LA ONU CONDENA LAS MEDIDAS DE EE.UU. QUE PARALIZAN LOS ENVIOS DE PETRÓLEO A CUBA.

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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a Estados Unidos a que levante las sanciones que impiden el suministro de petróleo a

Un hombre camina junto a un coche aparcado en una calle oscura.
Una calle de Santa Cruz del Norte, Cuba, este mes durante un apagón programado como parte del racionamiento energético.

13 de febrero de 2026.-

El viernes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a que se levantaran las sanciones estadounidenses que impiden el suministro de petróleo a Cuba y criticó las perturbaciones generalizadas que causan al país caribeño por considerarlas una violación de derechos.

La pérdida de importaciones de petróleo de Cuba desde que Estados Unidos tomó el control de la industria petrolera de Venezuela, su mayor proveedor, ha paralizado una economía que ya estaba en dificultades y que en gran medida depende del petróleo para generar la electricidad que abastece a la isla.

“Estamos muy preocupados por la profundización de la crisis socioeconómica de Cuba, en medio de un embargo financiero y comercial que ha durado décadas, fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas estadounidenses que restringen los envíos de petróleo”, declaró a la prensa Marta Hurtado, portavoz de la oficina de Türk en Ginebra.

Las autoridades estadounidenses no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El mes pasado, tras detener los envíos de petróleo venezolano a Cuba, el presidente Donald Trump aumentó la presión a la isla al declarar una “emergencia nacional” por lo que calificó como una “amenaza inusual y extraordinaria” de Cuba por sus acciones hostiles contra Estados Unidos (Trump no aportó pruebas de sus afirmaciones). Amenazó con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba, una medida que esta semana expertos en derechos humanos de la ONU condenaron como una grave violación del derecho internacional.

La escasez de combustible en Cuba ha mermado el acceso al agua, las condiciones de salubridad y la higiene y ha puesto en peligro el funcionamiento de los hospitales, según dijo Hurtado.

Türk instó a todos los Estados a eliminar cualquier medida que impida el suministro de petróleo a Cuba, debido a su impacto en la población, dijo Hurtado. “Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos”, añadió.

Los comentarios del viernes de la oficina de Türk resaltaron las tensiones entre la ONU y el gobierno de Trump en temas de derechos humanos y derecho internacional, a pesar de los indicios de un deshielo en la relación. Durante una breve visita a Ginebra esta semana, Mike Walz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, dijo que Washington tenía previsto realizar los pagos atrasados a la organización, que se encuentra en una situación de falta de liquidez. Walz no especificó cuándo se efectuarían esos pagos.

Estados Unidos debe unos 2200 millones de dólares en cuotas anuales de 2025 y 2026 a la ONU, lo que representa alrededor del 95 por ciento de sus atrasos pendientes. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido que si Estados Unidos no paga pronto, la organización se quedará sin dinero en julio.

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TLa semana pasada, Estados Unidos firmó un acuerdo con la ONU para desbloquear fondos de ayuda a Sudán, el primero de 17 acuerdos de este tipo para destinar 2000 millones de dólares a crisis humanitarias.

Sin embargo, la política estadounidense dentro y fuera del país ha suscitado críticas de los expertos en derechos humanos de la ONU. Recientemente, Türk ha condenado los ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de traficar con drogas por violar el derecho internacional, y los expertos en derechos humanos de la ONU han dicho que los ataques mortales a ciudadanos estadounidenses en Mineápolis durante operaciones migratorias deberían investigarse como posibles ejecuciones extrajudiciales.

Funcionarios estadounidenses se han resistido a las peticiones de investigaciones independientes sobre los disparos que derivaron en muertes en Mineápolis, y han dicho que los ataques a embarcaciones estaban dentro del uso legítimo de la fuerza contra grupos delictivos transnacionales, aunque el gobierno de Trump no ha ofrecido ninguna prueba que respalde sus afirmaciones.