Gobierno, forzado a descongelar tarifas.

*Oídos sordos a múltiples advertencias

“Lo que mal comienza, mal acaba”. Ese es uno de los refranes más conocidos y esta semana se trajo a colación luego de que el Ministerio de Transporte anunciara que estudia descongelar las tarifas de más de 143 estaciones de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Como se recuerda, en enero pasado, el Gobierno decidió no reajustar las tarifas durante este año, aludiendo que, si estas se incrementaban acorde con la alta inflación de 2022, que cerró en 13,12%, el impacto para el transporte de pasajeros y carga sería muy fuerte, obligando a aumentar el valor de los fletes, pasajes, canasta de insumos del sector y, al final, todo ello aceleraría la asfixiante espiral del costo de vida.

Desde el primer momento no pocos expertos advirtieron que por más loable que fuera la medida, adolecía de un soporte técnico sobre el costo de la congelación de tarifas para el presupuesto público. Aunque se reguló por decreto que los recursos que no se recaudaran serían suplidos con dineros del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, no quedó claro cómo se afectaría la viabilidad del mismo y menos aún, en qué forma se solventarían las millonarias erogaciones a mediano plazo, sobre todo teniendo un déficit fiscal creciente y con una previsible desaceleración económica. Derivar esa responsabilidad en que el Ministerio de Hacienda asignaría los dineros conforme a la disponibilidad presupuestal y lo que señalaría el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector Transporte, fue calificado de gaseoso.