Mercenarios colombianos bajo la lupa internacional por crímenes en Sudán.

El conflicto armado en Sudán ha adquirido una dimensión internacional tras la denuncia presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se acusa a exmilitares colombianos de participar en graves violaciones a los derechos humanos. Según el representante permanente de Sudán ante la ONU, estos hombres habrían sido reclutados desde Emiratos Árabes Unidos para unirse a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), con respaldo logístico y financiero de ese país.

Las acusaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales mediante francotiradores y drones, así como el uso de fósforo blanco, un agente químico prohibido por el derecho internacional. También se señala el reclutamiento de menores entre 10 y 12 años para operaciones de combate, lo que agrava aún más el panorama de violencia en la región. Las pruebas entregadas a Naciones Unidas incluyen registros internos que documentan el lanzamiento de más de 1.600 bombas y planes de ataque contra poblaciones civiles.

Más de 300 nombres de exmilitares colombianos figuran en los informes, junto con la mención del coronel retirado Álvaro Quijano, señalado como coordinador del reclutamiento en colaboración con una empresa de seguridad privada con sede en Emiratos Árabes. Esta revelación pone en evidencia el papel creciente de compañías privadas y mercenarios extranjeros en conflictos armados, y podría abrir la puerta a investigaciones por crímenes de lesa humanidad.

La denuncia ha encendido las alarmas en organismos internacionales, que ahora evalúan la posible responsabilidad legal de los países involucrados. De confirmarse los hechos, se trataría de una de las intervenciones extranjeras más delicadas en el conflicto sudanés, que ya ha dejado más de doce millones de desplazados y una crisis humanitaria sin precedentes.

🇺🇸 English:

📰 Colombian Mercenaries Accused of War Crimes in Sudan

Sudan’s civil war has taken on an international dimension following a complaint to the UN Security Council accusing former Colombian soldiers of committing serious human rights violations. According to Sudan’s permanent representative to the UN, these men were allegedly recruited from the United Arab Emirates to join the Rapid Support Forces (RSF), with logistical and financial backing from that nation.

The allegations include extrajudicial executions carried out by snipers and drones, as well as the use of white phosphorus—a chemical agent banned under international law. The recruitment of children aged 10 to 12 for combat operations is also cited, further intensifying the region’s violence. Evidence submitted to the UN includes internal records documenting the launch of over 1,600 bombs and planned attacks on civilian populations.

More than 300 names of Colombian ex-soldiers appear in the reports, along with mention of retired Colonel Álvaro Quijano, accused of coordinating recruitment efforts in partnership with a UAE-based private security firm. These revelations highlight the growing role of private companies and foreign mercenaries in armed conflicts and could trigger investigations into crimes against humanity.

The complaint has raised alarms among international bodies now assessing the potential legal responsibility of the countries involved. If confirmed, this would mark one of the most sensitive foreign interventions in the Sudanese conflict, which has already displaced over twelve million people and sparked an unprecedented humanitarian crisis.