Los presuntos delitos cometidos por dos médicos en Baraya 

Jun 12, 2023Diario del Huila Inicio 5 Especiales 5 Los presuntos delitos cometidos por dos médicos en Baraya 

Los hechos ocurrieron en el año 2012 y 2013. El gerente de la ESE ‘Tulia Durán de Borrero’ celebró un contrato con un médico que tenía procesos penales en curso y estaba inhabilitado.  

DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO 

Todo parece indicar que los médicos Roldán Montealegre y Kamal Salem Abubakerl no saldrán bien librados del juicio que le harán, pues una reciente decisión de la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva negó nulitar un proceso donde se les juzga por violar el régimen de inhabilidades al celebrar un contrato. 

Según el relato judicial entre los años 2012 y 2013, cuando el médico Roldán Montealegre fungía como gerente y representante legal de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) ‘Tulia Durán de Borrero’ en el municipio de Baraya (H), tramitó, aprobó y celebró varios contratos con el médico Kamal Salem Abubakerl Al-Twaee, pese a que estaba inhabilitado para celebrar contratos con el Estado. 

El objeto contractual era “la prestación de servicios en forma autónoma e independiente por parte del contratista y a favor de la ESE como médico general coordinador área asistencia”. Sin embargo, lo que no se tuvo en cuenta era que el médico Kamal tenía dos condenan penales ejecutoriadas. 

El proceso 

El pasado 18 de agosto de 2022 el Juzgado Tercero Penal del Circuito negó la petición de nulidad de todo lo actuado, solicitada por los dos galenos desde el inicio de la audiencia preparatoria en el proceso que se les adelanta por estos delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en concurso homogéneo y sucesivo.

El 13 de julio de 2018, la representante de la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra Kamal Salem Abubakerl Al-Twaee. La actuación le correspondió al Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de esta localidad, despacho que realizó la audiencia de formulación de acusación el 20 de septiembre, en la que le formuló cargos por el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, en calidad de interviniente.

Para ese mismo año se unió el proceso con el del médico Roldán Montealegre, a quien la Fiscalía le había abierto en 2017. En 2019 se inició la audiencia preparatoria y se le dio continuidad en 2021. En agosto del año pasado la defensa de Salem pidió que se nulitara todo lo actuado en tanto no se le había brindado las suficientes garantías procesales a su defensa. 

Según el relato judicial, el “fundamento en que persiste la vulneración al derecho de  defensa al haberse obviado la enunciación probatoria a cargo de la bancada de la Defensa, omitiendo enunciar que pruebas se pretendían solicitar posteriormente, situación que fue convalidada por las partes, sin que se dejara constancia de cuáles pruebas realmente pretendía enunciar su antecesor, quedando imposibilitada a solicitar alguna para desvirtuar la teoría del caso de la Fiscalía, lo que en su opinión evidencia lo atinente a la demostración del principio de trascendencia para decretar la nulidad”. Pese a este argumento el despacho le negó la solicitud y ahora fue confirmada por el Tribunal Superior de Neiva. 

“Como se anunció desde el principio la nulidad solicitada por la Defensora Pública no tiene vocación de prosperidad, pues contrario a sus argumentos, una vez verificada la actuación procesal, no se le ha quebrantado su derecho a la defensa técnica, ni material que conlleve a decretar la nulidad de lo actuado, máxime si fue ella misma quien previamente confinó su petición probatoria al testimonio de Kamal Salem Abubakerl Al-Twaee, lo que permite advertir que la abogada tenía pleno conocimiento de que no contaban con otras pruebas para solicitar, aspecto que, acertadamente fue advertido por el Representante de la Fiscalía”, relata el alto tribunal.
Más adelante señala: “Resáltese que, a efectos de garantizar la defensa del precitado  acusado, la Defensa de Kamal Salem Abubakerl Al-Twaee contó con un tiempo prudencial para agotar las labores investigativas, pues entre la fecha de la audiencia de formulación de acusación – 20 de septiembre de 2018 – y el inicio de la audiencia preparatoria – 29 de abril de 2019–, transcurrieron siete meses, sin embargo, pese a que el acusado tenía pleno conocimiento del proceso en su contra y asistió a la primera sesión de audiencia preparatoria, la petición probatoria de sus Defensores se circunscribió “única y exclusivamente” al testimonio del precitado”.

Los delitos de Kamal Salen 

Todo parece indicar que el médico Kamal Salen Abubakerl ha tenido frecuentes problemas con la justicia e incluso con su familia. 

Uno de estos líos judiciales tiene que ver con una sentencia ejecutoriada por el delito de inasistencia alimentaria proferida por el Juzgado 4 Penal Municipal con Funciones de Descongestión de Cali (19 de agosto de 2008). 

La otra decisión penal tiene relación con fraude a resolución judicial proferida por el Juzgado 2 penal del Circuito de Garzón (26 de marzo de 2010). Estas dos decisiones judiciales, además venían acompañadas de una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos del 2 de enero de 2009 al 1 de enero de 2014. 

Pero estos problemas con la justicia no son los únicos que registra Kamal, en el Juzgado 10 Administrativo de Neiva se evidencia una demanda de reparación directa contra el galeno y otras personas más, aparentemente por la muerte de Luis Eduardo Yara Trujillo (falla del servicio), acaecidas en agosto de 2020. 

En el registro de consultas nacionales unificadas, solo en el Huila presenta 17 anotaciones judiciales que obedecen a procesos administrativos, civiles y penales. Entre los mencionados están pleitos con Bancolombia, Coasmedas, entre otros. 

Los escándalos del médico Roldán 

El médico Roldan Montealegre Cárdenas, también ha sido requerido por la justicia por presuntos delitos, e incluso, faltas disciplinarias. 

El año pasado se conoció que Roldán siendo gerente del Centro de Salud San Juan de Dios de El Pital (Huila) fue sancionado con destitución e inhabilitado para ejercer cargos o desempeñar funciones públicas durante 180 meses. Esta decisión de primera instancia obedeció a una denuncia adelantada por el personero de la municipalidad, Santiago Ardila Quintero, sin el cumplimiento de los requisitos legales. 

Una de estas celebraciones la realizó con un galeno que no acreditó su título; y el segundo cargo tenía relación con la vinculación de una auxiliar con documentación falsa. El médico que puede defenderse en una segunda instancia, ha sido objeto de frecuentes denuncias en las gerencias de los municipios de Rivera, La Plata y Baraya.  

En el municipio de Rivera fue designado para ocupar el cargo de gerente el 30 de mayo de 2008 (por cuatro años). Allí fue revelado de su cargo debido a que realizó un paseo por los departamentos de Santander y Boyacá, además de otros lugares de la costa Caribe en 2009. Declararon la vacancia y nombraron otro gerente. Este paseo además de costarle el cargo, le valió una sanción de 11 años. 

Además del polémico viaje, en 2008 a uno meses de llegar al cargo, incrementó los sueldos de todos los empleados sin la autorización de la junta directiva. Lo mismo hizo en el municipio de La Plata cuando asumió el cargo de gerente de la ESE San Sebastián (2009-2012). Allí pretendió, bajo la figura de gastos de representación incrementar sus ingresos salariales. Esto acarreó una investigación fiscal. 

La recta final para las elecciones regionales y locales de octubre está a punto de comenzar. tendrán lugar cuatro hechos importantes dentro del cronograma de campaña. De un lado, vence el término para el registro de los comités de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y de comités independientes promotores del voto en blanco. De igual manera se suspenderá la incorporación de cédulas al censo electoral, pero lo más importante, sin duda, es que inicia el período de un mes para la inscripción de candidatos y listas de aspirantes a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales. Por último, pero no menos trascendental, esa misma fecha empieza a regir la Ley de Garantías Electorales que impone a los titulares de los gobiernos territoriales una serie de restricciones en materia de contratación, movimientos de personal, inauguración de obras y otras medidas que tienen por objeto evitar que desde los despachos oficiales se trate de intervenir en política proselitista.

Como se ve, tras varios meses de movimientos preliminares, bien se puede afirmar que el próximo jueves la contienda para definir el mapa político regional y local comenzará en firme. Desde algunos sectores se ha advertido que el movido escenario político de las últimas semanas, así como el accidentado cierre de la legislatura parlamentaria, los escándalos que han rodeado a la Casa de Nariño, el rifirrafe por el alcance de las reformas pensional, laboral y de salud, así como otras circunstancias coyunturales en materia política, económica, social e institucional, han focalizado la atención de la ciudadanía, quitándole escenario a la campaña electoral. Por lo tanto, se están multiplicando los llamados a que la población, en los departamentos y municipios, se empiece a interesar de forma más activa en conocer quiénes son los aspirantes a gobernarlos, cuáles son sus propuestas y la viabilidad de las mismas.

De igual manera, el inicio de la recta final coincide con un incremento de las alertas por parte de la Procuraduría, la Defensoría y otras entidades no gubernamentales en torno al preocupante clima de inseguridad y violencia que se está registrando en varias zonas del país, en donde se está denunciando que grupos armados ilegales, así como facciones de delincuencia común y organizada, están tratando de interferir en la campaña, ya sea vetando candidatos, con financiación ilícita o ejerciendo presión sobre la ciudadanía, especialmente en áreas rurales.

A ello hay que sumar que instancias como la Misión de Observación Electoral prendieron algunas alertas sobre casos de posible inscripción atípica de cédulas en algunas zonas, lo que podría conllevar el riesgo de trashumancia electoral. Así mismo resulta evidente la explosión de candidatos que planean inscribirse a nombre de grupos significativos de ciudadanos, al punto que según el último informe de la citada Misión, con corte al pasado 26 de mayo, ya van más de 1.311 comités registrados, de los cuales casi el 80 por ciento son para alcaldías. Esto significa, entonces, que frente a los comicios de 2019 ya se está registrando un aumento superior al 15 por ciento en este fenómeno. No deja de llamar la atención que el incremento de los «candidatos por firmas» se de en momentos en que hay 34 partidos políticos que ya cuentan con personería jurídica, superando con creces el número de colectividades que eran reconocidas como tales hace cuatro años por el Consejo Nacional Electoral.Corresponde a los partidos ser los primeros garantes de la asignación de los avales. También está bajo su tutela evitar que sus aspirantes violen la normatividad referida a la financiación de campañas, publicidad política o que incurran en cualquier otro delito contra el sufragio. Si bien es cierto que el proyecto de reforma política que cursaba en el Congreso se hundió tras ser viciado por las mayorías oficialistas y que el recién aprobado proyecto de reforma al Código Electoral no aplicará para los comicios de octubre, existe suficiente legislación para que la organización electoral, la Fiscalía, la Procuraduría y demás entidades que hacen parte del Comité de Garantías Electorales puedan activar planes de contingencia que permitan una puja proselitista y una jornada de urnas con niveles potables de transparencia .