Investidura: Consejo de Estado admite demanda contra nueve congresistas.

Por: Luis Alberto Figueroa, Comunicador Social Periodista. Tarjeta Profesional 0222 expedida por el Ministerio de Educación Nacional

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El Consejo de Estado admitió formalmente una demanda de pérdida de investidura en contra de nueve congresistas colombianos vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los implicados son Marta Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüí, Juan Loreto Gómez, Liliana Esther Bittar, Juan Pablo Gallo, Juan Mansur, Julián Peinado y Karen Manrique. La demanda fue presentada por el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, quien argumenta que los legisladores incurrieron en presunto tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades.

La muerte política, término coloquial para la pérdida de investidura, representa una de las sanciones más severas en el ordenamiento jurídico colombiano, pues implica la destitución del cargo público y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Este procedimiento constituye un mecanismo de control institucional que busca garantizar la integridad de los representantes ante el Congreso de la República y proteger los principios democráticos.

El proceso ahora entra en una fase crucial ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Según explicó Bustos, tras la admisión formal de la demanda por parte de la Sala Décima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, corresponde al Consejo de Estado continuar con el trámite de evaluación de los argumentos y pruebas presentadas. Este organismo deberá analizar si efectivamente existe sustento legal para proceder con la destitución de los nueve congresistas.

El escándalo de la UNGRD ha generado una crisis institucional sin precedentes en el país, exponiendo presuntas irregularidades en la asignación de recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres. La intervención de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas refleja el papel fundamental de los organismos de control ciudadano en la vigilancia de la administración pública y en la defensa de los intereses colectivos.

Los congresistas implicados enfrentan ahora un proceso judicial que podría resultar en su remoción del Congreso si el Consejo de Estado determina que existen pruebas suficientes de los delitos alegados. La decisión final de esta corporación será determinante no solo para los involucrados, sino también para el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la rama legislativa colombiana.

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English version

Loss of Office: State Council Admits Lawsuit Against Nine Congressmen

By: Luis Alberto Figueroa, Social Communicator Journalist. Professional Card 0222 issued by the Ministry of National Education

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The State Council formally admitted a loss of office lawsuit against nine Colombian congressmen linked to the corruption scandal involving the National Unit for Disaster Risk Management (UNGRD). The implicated legislators are Marta Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüí, Juan Loreto Gómez, Liliana Esther Bittar, Juan Pablo Gallo, Juan Mansur, Julián Peinado, and Karen Manrique. The lawsuit was filed by attorney Pablo Bustos, president of the National Network of Citizen Oversight, who argues that the lawmakers incurred alleged abuse of influence and violated the incompatibility regime.

Political death, the colloquial term for loss of office, represents one of the most severe sanctions in Colombian legal order, as it implies removal from public office and disqualification from exercising public functions. This procedure constitutes an institutional control mechanism designed to ensure the integrity of representatives in Congress and protect democratic principles.

The process now enters a crucial phase before the administrative litigation jurisdiction. According to Bustos, following the formal admission of the lawsuit by the Special Tenth Chamber for Loss of Office Decisions, the State Council must continue with the evaluation phase of the arguments and evidence presented. This body will need to determine whether there is sufficient legal basis to proceed with the removal of the nine congressmen.

The UNGRD scandal has generated an unprecedented institutional crisis in the country, exposing alleged irregularities in the allocation of resources intended for disaster risk management. The involvement of the National Network of Citizen Oversight reflects the fundamental role of civic oversight organizations in monitoring public administration and defending collective interests.

The implicated congressmen now face a judicial process that could result in their removal from Congress if the State Council determines that sufficient evidence exists for the alleged crimes. The final decision of this