El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, señaló que el Gobierno del Presidente Iván Duque realiza una ejecución ordenada, seria y visible en la implementación del Acuerdo y no se ha detenido – pese a la pandemia – en la atención a las víctimas, los excombatientes, los campesinos de sustitución de cultivos y otras poblaciones vulnerables en el territorio nacional, especialmente de aquellas que habitan los municipios más afectados por la violencia y la pobreza.

Archila se refirió así a las consideraciones contenidas en el informe trimestral entregado recientemente por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, y resaltó que allí se consignan numerosos aspectos positivos del trabajo que está desarrollando la administración Duque, en un periodo complejo para toda la sociedad.

“El informe destaca la alta capacidad que ha tendido el gobierno Duque para enfrentar la pandemia en cuanto al manejo gradual de regreso a la normalidad. No es cierto que los programas se hayan visto afectados; de hecho hemos continuado trabajando, pese a las dificultades, con férrea convicción y compromiso para sacar adelante nuestra política de Paz con Legalidad, que es la manera como este Gobierno implementa el Acuerdo”, mencionó el Consejero Archila.

Agregó que “con la política de Paz con Legalidad estamos produciendo los resultados que el país necesita, puntualmente con la protección especial a víctimas en tiempos del covid-19, la atención a cerca de 13 mil excombatientes de las Farc que dejaron las armas y hoy se están vinculando con sus familias a la sociedad, los pagos y suministros de insumos para cerca de 100 mil familias, unas 400 mil personas que abandonaron los cultivos de la coca, y el continuo fortalecimiento de la planeación de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza”.

En síntesis, explicó, que “estamos dando un impulso significativo para reactivar las zonas más vulnerables, para llegar con el desarrollo rural integral de manera oportuna y eficaz, tema que debía darse con o sin el Acuerdo de Paz, como lo ha señalado el Presidente Duque”.

Indicó, además, que la administración del Presidente Duque acoge el informe del Secretario General como el apoyo a una gestión seria, visible y transparente y mencionó que el Instituto Kroc, un organismo de seguimiento de la implementación, ha resaltado el esfuerzo colombiano como un trabajo comparable con los procesos de paz más exitosos del mundo.

En el análisis del reporte trimestral de la ONU, Archila resaltó que la política de Paz con Legalidad no ha detenido la implementación durante los meses de la amenaza del covid-19, y recordó que en el anterior informe trimestral del Secretario General, justo al empezar la pandemia, el gobierno recibió una felicitación por mantener su voluntad de cumplir con el Acuerdo, pese a la coyuntura, agravada por la migración venezolana.

“Entonces -recordó– identificamos las poblaciones más vulnerables de cara a la pandemia, particularmente a las víctimas, y pusimos en marcha protocolos para agilizar los pagos, entregar apoyos como mercados y provisiones y garantizar la atención médica. La Unidad de Víctimas fortaleció los mecanismos de atención a desplazamientos y entrega de ayudas humanitarias”.

Señaló que “coordinamos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, operadores locales y el Banco Agrario, el mantenimiento de la entrega de insumos y provisiones, además de los pagos, a las familias en sustitución de cultivos; el programa vincula a 99 mil 97 familias, unos 400 mil colombianos que le dijeron adiós a la esclavitud de los cultivos ilícitos”.

De otro lado, Archila se refirió al apoyo a excombatientes de las Farc. A 30 de junio, el 95% de los excombatientes estaba afiliado al sistema de salud.

“”Creamos protocolos de bioseguridad y distribuimos kits de protección para 3 mil de ellos que están en grandes ciudades. También actuamos para atender a los casi 3 mil excombatientes que están en los Antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (AETCR)”, subrayó.

Una estrategia similar de apoyo se puso en marcha- con el respaldo del Ministerio de Salud- en las zonas donde avanzan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, en 16 subregiones que son el 15% de la población del país, y donde se registra un 5% de contagios por la presencia del covid-19.

De acuerdo con el Consejero, hay un avance ordenado de la implementación, y en el caso de los PDET, se está cumpliendo con las obras requeridas por la comunidad, con metas claras y la plena confianza de que “todo va a salir bien”.

El informe de Naciones Unidas valora la orden del gobierno de fortalecer las medidas de prevención y protección para garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación y reconoce el trabajo y los resultados en materia de investigación y judicialización de los autores materiales e intelectuales en los casos de desaparición, homicidio y tentativa de homicidio de las personas en reincorporación.

En torno a la mención de Guterres sobre el incremento de la actividad criminal de los grupos armados ilegales durante la pandemia para atacar a los excombatientes, el Consejero Archila destacó que se han robustecido las medidas de seguridad en las áreas donde están ubicados los AETCR con tropas del Ejército y miembros de la Policía Nacional.

El Consejero se refirió igualmente a las acciones criminales contra los reincorporados y afirmó que el flagelo del narcotráfico está detrás de la mayoría de hechos criminales, y por eso el gobierno reafirma su voluntad de protegerlos. Desde la Consejería que yo lidero, coordinamos con todas las entidades como los Ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía, entidades de inteligencia, Ejército y Policía.

Según la Fiscalía, el 75% de excombatientes han sido víctima de las disidencias, el Eln, el ‘Clan del Golfo’ y otras organizaciones criminales ligadas al narcotráfico”, sostuvo.

Aclaró que “ninguno de los homicidios contra antiguos militantes de las farc ha sido cometido por su condición de excombatiente.”

”Hay un compromiso real del Estado para su protección. Hay una incidencia efectiva en esa línea. En Colombia, hay un agente de policía por cada 500 habitantes, y un agente de policía por cada 10 excombatientes. De 195 casos de homicidio, hay 105 procesos avanzados y condenas efectivas. Existe una política de cero tolerancia frente a actuaciones irregulares de agentes del Estado, y así lo hemos reiterado en diversos escenarios, como lo hicimos recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.

La implementación de la Paz con legalidad avanza sin interrupciones y de manera unánime. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha puesto el caso colombiano de ejemplo para el mundo, como se mencionó en un principio.

El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), ha aprobado 57 proyectos que vinculan a 2.712 personas (1.935 Hombres y 777 Mujeres) en proceso de reincorporación por valor de $30. 570 millones. De estos, 48 han sido desembolsados vinculando a 2.246 personas (1.609 Hombres y 637 Mujeres) por valor total de $24.579 millones de pesos, de los cuales $17.968 millones corresponden al apoyo del Presupuesto General de la Nación.

Asimismo, se han aprobado 1.387 proyectos individuales, beneficiando a 1.630 personas (1.276 Hombres y 354 Mujeres) por un valor de $13.014 millones de pesos; de estos, se han desembolsado 1.379 proyectos que benefician a 1.622 personas (1.269 Hombres y 353 Mujeres) por un valor de $12.950 millones.

De otra parte, en lo que concierne a la atención que han recibido las personas que se encuentran fuera de los antiguos ETCR en el marco de la pandemia, es oportuno enfatizar al Secretario General que el acceso y reconocimiento de los beneficios socio económicos dirigidos a los exintegrantes de las Farc, se reconocen indistintamente de su ubicaciónn geográfica dentro del territorio nacional.

Pese a las dificultades ocasionadas por la pandemia, los PDET avanzan cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para la ejecución y entrega de las obras. El Gobierno Duque entregó la obra PDET 888, un puesto de salud para más de mil familias campesinas indígenas de Siberia, una vereda de Caldono, departamento del Cauca. En las obras PDET se han hecho inversiones por $141.518 millones y ya benefician a las comunidades de 76 municipios, fortaleciendo a 420 organizaciones ejecutoras y generando 5.847 empleos.

Los recursos del OCAD Paz (recursos de regalías) ascienden a $2,3 billones para adelantar 376 proyectos. Así mismo a través del mecanismo de Obras por Impuestos se invierten más de $677 mil millones (recursos sector privado), y a la Agencia de Renovación del Territorio, ART, entregó 157 estructuraciones de proyectos, a alcaldes PDET, listas para buscar fuentes de financiación.

También la ART realizó 12 sesiones virtuales de impulso a los PDET, escenario donde se identifican el avance de las iniciativas de las comunidades. Allí se puede evidenciar el alto compromiso con los Programas, y en total participaron 14 gobernaciones departamentales con sus secretarías,133 alcaldías municipales y sus secretarías, entidades de cooperación internacional dentro de las cuales se destacan las diferentes agencias de Naciones Unidas, y cerca de 46 entidades del gobierno nacional. Paralelo a estas acciones se avanzó en la implementación de la hoja de ruta para 15 subregiones.

Finalmente, y en cuanto a cooperación internacional, la ART viene apoyando a la Consejería para la Estabilización y la Consolidación en el desarrollo de una estrategia de alineación de las inversiones realizadas por diferentes organismos de cooperación internacional con las prioridades y necesidades de los PDET en los 170 municipios. Tal es el caso de los 4 grandes fondos de cooperación que aportan al cumplimiento del Acuerdo de Paz (Fondo Multidonante de Naciones Unidas, Fondo Colombia Sostenible del BID, Fondo Banco Mundial y Fondo Fiduciario de la Unión Europea).

Respecto del informe ONU, el Consejero dio un mensaje de tranquilidad sobre la disponibilidad y el manejo de los recursos para mantener el ritmo de la política de Paz con Legalidad y la implementación del Acuerdo.

“El Presidente Duque ha sido claro y categórico respecto del manejo de los recursos destinados a la estabilización de los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza y a la implementación del Acuerdo. No hay razón alguna para creer que la pandemia pueda comprometer los recursos previstos para este fin. Las órdenes del Presidente se han cumplido en el propósito de privilegiar la vida, aplicar rigurosamente todos los protocolos de bioseguridad y garantizar la ejecución de las inversiones previstas”, indicó.

Recordó, por último, que “a comienzos de mayo, ante el Senado de la República, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que la amenaza del covid-19 no compromete los recursos para la implementación de la paz, y que el ejecutivo ha acudido a otras fuentes para enfrentar la pandemia. Tenemos el compromiso de la comunidad internacional de mantener ese gran respaldo financiero en diversos frentes”.

Información de la Consejería  Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

(Fin/bco)

Cúcuta, 9 de julio de 2020. Con el desarrollo de 17 proyectos de electrificación rural que llevarán por primera vez energía eléctrica a 3.840 familias de Norte de Santander, el Gobierno Nacional le cumple al Catatumbo.

Las obras, que hacen parte de la iniciativa ‘Catatumbo Sostenible’,  beneficiarán a habitantes de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Esperanza, Ocaña, Sardinata, Teorama y Tibú, contarán con una inversión de $65.769 millones de pesos.

“Avanzamos en la construcción de un Catatumbo Sostenible con obras que transforman vidas. Con la ejecución de diez proyectos que conectarán a la red nacional a 3.558 familias, además de la instalación de paneles solares que llevarán la Nueva Energía del sol a 282 familias más, superamos la meta trazada por el Presidente Iván Duque de facilitar el acceso a 2.400 hogares en 2019”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

Por su parte, el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila dijo que “hemos podido gestionar recursos cercanos al medio billón de pesos y dentro de estos recursos se le destinó buena parte para el cubrimiento de suministro de energía a los 8 municipios PDET en Norte de Santander”.

Los diez proyectos de interconexión eléctrica, financiados con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas FAER, llevarán energía a 846 familias en Sardinata, 631 en Tibú, 626 en Convención, 324 en Ábrego, 277 en Teorama, 261 en El Carmen, 260 en El Tarra, 115 en La Esperanza, 111 en Hacarí y 107 en Ocaña, con una inversión de $60.660 millones de pesos.

Entre tanto, los siete proyectos la instalación de paneles solares, financiados con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas FAZNI, beneficiarán a 133 familias en Tibú, 60 en El Carmen, 33 en El Tarra, 26 en Sardinata, 19 en Ábrego, 6 en Convención y 5 Teorama, con una inversión de $5.109 millones de pesos.

Las obras hacen parte de la iniciativa ‘Catatumbo Sostenible’ de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación de la Paz, para llevar desarrollo rural, social y productivo a ocho municipios de la región, a través del trabajo interinstitucional de las entidades del Gobierno Nacional y las autoridades locales.

La ejecución de estos proyectos está a cargo de CENS Grupo EPM, empresa que actualmente avanza en los procesos de validación de usuarios, permisos ambientales y contratación de las obras, las cuales permitirán llevar energía confiable y segura a estas 3.840 familias, entre 2021 y el segundo trimestre de 2022.

En los 22 meses de Gobierno del Presidente Iván Duque, 33.642 familias colombianas recibieron por primera vez el servicio de energía eléctrica en sus hogares, de las cuales 18.915 se encuentran en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La meta del Gobierno Nacional es llegar a 100.000 usuarios nuevos con recursos públicos, de los cuales al menos 40.000 estarán en municipios priorizados para la estabilización de la paz