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Rechazan iniciativa del Gobierno con beneficios para sometimiento de organizaciones criminales

El proyecto será radicado el próximo 20 de julio, según anunció el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, y contempla beneficios como penas alternativas de entre 5 y 8 años para cabecillas de estructuras del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

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Jueves, 18 de Julio de 2025

Redacción Política

UNA NUEVA polémica produjo el Gobierno al conocerse ayer algunos aspectos de un proyecto de ley que establece el marco para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, que beneficiaría a capos y cabecillas de estos grupos con bajas penas o incluso podrían obtener la libertad si han pagado algunos años en prisión, a cambio de desmantelar estas estructuras y cesar su actividad delincuencial. Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coinciden en que esto no lleva a ningún avance en la llamada política de paz total y, por el contrario, genera impunidad.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció el pasado primero de julio la presentación el próximo 20 de julio, del estatuto que desarrollará integralmente la Política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Explicó que este instrumento contemplará dos pilares: un marco para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y otro para facilitar la desmovilización de grupos insurgentes bajo criterios de justicia, verdad y reparación.

Montealegre fue enfático: “No habrá impunidad para ningún grupo. Este no será un proceso de perdón ciego, sino de equilibrio entre la paz y la justicia. Se buscará armonizar el derecho de las víctimas con el derecho colectivo a vivir en un país sin violencia”.

El Tiempo conoció algunos aspectos principales de este proyecto en lo que tiene que ver con el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. Contemplaría que los cabecillas que hayan cumplido entre cinco y ocho años de prisión por delitos anteriores a la expedición de la pretendida ley podrían acceder a la libertad condicional.

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En tanto que los cabecillas que no están en la cárcel y que se sometan a la pretendida ley, pagarían entre cinco y ocho años, con la posibilidad de que sean recluidos en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de armonización, sin importar la gravedad del delito.

El proyecto establecería que las personas que se sometan no podrían ser extraditadas “para proteger los derechos de las víctimas”. También que, de la entrega de bienes por parte de las organizaciones delincuenciales, un 15% sería para el sostenimiento de proyectos colectivos de los exintegrantes de estas organizaciones; un 65% para la reparación de víctimas y el 20% para proyectos sociales del Estado.

La iniciativa podría beneficiar a cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, jefe del Clan del Golfo, y los ocho jefes de las organizaciones criminales que operan en el Valle de Aburrá, que el presidente Petro los subió a la tarima en un reciente acto público en La Alpujarra, en Medellín.

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‘Clan del Golfo’ anunció disposición para proceso de paz

¿Qué dicen de la iniciativa?

El exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar, dijo que “eso se esperaba porque el presidente en su Política de Paz Total y, al parecer, por compromisos desde su campaña, pues tiene la intención de llegar a acuerdos con los grupos delincuenciales, no solo de criterio político sino de delitos comunes, organizaciones criminales”.

El jurista advirtió que esta iniciativa crea una asimetría en el sistema penal porque grandes delincuentes, “sindicados y condenados por grandes delitos, van a salir libres y, en cambio, delincuentes menores van a pagar unas penas mucho más altas”.

Dijo que esto genera una desigualdad. “Pero crea otra peor porque los generales al parecer van a ser condenados por la JEP, y como no aceptaron les van a poner unas peras inmensas. Mientras los generales se van a ir para la cárcel, los delincuentes comunes se van a ir para la casa. Para mí es un proyecto bastante discutible desde el punto de vista de su conveniencia. No consulta ninguna política criminal, no ha sido sometido al estudio del Consejo de Política Criminal, no sabemos en qué estudios se fundamenta”.