GOERNADOR DE RISARALDA SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD REVISAR A PROFUNDIDAD LA LEY 1996 DE 2019

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 La nueva Ley les exige a los departamentos hacer uso de recursos propios para cumplir con nuevas responsabilidades para atender personas con discapacidad, recursos con los que no se cuentan.En la reunión ordinaria también se abordaron temas relacionados con estrategias de servicios de rehabilitación funcional en baja complejidad de atención; Boletín de discapacidad, IPS avaladas por los secretarios de Salud para la realización del Certificado de Discapacidad, y aclaración Resolución 359 del 10 de julio: proceso de selección de los representantes de la sociedad civil ante la CND.Pereira, agosto 25 de 2020.Durante la reunión ordinaria número 56 del Consejo Nacional de Discapacidad que se cumplió hoy en el país, se abordaron temas relacionados con estrategias de servicios de rehabilitación funcional en baja complejidad de atención; boletín de discapacidad IPS avaladas por los secretarios de Salud para la realización del Certificado de Discapacidad; aclaración Resolución 359 del 10 de julio: proceso de selección de los representantes de la sociedad civil ante la CND, y se abordó la nueva ley 1996 de 2019.

Precisamente, este último tema ocupó un lugar importante en la agenda de trabajo, una muestra de ello, es que el Gobernador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo Vargas, como representante de la Federación Nacional de Departamentos ante este ente, expresó su preocupación con relación a la ley 1996 de 2019, que delega en los departamentos más responsabilidades en materia de discapacidad, pero sin apoyo financiero de las mismas.
 
“La preocupación del Gobernador de Risaralda y de los gobernadores, es que esta nueva ley en su reglamentación involucra un nuevo servicio “atención gratuita a las personas con discapacidad para la valoración de apoyos”, y que en conjunto toda la aplicación de dicha ley requiere una nueva asignación de recursos. Lo que significa que las gobernaciones tendrán que contratar un equipo interdisciplinario que preste dicho servicio, lo que implica inversiones con partidas presupuestales propias de los departamentos, que en las actuales circunstancias y con los recursos existentes no se podrían atender”, dijo la secretaria de Desarrollo Social, Elizabeth Diosa.
 
La funcionaria agregó, que se hizo hincapié por parte del mandatario, en que este momento el escenario ideal de debate y revisión es el Consejo Nacional de Discapacidad, y que se hace urgente incidir en su reglamentación.
 
“Con base en lo anteriormente mencionado se solicitó cordialmente de manera prioritaria el apoyo y acompañamiento en la formulación de una propuesta técnica y jurídica por parte de la Federación Nacional de Departamentos para lograr incidir en el Decreto Reglamentario de la Ley 1996 de 2019, para que antes de su implementación se nos permita incidir en su reglamentación con una propuesta asociada a la nueva competencia que se debe asumir por parte de las administraciones departamentales”, indicó la representante de la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Finalmente comentó Elizabeth Diosa, que se dejó claro en el Consejo Nacional la necesidad de un espacio de discusión, no solo de aprobación.
 
“Necesitamos de ese espacio, donde podamos determinar muy bien cómo serán establecidos esos protocolos de atención y adicionalmente las fuentes de financiación, sabiendo muy bien que las gobernaciones en este momento tenemos una disminución de recursos grande y que adquirir un compromiso adicional será muy difícil de cumplir para nosotros en el corto y mediano plazo”, agregó Diosa.
Gobernador solicita al Consejo Nacional de Discapacidad revisar a profundidad la Ley 1996 de 2019
 
 
 
 La nueva Ley les exige a los departamentos hacer uso de recursos propios para cumplir con nuevas responsabilidades para atender personas con discapacidad, recursos con los que no se cuentan.En la reunión ordinaria también se abordaron temas relacionados con estrategias de servicios de rehabilitación funcional en baja complejidad de atención; Boletín de discapacidad, IPS avaladas por los secretarios de Salud para la realización del Certificado de Discapacidad, y aclaración Resolución 359 del 10 de julio: proceso de selección de los representantes de la sociedad civil ante la CND.Pereira, agosto 25 de 2020.Durante la reunión ordinaria número 56 del Consejo Nacional de Discapacidad que se cumplió hoy en el país, se abordaron temas relacionados con estrategias de servicios de rehabilitación funcional en baja complejidad de atención; boletín de discapacidad IPS avaladas por los secretarios de Salud para la realización del Certificado de Discapacidad; aclaración Resolución 359 del 10 de julio: proceso de selección de los representantes de la sociedad civil ante la CND, y se abordó la nueva ley 1996 de 2019.

Precisamente, este último tema ocupó un lugar importante en la agenda de trabajo, una muestra de ello, es que el Gobernador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo Vargas, como representante de la Federación Nacional de Departamentos ante este ente, expresó su preocupación con relación a la ley 1996 de 2019, que delega en los departamentos más responsabilidades en materia de discapacidad, pero sin apoyo financiero de las mismas.
 
“La preocupación del Gobernador de Risaralda y de los gobernadores, es que esta nueva ley en su reglamentación involucra un nuevo servicio “atención gratuita a las personas con discapacidad para la valoración de apoyos”, y que en conjunto toda la aplicación de dicha ley requiere una nueva asignación de recursos. Lo que significa que las gobernaciones tendrán que contratar un equipo interdisciplinario que preste dicho servicio, lo que implica inversiones con partidas presupuestales propias de los departamentos, que en las actuales circunstancias y con los recursos existentes no se podrían atender”, dijo la secretaria de Desarrollo Social, Elizabeth Diosa.
 
La funcionaria agregó, que se hizo hincapié por parte del mandatario, en que este momento el escenario ideal de debate y revisión es el Consejo Nacional de Discapacidad, y que se hace urgente incidir en su reglamentación.
 
“Con base en lo anteriormente mencionado se solicitó cordialmente de manera prioritaria el apoyo y acompañamiento en la formulación de una propuesta técnica y jurídica por parte de la Federación Nacional de Departamentos para lograr incidir en el Decreto Reglamentario de la Ley 1996 de 2019, para que antes de su implementación se nos permita incidir en su reglamentación con una propuesta asociada a la nueva competencia que se debe asumir por parte de las administraciones departamentales”, indicó la representante de la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Finalmente comentó Elizabeth Diosa, que se dejó claro en el Consejo Nacional la necesidad de un espacio de discusión, no solo de aprobación.
 
“Necesitamos de ese espacio, donde podamos determinar muy bien cómo serán establecidos esos protocolos de atención y adicionalmente las fuentes de financiación, sabiendo muy bien que las gobernaciones en este momento tenemos una disminución de recursos grande y que adquirir un compromiso adicional será muy difícil de cumplir para nosotros en el corto y mediano plazo”, agregó Diosa.
Gobernador solicita al Consejo Nacional de Discapacidad revisar a profundidad la Ley 1996 de 2019
 
 
 
 La nueva Ley les exige a los departamentos hacer uso de recursos propios para cumplir con nuevas responsabilidades para atender personas con discapacidad, recursos con los que no se cuentan.En la reunión ordinaria también se abordaron temas relacionados con estrategias de servicios de rehabilitación funcional en baja complejidad de atención; Boletín de discapacidad, IPS avaladas por los secretarios de Salud para la realización del Certificado de Discapacidad, y aclaración Resolución 359 del 10 de julio: proceso de selección de los representantes de la sociedad civil ante la CND.Pereira, agosto 25 de 2020.Durante la reunión ordinaria número 56 del Consejo Nacional de Discapacidad que se cumplió hoy en el país, se abordaron temas relacionados con estrategias de servicios de rehabilitación funcional en baja complejidad de atención; boletín de discapacidad IPS avaladas por los secretarios de Salud para la realización del Certificado de Discapacidad; aclaración Resolución 359 del 10 de julio: proceso de selección de los representantes de la sociedad civil ante la CND, y se abordó la nueva ley 1996 de 2019.

Precisamente, este último tema ocupó un lugar importante en la agenda de trabajo, una muestra de ello, es que el Gobernador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo Vargas, como representante de la Federación Nacional de Departamentos ante este ente, expresó su preocupación con relación a la ley 1996 de 2019, que delega en los departamentos más responsabilidades en materia de discapacidad, pero sin apoyo financiero de las mismas.
 
“La preocupación del Gobernador de Risaralda y de los gobernadores, es que esta nueva ley en su reglamentación involucra un nuevo servicio “atención gratuita a las personas con discapacidad para la valoración de apoyos”, y que en conjunto toda la aplicación de dicha ley requiere una nueva asignación de recursos. Lo que significa que las gobernaciones tendrán que contratar un equipo interdisciplinario que preste dicho servicio, lo que implica inversiones con partidas presupuestales propias de los departamentos, que en las actuales circunstancias y con los recursos existentes no se podrían atender”, dijo la secretaria de Desarrollo Social, Elizabeth Diosa.
 
La funcionaria agregó, que se hizo hincapié por parte del mandatario, en que este momento el escenario ideal de debate y revisión es el Consejo Nacional de Discapacidad, y que se hace urgente incidir en su reglamentación.
 
“Con base en lo anteriormente mencionado se solicitó cordialmente de manera prioritaria el apoyo y acompañamiento en la formulación de una propuesta técnica y jurídica por parte de la Federación Nacional de Departamentos para lograr incidir en el Decreto Reglamentario de la Ley 1996 de 2019, para que antes de su implementación se nos permita incidir en su reglamentación con una propuesta asociada a la nueva competencia que se debe asumir por parte de las administraciones departamentales”, indicó la representante de la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Finalmente comentó Elizabeth Diosa, que se dejó claro en el Consejo Nacional la necesidad de un espacio de discusión, no solo de aprobación.
 
“Necesitamos de ese espacio, donde podamos determinar muy bien cómo serán establecidos esos protocolos de atención y adicionalmente las fuentes de financiación, sabiendo muy bien que las gobernaciones en este momento tenemos una disminución de recursos grande y que adquirir un compromiso adicional será muy difícil de cumplir para nosotros en el corto y mediano plazo”, agregó Diosa.