Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional
El próximo 20 de julio, cuando el nuevo Congreso de la República de Colombia tome posesión, la ciudadanía y los territorios más vulnerables del país esperan que su agenda legislativa priorice la reactivación, el fortalecimiento y el futuro de los municipios de quinta y sexta categoría, entidades territoriales que representan el 65% del mapa político nacional y que históricamente han sido relegadas en las decisiones de alto nivel. La urgencia es clara: sin una hoja de ruta concreta para estos territorios, el desarrollo equitativo del país seguirá siendo una promesa incumplida.
Estos municipios, dispersos a lo largo y ancho de la geografía colombiana, concentran una parte significativa de la población rural y semiurbana del país. Sin embargo, sus presupuestos son insuficientes para atender necesidades básicas en sectores estratégicos como la educación, la salud, el turismo y el equipamiento de plaza pública. Precisamente en estos espacios es donde se requiere una inversión focalizada que permita no solo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino también crear condiciones para que los productos y servicios locales tengan canales de intercambio hacia el mercado nacional y la exportación.
Colombia es reconocida internacionalmente como un país de oportunidades, con una biodiversidad envidiable, una oferta turística sin explotar en sus regiones y un potencial agroindustrial que aún no ha sido aprovechado en su totalidad. No obstante, ese potencial choca con una realidad estructural: la falta de apoyo institucional y financiero hacia los territorios más pequeños. El nuevo Congreso tiene en sus manos la posibilidad histórica de revertir esta tendencia mediante iniciativas legislativas que garanticen presupuestos específicos y diferenciados para estos municipios.
Uno de los temas más sensibles que el nuevo legislativo deberá abordar con valentía es el de los peajes y las concesiones viales. Los municipios de quinta y sexta categoría son los más perjudicados por un modelo de concesiones que ha beneficiado principalmente a operadores privados, quienes acumulan recursos millonarios mientras las vías secundarias y terciarias que conectan estos territorios permanecen en condiciones deplorables. La red vial de los municipios pequeños sigue deteriorada, sin inversiones reales, lo que frena el comercio, encarece el transporte y aísla a comunidades enteras.
El nuevo Congreso debe agendar, con una propuesta clara y decidida, el desmonte progresivo de las concesiones de peajes que no retribuyen beneficios a los territorios por donde pasan. Es imperativo que los recursos generados por el tránsito vial en estas zonas se traduzcan en inversión directa para la infraestructura local. Colombia no puede seguir permitiendo que los municipios más pequeños subsidien con su movilidad cotidiana las ganancias de privados, mientras sus calles, puentes y caminos veredales se deterioran sin respuesta del Estado. La hora del Congreso de las regiones ha llegado.
English version
Small Municipalities, Big Agenda: The Challenge Awaiting Colombia’s New Congress
On July 20th, when Colombia’s new Congress is sworn into office, citizens and the country’s most vulnerable territories will be watching closely, hoping that the legislative agenda prioritizes the reactivation, strengthening, and future of fifth and sixth category municipalities — administrative entities that make up 65% of the country’s political map and have long been overlooked in high-level decision-making. The urgency is undeniable: without a concrete roadmap for these territories, equitable development in Colombia will remain an unfulfilled promise.
These municipalities, scattered across Colombia’s vast geography, are home to a significant portion of the rural and semi-urban population. Yet their budgets fall far short of meeting basic needs in key sectors such as education, healthcare, tourism, and public space infrastructure. Targeted investment in these areas is essential — not only to improve the quality of life for residents, but also to create conditions for local products and services to access national markets and export channels.
Colombia is widely recognized as a land of opportunity, with extraordinary biodiversity, untapped tourism potential in its regions, and an agroindustrial capacity that remains largely underdeveloped. However, this potential consistently collides with a structural reality: the lack of institutional and financial support for smaller territories. The incoming Congress has a historic opportunity to reverse this trend by passing legislation that guarantees specific, differentiated budgets for these municipalities.
One of the most pressing issues the new legislature must tackle head-on is that of tolls and road concessions. Fifth and sixth category municipalities bear the greatest burden of a concession model that has primarily benefited private operators, who accumulate vast revenues while the secondary and rural roads connecting these communities remain in deplorable condition. The road networks of small municipalities continue to deteriorate, hampering commerce, raising transportation costs, and isolating entire communities.
The new Congress must place on its agenda a clear and firm proposal for the gradual elimination of toll concessions that offer no tangible return to the territories they cross. Revenue generated from road traffic in these areas must be reinvested directly into local infrastructure. Colombia cannot continue allowing its smallest municipalities to subsidize private profits through daily mobility costs, while their streets, bridges, and rural paths crumble without state response. The time for a Congress that truly represents the regions has come.
