed a 23% minimum wage increase without consensus from business groups or labor unions, unilaterally breaking the concertation process that had been underway. The decision, made through an economic emergency decree, surprised even the workers’ representatives themselves, who had requested increases between 14 and 16%, and generated criticism about the fiscal viability of the measure in a context of budget constraints for 2026.

This measure represents an unexpected shift in the government’s wage policy. Business groups and labor unions had already withdrawn from the negotiating table due to lack of guarantees and the absence of a clear technical framework. The unilateral 23% increase demonstrates, according to analysts, a populist and anti-technical decision that lacks solid economic foundations for its sustainability.

The fiscal contradiction is evident: months earlier, the national government argued that to guarantee state sustainability and investment in 2026, it was imperative that Congress approve the tax reform aimed at collecting an additional 16 billion pesos. However, the presidential decree increased the wage bill by more than 4 billion pesos, raising the deficit from 16 to more than 20 billion, without the funding sources previously announced as necessary.

Experts warn that this disproportionate minimum wage increase could negatively affect economic growth and the viability of small and medium-sized enterprises. The measure, adopted without concertation, creates uncertainty about the government’s ability to maintain fiscal balance and finance its public investment commitments in the short term.

The Executive’s decision sets a precedent in the breakdown of tripartite dialogue mechanisms that have historically regulated labor relations in Colombia. Although workers celebrate the nominal increase, the lack of technical sustainability and the incoherence with the government’s previous announcements question the viability of this policy in the medium term.