ES URGENTE PARA COLOMBIA QUE SE REDUZCA E NÚMERO DE MINISTERIOS.

/Foto Presidenci

Sábado, 13 de Diciembre de 2025.-

Hundido el controvertido proyecto de reforma tributaria, se impone un ajuste drástico al gasto público, sobre todo porque este gobierno disparó la nómina burocrática a índices sin antecedentes. Es imperativo, entonces, abrir una discusión sobre cómo reducir el tamaño del aparato estatal, especialmente en el nivel central.

Dicho debate se torna más urgente porque otro de los temas polémicos en el cierre del primer tramo de esta última legislatura es el pulso sobre el Ministerio de la Igualdad. Como se recuerda, en mayo de 2024 la Corte Constitucional declaró inexequible la ley de 2023 que creó dicha cartera tras comprobar vicios en su trámite y vacíos en el aval fiscal. El Alto Tribunal dio dos años de plazo para aprobar una nueva norma que sustente la entidad o, de lo contrario, esta se liquida.

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Aunque el Gobierno y su bancada impulsan un proyecto para mantener viva dicha cartera, partidos independientes y de oposición consideran urgente eliminar ese ministerio porque, de un lado, resultó un fracaso administrativo, funcional y de ejecución presupuestal y, de otro, porque las políticas de inversión social para combatir la desigualdad no se pueden concentrar en una sola cartera, sino que son transversales a la totalidad del gabinete e instituciones del orden nacional, departamental y municipal. Tampoco hay una línea de distinción entre instituciones que delinean políticas públicas y las responsables de su ejecución.

Pero el análisis debe ir más allá de este caso puntual. Resulta evidente que tener veinte ministerios solo produce una dispersión de recursos, duplicidad de funciones, sobrecarga burocrática y cuellos de botella en la ejecución del Plan de Desarrollo de cualquier gobierno.

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Por lo mismo, sería recomendable suprimir o fusionar carteras ministeriales, así como agencias, institutos, departamentos administrativos, direcciones y otras entidades variopintas del Gobierno nacional central.

Ya en otros países de Suramérica se ha procedido en los últimos años en esta dirección, no solo como mecanismo de austeridad fiscal y eficiencia en el gasto público, disminuyendo el rubro de funcionamiento y fortaleciendo el de inversión, sino para evitar el clientelismo burocrático y la ineficacia estatal, principales caldos de cultivos de la corrupción y el desgreño administrativo.

Los candidatos presidenciales deben sentar posición respecto a un tema tan importante y estructural. La propia OCDE, en la formulación de sus políticas modernas y de buen gobierno, recomienda aparatos estatales pequeños, funcionales y eficaces, y no grandes, burocratizados e ineficientes.