Pereira
En el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de las Violencia Contra las Mujeres, la
secretaria de Desarrollo Social, Teresita Peláez Cruz, en representación de la
Gobernación de Risaralda, suscribió el Pacto Departamental para hacer
frente y prevenir cualquier agresión a las mujeres.
El evento, que se realizó en el Concejo Municipal de Pereira, tuvo como
objetivo unir voluntades para articular acciones en materia de prevención,
protección y atención.
La secretaria de desarrollo Social, Teresita Peláez Cruz, expresó que la
mejor prevención es la acción y por eso, bajo la directriz del Gobernador
Sigifredo Salazar Osorio se trabaja de manera transversal en el
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres que habitan en Risaralda
a través de programas sociales, salud, educación y desarrollo productivo
entre otros.
“Pedimos a todos los risaraldenses asumir como un propósito la no violencia
contra las mujeres”, y recordó que con la aplicación de la Ley 1257 de 2008,
se fortaleció la ruta para que las mujeres agredidas sean atendidas y
protegidas por las autoridades.
La coordinadora de la Red de Mujeres de Risaralda, Rosalba Salazar Uribe,
aseguró que “el compromiso del Estado para trabajar en equipo con la
sociedad civil fortalece el cumplimiento de la Ley 1257 del 2008. Se
determinó que todo aquel que conozca sobre alguna de estas situaciones
está en la obligación de denunciarlo para darle el seguimiento
correspondiente”.
“No tiene que ser la víctima o un familiar, pueden ser los vecinos, amigos o
cualquier ciudadano tenemos la obligación moral y civil de denunciar y
proteger nuestras mujeres que en muchos casos no denuncian por temor a
ser rechazadas, por dependencia económica de su pareja o por
desconocimiento”, explicó la defensora de los derechos de las mujeres
retornadas, Dora Jiménez Gallego.
Así funciona la Ruta de Atención:
El primer paso es pedir protección inmediata para las mujeres agredidas y
para sus hijos ante las Comisarías de Familia, si el agresor hace parte de la
familia; ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional.
Los funcionarios que reciben los casos pueden determinar que las víctimas
sean enviadas a un sitio de refugio desconocido por el agresor.
En la ruta de atención, a las mujeres se les debe garantizar que reciban la
atención médica que necesiten remitiendo a las víctimas a instituciones
prestadoras de salud para que reciban la atención acorde con los protocolos
vigentes para estos casos.
Los profesionales de la salud de las IPS deben solicitar, cuando la víctima lo
requiera, la medida de protección ante la Comisaría de Familia y dar aviso a
la Policía judicial.
Para atender con mayor celeridad los casos de abuso, maltrato a la mujer y
recibir asesoría sobre cómo enfrentar la violencia intrafamiliar la Policía
Nacional tiene habilitada de manera gratuita la línea 155.
Dato de Interés.
En el país existen la Ley ‘Rosa Elvira Celis’ de 2015 que tipificó el feminicidio
como delito y la Ley ‘Natalia Ponce’ de 2016, según la cual los ataques con
ácido constituyen un delito autónomo y no una lesión personal.