¿Qué es el Legaltech y cómo funciona en Colombia.

La expresión «legaltech» es un anglicismo derivado de la unión de las
expresiones «legal service» y «technology», acuñado en Estados Unidos en
el 2010 y hace referencia al conjunto de herramientas que brindan las
tecnologías informáticas y telecomunicaciones, utilizadas con propósitos
jurídicos o de aplicación del Derecho.
De acuerdo con Carlos Eduardo Saraza Gómez, decano de la Facultad de
Derecho que, además promueve su programa de Derecho Virtual de
Areandina, no existe un consenso en la academia ni en el sector
productivo sobre la definición de esta categoría. «Existen definiciones
más mercantilistas que ubican al legaltech como el uso de la tecnología
para desarrollar soluciones en el mercado jurídico o como la aplicación
de tecnologías emergentes a la comercialización y prestación de
servicios legales que incluyen el uso de algoritmos, blockchain,inteligencia
artificial y big data, entre otros».
Para el caso colombiano, el legaltech es un campo en construcción
posibilidades infinitas y con muchos actores que se han ido sumando
para su implementación en diversos ámbitos como la Asociación
Colombiana de legaltech; organización sin ánimo de lucro orientada a
promover el ecosistema surgido de la interacción entre las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) y el sector jurídico, las
iniciativas gubernamentales como «LegalAPP» del Ministerio de Justicia y
«Pretoria» de la Corte Constitucional.
Para el experto, el Legaltech se ha ido adoptando y adaptando de
manera paulatina. Con la génesis del concepto y su aplicación en

Norteamérica, éste se empezó a importar a través de la academia y
posteriormente, el Estado dio algunos pasos importantes para anclar el
sector de desarrollo tecnológico a las necesidades en materia de Derecho
y Justicia mediante la realización de estudios y la generación de políticas
públicas. “A estas iniciativas gubernamentales se sumó el sector privado
y la sociedad civil organizada, quienes, mediante la constitución de
empresas y organizaciones dedicadas al desarrollo de tecnología para
la justicia, se dieron a la tarea de poner en el radar y en funcionamiento
el concepto de Legaltech”, sostiene el académico Saraza.
Para acceder a esta figura, en Colombia existen más de cien
emprendimientos diferentes en materia de legaltech, además de las
iniciativas del sector público y la academia que se materializan en
empresas de base tecnológica conocidas como startups o spin off.
“Estas iniciativas cuentan con servicios de actualización jurídica,
consulta de expedientes judiciales, notificaciones sobre actuaciones
procesales; estudios jurídicos especializados en tecnologías emergentes,
reparto de procesos judiciales mediante inteligencia artificial y creación
de líneas jurisprudenciales con base en big data y blockchain, con
costos operativos que pueden ser altos para personas y empresas que
no tienen infraestructura, recursos económicos y financieros suficientes
y, en algunos casos, generan el aumento de brechas digitales entre
usuarios del sistema jurídico visto como una unidad, como se vio
reflejada con la implementación en el contexto de pandemia, del
Decreto 806 de 2020 que permite el litigio virtual, lo cual implicó un
avance para la justicia colombiana en varios aspectos, pero también
dejó al descubierto situaciones de segregación profesional por la
carencia de lo que se denomina “alfabetización digital”, afirma el
académico Saraza.

Según el experto, el acceso al legaltech depende en gran medida de los
recursos que se tengan y de las capacidades, destrezas y habilidades
digitales que se desarrollen, lo cual presupone un reto importante para
los abogados actuales y para quienes están en proceso de formación,
puesto que el ritmo de crecimiento y avance tecnológico es continuo, no
da tregua, y tanto los profesionales como los usuarios del Derecho se
verán obligados a intentar seguirlo. En ese sentido, el decano Saraza
recuerda algunos asuntos que se pueden gestionar asuntos con el uso o
implementación del legaltech:

1. Gestión de contratos digitales, contratos “inteligentes” y contratos
   online.
2. Revisión de trámites procesales en diversos órganos
   jurisdiccionales del país, desde juzgados municipales hasta altas
   cortes.
3. Realización de trámites notariales y registrales online.
4. Uso de las TIC para reconstrucción forense, consecución de
   elementos de prueba y análisis probatorio.
5. Realización de audiencias y diligencias mediadas por tecnologías.
6. Trámites de selección de procesos para instancias judiciales como
   la Corte Constitucional.
7. Software especializado para el seguimiento de casos judiciales,
   agendamiento de audiencias y control legal.
8. Actualización jurídica y acceso a literatura especializada.
9. Cursar pregrados y posgrados en Derecho tanto en Colombia
   como en el exterior.
10. Análisis de precedente jurisprudencial y elaboración de líneas
    jurisprudenciales mediante el uso de big data y analítica.