Aparte de una intervención militar como tal, Estados Unidos ha jugado en los últimos 10 días las cartas más agresivas que tenía guardadas bajo la manga para presionar la salida del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

(Lea también: Maduro pide a presidentes del mundo apoyo por ‘persecución’ de EE. UU.)

Aunque todas han sido contundentes, y al parecer coordinadas, la última fue un verdadero bombazo. En plena rueda de prensa sobre la crisis del coronavirus, el presidente Donald Trump se subió al podio para anunciar el envío de barcos de guerra de la armada (destructores), aviones de inteligencia y fuerzas especiales (‘navy seals’) a la frontera marítima con Venezuela como parte de una estrategia antinarcóticos que pretende frenar el flujo de drogas que sale de este país y controlar las rutas que utilizan los traficantes a través del Océano Atlántico.

Se trata del despliegue militar más grande que realiza EE. UU. en esta zona desde que lanzó la invasión de Panamá en diciembre de 1989. Según el secretario de Defensa, Mark Esper, el operativo duplicaría el tamaño de la fuerza que su país tenía dedicadas a esta región del Hemisferio Occidental y contaría con el activo respaldo de otros 22 países.

El secretario de Defensa de EE. UU., Mark Esper (d.), explicó junto a Trump la estrategia contra Maduro.

“Mientras los gobiernos y las naciones se concentran en el coronavirus, hay una creciente amenaza de que los carteles, los criminales, los terroristas y otros actores malignos van a tratar de explotar la situación para su beneficio”, dijo el presidente Trump al anunciar la iniciativa.

(Lea también:  Maduro dice que desde EE. UU. y Colombia ‘se conspira’ en su contra).

Si bien la operación fue enmarcada en el contexto de lucha contra las drogas, la mayoría de analistas consultados por este diario coinciden en que es también un claro mensaje para Maduro y los militares en ese país.

Especialmente porque se presenta una semana después de que la justicia estadounidense reveló procesos de narcotráfico contra el líder venezolano y otras 14 personas de su entorno, a quienes acusa de permitir el tránsito de más de 250 toneladas métricas de cocaína cuyo destino final son las calles de EE. UU. Y para sumarle, el ofrecimiento de una recompensa de 15 millones de dólares por su captura y otros 10 millones por Diosdado Cabellos y otros.

Lo anterior fue complementado con un plan de 14 puntos que presentó el Departamento de Estado y que prevé un proceso de transición a la democracia en el que tanto Maduro como el presidente interino, Juan Guaidó, darían un paso al costado y entregarían el poder a un Consejo de Estado compuesto por representantes del chavismo y la oposición, que debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales antes de 12 meses a cambio de un levantamiento total de las sanciones.

Ese conjunto de medidas –enjuiciamiento, recompensas, despliegue militar en el Caribe y plan de transición– llevaba varios “meses” cocinándose y hace parte de una estrategia que había sido bautizada como ‘Marzo (el mes de) máxima presión’ o ‘Maximum pressure March’, según le dijo a EL TIEMPO un funcionario de la administración Trump.

(Le puede interesar: ‘La solución ideal es que Maduro se vaya a un país amigo’: Guaidó).

La ideas, según este, es acorralar a Maduro por todos los frentes y provocar fisuras en el estamento militar que lo respalda. Y que eso conduzca bien sea a que el presidente acepte el plan de EE. UU. (que Guaidó respalda) o a que los castrenses lo abandonen y caiga el régimen como tal.

Aunque marzo fue el mes al que le apuntaron la mayoría de los misiles, la administración Trump ya venía apretando al régimen desde comienzos de este año. Primero con la visita triunfal que le ofreció Trump a Guaidó en Washington y que incluyó su presencia en el Discurso sobre el Estado de la Unión, en el que el mandatario de EE. UU. volvió a catalogar la salida de Maduro como una prioridad de su gobierno, y luego una cita en la Casa Blanca.

A eso se añadieron las sanciones contra Rosneft Trading y TNK, dos subsidiarias de la petrolera rusa Rosneft y que volvieron casi imposible la comercialización del petróleo venezolano.

Por supuesto, también habría que sumar el conjunto de sanciones que viene aplicando la administración republicana desde el 2017 con las que ha castigado a más de 100 personas del círculo de Maduro, 49 barcos petroleros, 18 compañías venezolanas, 60 extranjeras y 56 aviones (41 de Conviasa y 15 de PDVSA).

Sanciones que en su conjunto, según el régimen de Maduro, le han costado al país más de 130.000 millones de dólares.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Aunque Trump siempre ha insistido en que todas las opciones están sobre la mesa, y el encausamiento de Maduro seguido por el envío de barcos de guerra al Caribe para realizar operaciones antinarcóticos tienen a muchos preguntándose si esto –como en el caso del general Manuel Antonio Noriega en Panamá– es la ante sala de una operación militar de gran calado, las fuentes tanto en la administración como en el estamento republicano insisten en que en EE. UU. no existe apetito para una aventura de esta naturaleza.

Eso piensa, por ejemplo, Roger Noriega, que fue subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de George W. Bush: “Lo que quedó claro con los encausamientos es que ya este no es un tema político sino que ha pasado a ser un tema criminal. Esos cargos nunca van a desaparecer y Maduro debe saberlo. Pero eso no quiere decir que EE. UU va a invadir Venezuela”, sostiene Noriega.

Desde esa perspectiva, la idea –aparte de elevar la presión– tiene dos filos: el primero es dejarles claro a los militares que respaldan al presidente que las opciones de una salida política tanto para ellos como para Maduro se han comenzado a cerrar. Y el segundo es estrangular el narcotráfico que sale de Venezuela para negarle al régimen una fuente de ingreso que, según EE. UU., utiliza para sostenerse.

Un elemento adicional que por supuesto no fue planeado por EE.UU., pero que también está pesando, es la llegada del coronavirus a Venezuela.

Aunque muchos sectores han venido pidiendo que Washington ablande las sanciones para que pueda llegar ayuda a este país, la administración cree que el agravamiento de la crisis de salud generará aún más presión contra el régimen. Y explican que, en todo caso, las sanciones no frenan el ingreso de ayuda humanitaria.

De momento, Maduro ha rechazado el plan de transición ofrecido por EE. UU. Y acusa a Trump de emprenderla contra su país para disimular su pésimo manejo de la pandemia (EE. UU. alcanzaba esta semana casi 300.000 infectados o un tercio de todos los casos a nivel mundial).

Cuál será el resultado de esta ‘nueva’ estrategia de presión máxima, aún está por verse.

Aun así, a la estrategia le han salido muchos críticos, tanto demócratas como republicanos. Eliot Engels, presidente de la Comisión para las Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, cree que las medidas tomadas por separado podrían dar para un buen debate. Pero juntas terminan siendo una contradicción.

“Esencialmente al régimen de Maduro se le está diciendo por un lado que nada que haga podrá ya detener los cargos que se elevaron en su contra, mientas por el otro se le pide que acepte un acuerdo de transición que levantaría otro tipo de sanciones (mas no las primeras)”, afirma el congresista.

El exsubsecretario Noriega piensa algo similar, aunque con una perspectiva diferente.
“Creo que a la administración hay que darle crédito por ver esto como una amenaza seria para la seguridad nacional de este país. Pero no están ejecutando bien la estrategia. Aceptamos que estamos lidiando con criminales y narcotraficantes, pero a su vez ofrecemos un plan para compartir el gobierno con los chavistas. Eso enreda el mensaje. Es una visión de línea dura, pero que se ejecuta por una vía blanda”, sostiene Noriega.

Dos visiones diferentes

Para este, lo más probable es que la incoherencia de la estrategia se deba a que existen dos perspectivas del problema: una, la del Departamento de Estado, que apunta al diálogo y a una salida negociada que incluye al actual régimen; y otra, la de la Casa Blanca, que ve la solución desde una perspectiva más judicial y de lucha contra el crimen organizado.

Dan Restrepo, que se desempeñó como Asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en el gobierno de Barack Obama, también nota las contradicciones.

“Dos patas del plan, los encausamientos y el envío de barcos de la armada, están alineados. Pero la tercera, es decir, el plan de transición, no encaja con las otras dos. ¿Qué incentivo tienen ahora Maduro o su entorno de negociar cuando saben que los procesos ante la justicia de EE. UU. no son negociables”, se pregunta Restrepo.
Y sugiere –sin conocimiento específico de causa– que el plan de transición probablemente se redactó sin saber que los procesos judiciales estaban por ser anunciados.

Restrepo también apunta a otro aspecto que, sostiene, no se puede sacar de la ecuación y tiene que ver con el trasfondo político. Trump afirma, ha guiado su política hacia Venezuela con un ojo puesto en las elecciones de noviembre de este año y la importancia de ganar Florida. A comienzos de este año, la administración comenzó a ser criticada en este estado por haber perdido el interés en Venezuela y de allí su respuesta en lo que va corrido de este año.“Fue una manera de decirles a sus aliados políticos que Venezuela sigue siendo una prioridad”, afirma el exfuncionario.

Algo que podrá corroborarse en el mediano plazo una vez se sepa si el despliegue de tropas a la región es permanente o algo pasajero. Eso, porque los recursos que EE. UU. piensa enviar, especialmente los destructores y los aviones de reconocimiento, tienen “alta demanda” y son necesitados en otros lugares del planeta más importantes desde un punto de vista geoestratégico.

Para Restrepo, el golpe más contundente que ha recibido Maduro por estos días no es precisamente el de los indictments o las operaciones antinarcóticos que se anunciaron frente a sus costas, sino la pelea entre Rusia y Arabia Saudí por la producción de petróleo y la caída de su precio en el mercado internacional. “Si bien la producción y venta ya estaba diezmada, el flujo de caja del régimen –dice Restrepo– depende todavía de la venta del crudo. Una caída del precio en estos momentos sí los pone en estado crítico”.

Puede ser. Pero eso, sumado a las nuevas acciones tomadas por EE. UU., han puesto a Maduro contra la pared. De eso no hay dudas.