Solo una acción integral que desplegra fortaleza institucional y unidad a la hora de actuar podía hacerle frente a la corrupción que se metió de lleno en la contratación pública destinada a atender los efectos de la pandemia de Covid-19 en Colombia.
En un trabajo sin precedentes, Fiscalía, Procurduría y Contraloría entregaron un primer corte de cuentas de sus labores de vigilancia y control, en las que detectaron presuntas irregularidades por sobrecostos en 53 contratos suscritos por la Nación, gobernaciones y alcaldías del país por más de 136 mil millones de pesos en materia de salud pública, alimentos y públicidad.
Proveedores a la medida de únicas ofertas o constituidos pocos días antes de la celaebración de los contratos, que dejan al descubierto una serie de irregulariddes y desafueros en los que unos y otros incurrieron con total descaro y absoluto perjuicio de miles de familias humildes a las que bebían ofrecer asistencia, principalmente alimentaria, en la actual crisis.
Ante el alcance de la desbonestidad puesta en evidencia, es imperativo rodear el trabajo de los organismos de control para que avancen en la imposición de las sanciones disciplinarias, fiscasles y penales a que haya lugar,.
Cada ciudadano debe sumarse a esta cruzada para denunciar a los sinverguenzas que se hicieron elegir para enriquecerse con los recursos públicos.
Como si se tratara de la misma gestión de esta crisis contra el Covid-19, en la que se demanda cooperación, la lucha contra la corrupción en Colombia requiere unidad, compartir información y conocimiento para buscar soluciones conjuntas contra el virus que está presente desde siempre en el país, y que una vez más en este momento tan crítico revela su rostro más miserable.